El Consejo de Defensa del Estado presentó este martes ante el Juzgado de Garantía una ampliación de la querella en contra de la concejala de Antofagasta, Paz Fuica (suspendida de RD), por su responsabilidad en calidad de autora del delito reiterado de fraude al Fisco, según sostiene en un comunicado.
Esto en el marco del proceso penal seguido contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras Gutiérrez y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade Schwarze, ambos formalizados por el delito de fraude al Fisco, y contra todo aquel que resulte responsable conforme se avance en dicha investigación penal.
El Consejo le imputa a la edil -también exfuncionaria de la Seremi- el ilícito previsto en el artículo 239, inciso primero y tercero del Código Penal, que sanciona al empleado público que en las operaciones en que interviene por razón de su cargo, defraude o consienta que se defraude al Estado, originándole pérdidas o privándole de un lucro legítimo.
En efecto, la acción del CDE sostiene que los elementos mediante los cuales se configura el delito obran en la investigación penal, esto es, su calidad de empleada pública; que haya intervenido en razón de su cargo; que la operación en que intervino poseyera significación patrimonial para el Estado; y que en aquella se provocó un perjuicio al patrimonio fiscal.
“Al suscribir los tres convenios de transferencia de fondos públicos con Democracia Viva, el imputado Carlos Contreras, asistido y concertado con Paz Fuica Contreras, en conjunto con Daniel Andrade, incumplió gravemente sus deberes funcionarios como Seremi MINVU de la región de Antofagasta y, mancomunadamente, defraudaron al Fisco y le provocaron un perjuicio ascendente a $391.768.516”, afirma el CDE. Ello, fundado en los hechos y antecedentes que fueron comunicados por el Ministerio Público a la querellada con motivo de su control de detención y formalización, el 11 y 12 de enero pasados.
Entre los antecedentes que consigna la acción del Consejo se incluyen su calidad de empleados públicos, a quienes asistía el deber de probidad, y que mientras se desempeñaba en el gabinete del exseremi y ejercía como concejala de la Municipalidad de Antofagasta, la querellada recibía honorarios provenientes de un convenio de transferencia de recursos suscrito con la Fundación para la Superación de la Pobreza.
