“Señor Carlos Contreras, se le comunica que la fiscalía actualmente lo investiga en su calidad de autor material de cuatro delitos consumados de fraude al fisco”. Así comenzó la audiencia de formalización en la que el Ministerio Público nuevamente requiere como imputado al exseremi de Vivienda de Antofagasta, quien a la causa Democracia Viva (en la que es objeto de pesquisas de otros tres delitos de fraude al fisco) ahora suma una nueva investigación en su contra, esta vez por los convenios que firmó con la fundación TomArte.
El fiscal Cristian Aguilar formalizó ayer al arquitecto quien permanece bajo arresto domiciliario, aunque la audiencia se reanudará hoy a las 8.30 horas para discutir las medidas cautelares que solicitará contra el exmilitante de Revolución Democrática. En la causa también figura como imputada Kelly Betancourt Acosta, representante de la fundación, quien no estuvo presente en el tribunal junto a Contreras.
En su exposición, el persecutor detalló que la fundación TomArte fue constituida el 16 de noviembre del 2021 y que en la época de los hechos pesquisados era representada por Betancourt Acosta. El objeto de la organización, conforme a sus estatutos, “es crear, estimular, promover, coordinar y difundir iniciativas destinadas al fomento del arte y la cultura en territorios populares en sus diferentes manifestaciones, tales como música, danza, teatro, artes plásticas u otras manifestaciones del espíritu, a través de la educación, extensión y enseñanza e investigación, tanto en su parte organizativa como promocional, mediante la co-construcción y la autogestión en base a los valores de la inclusión, diversidad y con perspectiva de género”.
TomArte inició actividades en el Servicio Impuestos Internos (SII) el 15 de septiembre del 2022, cinco días antes de suscribir el primero convenio con Vivienda, con el giro de asociaciones que promueven actividades culturales, actividades de apoyo a la enseñanza, servicios de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos y otras actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. “De modo que no posee el giro de construcción de proyectos de servicio público ni otro que se le parezca o asemeje”, cuestionó el fiscal. Tampoco estaba inscrita en el registro de personas jurídicas receptora de fondos públicos al momento de su invitación, incorporándose a ese registro el 19 de julio del 2022, a cinco días de ser invitada a participar en los convenios.
CUATRO CONVENIOS
Aguilar manifestó que, mientras desempeñaba sus funciones como seremi, Carlos Contreras suscribió y aprobó cuatro convenios de transferencia del Programa de Asentamientos Precarios con TomArte.
El primer convenio fue suscrito el 20 de septiembre del 2022 (150 millones de pesos) y su objeto era la ejecución de obras de habitabilidad primaria para el campamento Sol Saliente. Esto consistía en entregar recursos para implementar y ejecutar una intervención socioterritorial para las familias de asentamientos precarios y así mejorar la habitabilidad. Dentro de las actividades estaba la instalación de luminarias solares, soluciones para enfrentar, controlar, mitigar la amenaza de incendio, soluciones para abordar microbasurales, ejecución de cierros, instalación de contenedores de basura, adquisición de extintores y mejoras de espacios comunitarios, siendo obligatorio ejecutar el kit de red húmeda y el kit estación segura. La transferencia, concretada en una sola cuota, ocurrió el 24 de octubre del 2022.
El siguiente contrato se materializó el 20 de septiembre del 2022 (100 millones de pesos) y el detalle del trabajo es el mismo que el convenio anterior, pero para ejecutarse en el campamento Arian Coni. El 24 de octubre se realizó la transferencia de recursos en una sola cuota. El tercer convenio sucedió el 20 de septiembre del 2022 y disponía de 150 millones de pesos para ejecutar las mismas obras anteriormente descritas en el campamento Juanita Cruchaga. El 24 de octubre se concretó la transferencia.
