Por el delito consumado de apropiación indebida se querelló el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de la representante legal de la Fundación ProCultura, María Constanza Gómez Cruz.
En su querella, el CDE sostiene que el delito se configura luego de la suscripción de cinco convenios con la Seremi de Vivienda y el Servicio de Vivienda por un total de 511 millones de pesos. Esto en el marco de los programas de Asentamientos Precarios y Recuperación de Barrios.
Se trata de recursos destinados para los proyectos de habitabilidad primaria en los campamentos Moisés, Betzabet, Arca de la Alianza e Israel, además de la implementación de la primera fase de recuperación del barrio Villa Chica, en Antofagasta.
No obstante, expone el CDE, en el transcurso del plazo otorgado para la ejecución de las actividades comprometidas se detectaron incumplimientos de carácter grave y/o reiterados, tanto en el avance físico como en la rendición financiera.
Esto llevó a que el Ministerio de Vivienda pusiera término anticipado a los contratos en virtud de la cláusula novena de los convenios, que dice relación con la facultad de las entidades gubernamentales para ponerles fin unilateralmente en caso de incumplimiento de obligaciones o retardos en la ejecución.
Igualmente permite solicitar la restitución parcial o total de los recursos en un plazo no superior a 30 días corridos. Sin embargo, CDE asegura que “transcurrido el procedimiento de reclamaciones y habiendo sido notificada la Fundación ProCultura, correspondía que la querellada María Constanza Gómez Cruz procediera materialmente al reintegro íntegro e inmediato de los fondos liquidados, lo cual no ocurrió”.
Recordemos que CDE presentó ante el Primer Juzgado de Letras de Antofagasta una medida prejudicial precautoria de retención de fondos en la cuenta corriente de ProCultura, en la que no tenía fondos.
“De todo lo anteriormente expuesto es posible colegir que la Fundación ProCultura, que actúa en Derecho representada por la querellada María Constanza Gómez Cruz, distrajo y se apropió indebidamente la suma total de $511.058.002 de fondos que mantenían un fin público específico estipulado en los propios convenios”, cierra la querella.
Así nomas… Otra perlita para el Estado mientras Chile se vuelve tierra de nadie..