Desde presuntas irregularidades en la gestión del exvertedero La Chimba hasta «ilegalidades» en los tratos directos. Son 15 los fundamentos de la acusación por abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa en contra del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez. La acción, firmada por los concejales Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama, Ignacio Pozo, Norma Leiva y Karina Leiva, fue presentada ante el Tribunal Electoral Regional (TER) a objeto de que declare el cese de funciones del jefe comunal.
«El Sr. Velásquez Ramírez durante el desempeño de su mandato, ha cometido múltiples y diversas irregularidades e infracciones a la legislación vigente, los que junto con producir escándalos públicos han causado detrimento al patrimonio municipal», reza el documento de más de 100 páginas, en el que los ediles aseguran que todas las actuaciones expuestas son «abiertamente arbitrarias e ilegales».
La acción no solo marca el quiebre definitivo entre el cuerpo de concejales y el mandamás comunal, sino que deja en un complejo escenario a este último edil, en medio de fuertes críticas por su papel en la crisis que desató el caso de Katherine Yoma. El proceso puede durar cerca de un año y el resultado es apelable al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Los 15 fundamentos
- Situación de ilegalidades en la gestión relacionada con el exvertedero La Chimba
El documento reflota episodios respecto a la gestión del exbasural. Por ejemplo, cuando en junio de 2022 Contraloría estableció que el alcalde no cumplió con la presentación de un plan de cierre del exvertedero aprobado por la Seremi de Salud, así como tampoco un plan de remediación. Luego recuerda la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de diciembre de 2022, a propósito de un recurso de protección interpuesta por vecinos de condominios colindantes al exvertedero, la cual determinó que el municipio no realizó las respectivas gestiones de cierre y remediación, entre otros puntos.
2. Ilegalidades en el contexto de los contratos celebrados vía trato directo sobre concesión de servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles
Texto hace referencia los resultados de la auditoría de Contraloría, que data del 29 de diciembre de 2023, respecto a los tratos directos entre la Municipalidad de Antofagasta y la empresa Demarco S.A, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de julio de 2023, citando también la investigación de la Dirección de Control. Así menciona que hubo falta de la debida fundamentación o motivación de los tratos directos y otras falencias de tramitación y ejecución, y faltas en la debida fiscalización y no cobro de multas millonarias.
3. Situación de ilegalidades en las contrataciones vía trato directo representados por la Dirección de Control
Este punto tiene relación con los más de $25 mil millones de contratos vía trato directo que la municipalidad suscribió sin que fueran visados por la Dirección de Control, casi todos por la casual de «urgencia, emergencia o imprevisto». De las 24 contrataciones directas observadas, 21 fueron bajo la administración de Velásquez.
4. Empleo de servicio de abogados del municipio para litigios personales.
El 2 de noviembre de 2022, el actual jefe comunal dio respuesta a una denuncia interpuesta por el concejal Luis Aguilera a través de los abogados de la Dirección Jurídica del municipio. Contraloría estableció que al no tener relación con «el desempeño de labores propias de su cargo», Velásquez no debió ser defendido por el municipio.
5. Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios. Ordena modificar unilateralmente el contrato previamente aprobado por el Concejo Municipal
En el marco del contrato de recolección de residuos domiciliarios el Concejo Municipal aprobó pagar sobre $550 millones para la adquisición de 200 contenedores de 900 a 1.000 litros para disponer en el borde costero. Sin embargo, el alcalde emitió una orden de servicio para adecuar el contrato a la oferta técnica presentada por la empresa, «pasando por alto al organismo colegiado».
6. Alteración de contrato previamente aprobado sin acuerdo del concejo municipal
Este punto tiene que ver con los hechos del numeral anterior. «Este punto no requiere vertir un extenso análisis para concluir que el alcalde -o a quien este mandate- al modificar unilateralmente el contrato aprobado por el Concejo Municipal sin conocimiento y mucho menos consentimiento de éste luego de haber sido aprobado por el mismo órgano colegiado implica un notable abandono de deberes por la vía del incumplimiento imputable, manifiesto e inexcusable del deber de aprobación de Concejo para tramitar esta modificación parcial», señala.
7. Sobre la negligencia en el manejo y gestión de los inmuebles emplazados en las concesiones marítimas bajo administración municipal
Tiene relación con «negligencias» en inmuebles del Balneario Municipal (edificio «Arrecife», respecto a locales funcionando sin contrato de arrendamiento foral, y en El Trocadero, también con cuatro locales sin contrato vigente.
8. Gestión del local comercial que ocupa Mc Donald’s
Según Dirección de Control, el inmueble donde se ubica Mc Donald’s se encontraba sin contrato vigente tras concluir el último convenio aprobado el 16 de agosto de 2021, que regularizaba el periodo enero-diciembre de 2020. De acuerdo al informe de la mencionada dirección, solo hasta octubre de 2022 el municipio habría sufrido un perjuicio aproximado de $200.000.
