A inicios de diciembre la Unidad de Lavados de Activo (UAF) remitió un informe a la Fiscalía con los movimientos bancarios de Catalina Pérez (suspendida de RD), diputada por Antofagasta y expareja del representante de Democracia Viva, Daniel Andrade.
Según La Tercera, en ese Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) se analizaron los flujos financieros de la parlamentaria entre agosto y septiembre del 2023; aproximadamente un año después de la firma de los convenios entre entidad investigada y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Un total de $167.240.123 corresponden a los pagos de su sueldo mensual y $40.168.393 a otras asignaciones de la misma Cámara, señala el informe. Así también, la UAF obtuvo una muestra equivalente a $98.329.732 de los ítems de transferencias recibidas e identificó más de 160 vinculados transaccionales.
En este último listado figura el seremi de Medio Ambiente de Antofagasta y parte del círculo de hierro de la parlamentaria, Gustavo Riveros Adasme (RD), quien le depositó $15.085.732 a Pérez y además registra un “cargo” a la cuenta de la diputada por $68.793.665.
Otra autoridad local que aparece es el director regional de Sercotec, Kevin Galleguillos (RD), quien le depositó a la parlamentaria un total de $9.045.000.
También tiene un cargo a favor de RD por $14.128.000 y transacciones mutuas con su expareja, de entre $5 y 7 millones. El informe además advierte sobre los traspasos entre Pérez y Andrade posteriores a la firma de los convenios.
“En cuanto a los abonos a la cuenta realizados por la propia reportada y el señor Andrade Schwarze, de forma posterior a la adjudicación por parte de la Fundación Democracia Viva de los $426.000.000 desde el SERVIU Antofagasta, montos que a la fecha se encuentran cuestionados. Cabe señalar que para la primera corresponden a un depósito de un vale vista por $15.206.733, mientras que para el segundo corresponden a 9 transferencias por un total de $3.600.000”, se lee en el documento publicado por el periódico.
En cuanto al origen de los fondos, eso sí, la UAF señala que “ellos provienen principalmente de miembros del partido político de la reportada, y en cuanto a su uso, por las características de los pagos, corresponderían a eventuales pagos de arriendos y asesorías, como también, según los propios comentarios adjuntos en las transferencias, a aportes de campaña”.
