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jueves, 19 septiembre, 2024
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Direcciones de Control y Administración no visaron último trato directo para el barrido de calles en Antofagasta

Observaron que la elección de la empresa fue “arbitraria” y que el monto del contrato superaba al presentado en el Concejo Municipal.

El alcalde Jonathan Velásquez firmó el decreto para el servicio de limpieza y barrido de calles de Antofagasta pese a que no fue visado por las direcciones de Control y Administración y Finanzas. 

Hay que señalar que el 9 de septiembre la comuna se encontraba bajo plan de contingencia tras el término del anterior contrato, razón por la que el 12 del mismo mes el jefe comunal propuso al Concejo Municipal un trato directo con la empresa Solo Verde S.A por $330 millones mensuales, aunque finalmente no alcanzó quórum. 

Por ello el alcalde tuvo que aprobar en solitario el contrato que comenzó a regir el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2024, sin posibilidad de renovación. 

Ahora bien, según información publicada por El Mercurio de Antofagasta, previamente Solo Verde S.A había presentado una demanda en el Tribunal de Compras Públicas en contra del decreto alcaldicio 1359/2023 del 13 de julio, que adjudicaba el servicio a las empresas Valoriza Servicios Medioambientales S.A y Sacyr Facilities Spa. 

Así, el tribunal ordenó paralizar la adjudicación y el municipio tuvo que iniciar un proceso de requerir cotizaciones a través del portal de Mercado Público, donde se presentaron cinco ofertas. 

De esta manera, el 19 de octubre, la Dirección de Control verificó que la entidad edilicia subió términos de referencia administrativos y técnicos, pero que “no contienen un mecanismo que permitan elegir, en forma objetiva y no arbitraria a fin de respetar la legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebre la administración”.

“Vista, así las cosas, la elección de la empresa a contratar es arbitraria”, agregan, remitiendo sin visar el decreto alcaldicio. 

El 15 de noviembre, en tanto, la Dirección de Administración y Finanzas detectó que el contrato directo sobrepasaba el valor referencial de $300 millones presentado al Concejo Municipal. “Implica pagar $240 millones más de lo establecido, entendiendo que se transgrede el principio de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos y no se ha respetado con ello lo establecido por la propia institución”, dice el informe publicado por el matutino.

“Llama la atención que el informe jurídico no hace mención alguna a la situación anterior, cuando claramente hay un desmedro de los recursos municipales”, añade, señalando a la vez que “se quebrantan las referencias técnicas y administrativas confeccionadas para una igualdad de condiciones para los participantes”.

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