Durante estos días, hemos conocido los resultados de dos encuestas relevantes para la seguridad en nuestro país: la de victimización al comercio y la que da a conocer Paz Ciudadana. La primera se impulsa desde el 2008, y la segunda desde 1998, lo que nos permite, en ambos casos, tener una dimensión temporal importante de lo que ha ocurrido con el temor y la criminalidad a lo largo de los años.
En relación con el comercio, la encuesta dada a conocer destaca el peak histórico que alcanza la tasa de victimización a dicho sector con el 61,8%, siendo que desde el 2008 el promedio era de 50%, es decir, hoy estamos 11 puntos por sobre lo que ha sido la tendencia histórica.
Considerando solo la ciudad de Antofagasta, se tiene que el promedio de victimización que afecta a este rubro en periodo prepandemia era de 38,5% y postpandemia de 56,5%, casi 20 puntos más, tendencia que se presenta de manera más notoria en las ciudades del norte de nuestro país.
Otro tema que llama poderosamente la atención en relación con esta encuesta y nuestra ciudad es la disminución que se registra en el porcentaje de locatarios que se organiza y agrupa vecinalmente para combatir el delito, que pasa de 51% a 44,5%. Asimismo, casi la mitad de los comerciantes encuestados en Antofagasta considera que la violencia con que atacan los delincuentes es mayor que hace un año atrás.
Por su parte, el Índice Paz Ciudadana nos muestra que la victimización país en relación con los delitos contra la propiedad alcanza su mayor nivel (36,6%) desde el año 2020, año en el que se quiebra la tendencia a la baja que venía registrándose desde el año 2014. La revictimización también aumentó y el temor, por otro lado, registró el mayor nivel de toda la serie de tiempo en que se ha aplicado esta encuesta, llegando al 30,5%.
La seguridad ciudadana sigue siendo el principal problema que afecta la calidad de vida de los chilenos y chilenas. En Antofagasta, ello no es una excepción. Hace ya mucho tiempo quienes habitamos esta región vemos con preocupación como este tema se abre espacios en torno a nuevas y más complejas figuras criminales. Han sido variadas las medidas que se han propuesto para hacer frente a ello, desde aumentos de recursos y dotación, hasta inversión en tecnologías, incremento de fiscalización, focalización en la vigilancia preventiva, abordaje del espacio público seguro y capacitación especializada de quienes deben perseguir el delito más sofisticado.
Ya sabemos qué debemos hacer, y que se necesita para hacerlo, lo que se requiere ahora es de liderazgos eficientes que orienten todos esos conocimientos y recursos en pos del logro de resultados que permitan bajar la criminalidad en nuestra zona. La nueva designación del fiscal regional y del nuevo general jefe de zona permiten vislumbrar una ventana de oportunidad interesante para que ello ocurra, considerando los perfiles de ambos actores eminentemente operativos y especializados en persecuciones complejas.