9. Delegaciones de funciones directivas y de mando
Tiene relación con los mensajes filtrados del grupo de confianza del alcalde Jonathan Velásquez, específicamente sobre mensajes de Rodrigo Silva, los que son interpretado por los concejales como que el grupo fue creado para «decidir» sin incidencia de otros funcionarios que no cuentan con confianza. «Pues bien, se aprecia en variadas conversaciones que el Sr. Silva ejerce en los hechos funciones de mando, supervisión o supervigilancia en las labores municipales, en facultades propias de la primera autoridad», dice el texto.
10. Vulneración grave al principio de probidad por injerencia en favores personales a terceros
También respecto al polémico grupo, los concejales exponen cuando el alcalde «reprende a sus subalternos haberse demorado y haberlo hecho mal», en relación a la autorización de un bien de uso público a un «amigo».
11. Ilegalidades en uso de instalaciones del Estadio Regional Calvo y Bascuñán
Dice relación con la deuda que mantenía o mantiene Deportes Antofagasta por el uso de las instalaciones del Estadio Regional. Menciona que no contaba con contrato desde el año 2016 debido a la falta del decreto alcaldicio. «El recurso que fue interpuesto por el club deportivo fue acogido por la referida Corte, quedando sin efecto el oficio de cobro y abandono del lugar. La Corte razonó que más allá de las faltas de formalidades existía un acuerdo contractual entre las partes por lo que las diferencias debían resolverse por la vía jurisdiccional regular, esto es, una contienda civil en procedimiento ordinario de lato conocimiento, y no como lo estaba haciendo la municipalidad “optando por adoptar medidas coactivas por la vía de autotutela, a través de una comunicación que no se ampara en las competencias otorgadas por la Ley N°18.575”», resume la acción. A septiembre de 2023, la falta de contrato habría provocado un perjuicio de $63 millones.
12. Irregularidades por el Festival de Antofagasta en 2023
El contrato para el Festival de Antofagasta en 2023 fue por $600 millones. Sin embargo, hubo incumplimientos por parte de la productora (guardias sin credenciales, no hubo mínimo de guardias, no se cumplió el aforo, tampoco estuvo la dobla de animadores). Se las aplicó una multa de más de $500 millones que fue rebajada a $100 millones, más prestación de servicios técnicos y arrendamiento de equipos para cuatro eventos en el año.
«Nuevamente vemos que el alcalde ha intervenido directamente en pagos de recursos provenientes de fondos municipales frente a un contrato que fue incumplido. Se permitió rebajar en montos importantes las multas cursadas y renunció ilegalmente al cobro de las mismas pagando de todos modos un saldo “a favor” de la empresa. Permitiendo además que se cursaran estados de pago sin acreditar debidamente el cumplimiento de los servicios contratados».
13. Ilegalidad de no completar la dotación de funcionarios en la planta municipal
El texto señala que: «Nos dicen que de un total de 174 cargos disponibles vacantes para nombramientos mediante concurso público desde finales de 2020, sólo 21 se han proveído mediante decreto alcaldicio de nombramiento. Y de esos cargos desde el comienzo de su administración en julio de 2021 el actual alcalde sólo ha nombrado 12: 9 cargos el 2023 y 3 en lo que va de este 2024. Por lo tanto aún quedan 153 cargos vacantes que NO ha proveído por concurso. De hecho el año 2022 no realizó ninguna designación. Desde que asumió el cargo a mediados de 2021, esperó hasta el 2023 para recién realizar nombramientos vía concursos».
14. No velar por la debida tramitación y terminación de procesos disciplinarios
Informe de la Dirección de Asesoría Jurídica detalla que de los 39 procesos iniciados desde enero de 2021 al 31 de diciembre de esa anualidad existen todavía 15 sumarios e investigaciones sumarias en curso. De los 49 procedimientos iniciados en el año 2022 hay 31 expedientes aún en tramitación. Por su parte, el año 2023 iniciaron 39 procedimientos. De éstos hay 35 que continúan en curso sin terminación.
15. Omisión al no otorgar respuestas a solicitudes de información pública
Con fecha 24 de enero de 2024 el Director General del Consejo para la Transparencia dictó la resolución exenta N° 31 que aprueba la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, adoptados en la sesión ordinaria N° 1.413, de fecha 21 de diciembre de 2023. Esta decisión aplica sanciones directas para don Jonathan Velásquez Ramírez por no haber dado respuesta en su calidad de alcalde a órdenes firmes emitidas por el Consejo y referidas a entrega de información pública del municipio.