El cuarto convenio (25 de octubre del 2022), contempló una transferencia de 56 millones de pesos para realizar diagnósticos socioterritoriales, diseños de planes de intervención, ejecución plan campamento preparado e intervenciones tendientes a fortalecer la organización comunitaria, en especial con grupos prioritarios como infancia, migrantes, género, organizaciones por la demanda habitacional, con el fin de que las familias de campamentos superen su situación de vulnerabilidad social y habitacional a través de estudios previos y participación ciudadana que determine las condiciones de los campamentos orientando la estrategia habitacional del campamento y sus familias. Los campamentos para intervenir eran Altamira, Altos del Cerro, Bendiciones de Colores, Dignidad del Desierto, El Cerrito, Flor de la Perla, Baquedano 1, Tocopilla y Cuesta Barriles. El 19 de diciembre se efectuó la transferencia de fondos en una sola cuota.
INTERVENCIÓN DE CONTRERAS
El fiscal señaló que “al suscribir dichos convenios con la fundación TomArte, Carlos Contreras incumplió gravemente sus deberes funcionarios como funcionario del Minvu de Antofagasta y concertado con la imputada Kelly Betancourt defraudaron al fisco y provocaron un perjuicio ascendente a 456 millones de pesos”.
Aguilar explicó que el exseremi tuvo una intervención indebida en el proceso previo a la suscripción de los convenios, ya que de acuerdo con el manual de procedimientos de asignación de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que regula el proceso de inversión de los recursos, el Programa de Asentamientos Precarios no considera la participación del Seremi Minvu en la etapa previa de solicitud de recursos en las propuestas de inversión y menos en la determinación de las entidades receptoras de fondos públicos para la ejecución de las actividades. La ejecución de dichas etapas corresponde al Serivu.
“No obstante, Contreras excediendo sus facultades, en primer término, sin fundamento alguno, instruyó el 12 de julio del 2022 al jefe de departamento de planes y programas del Minvu Antofagasta que contactara a Kelly Betancourt en su calidad de presidente de la fundación TomArte para que se le invitara a ser receptora de fondos públicos, proporcionando sus datos de contacto, celular y correo electrónico. Dicha instrucción fue cumplida a través de un correo electrónico enviado a la imputada Kelly Betancourt con fecha 14 de julio del 2022”, precisó el persecutor.
Contreras intervino en el proceso previo a la suscripción y aprobación de los cuatro convenios y consiguió intencionadamente, dijo el fiscal, incorporar a la fundación TomArte a la nómina de fundaciones que para el año 2022 serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos y posteriormente la asignación de cuatro convenios a la misma.
En palabras del Ministerio Público, el exseremi logró que los tres tratos directos fueran asignados a la fundación TomArte sin que interviniera el Serviu en la selección y sin que se autorizara la reasignación de la transferencia por los proyectos de habitabilidad primaria en favor de los campamentos Juanita Cruchaga y Arian Coni, por la suma de 150 y 100 millones de pesos, respectivamente, que estaban asignados a la Fundación Superación de la Pobreza. En el oficio 1215, del 21 de octubre del 2022, Contreras, quien requirió la reasignación de recursos para la ejecución de diagnósticos socioterritoriales designó como receptor a la fundación TomArte y Democracia Viva.
Con el cuatro trato, el exseremi eligió favorecer a la fundación TomArte, sin que participara el Serviu en la selección. Esto, porque el fiscal indicó que Contreras conocía a la representante de TomArte, Betancourt Acosta, ya que el 2020, ella había participado en la campaña política de Paula Orellana Uribe para su candidatura a gobernadora regional de Antofagasta, como encargada de vinculación comunitaria. Según el relato en la audiencia, Paula Orellana, actual integrante del Core de Antofagasta y militante de Revolución Democrática, pareja del exseremi Carlos Contreras, también militante del mismo partido entre los meses de abril y junio del 2022, contactó por encargo del imputado Contreras a Betancourt Acosta para que ejecutara proyectos en el área de asentamientos precarios, a lo que accedió esta última y contactó directamente al exseremi para manifestar su interés, lo que éste ratificó para a continuación ser formalmente contactada el 14 de junio del 2022 por la Seremi de Vivienda, invitada a participar en el programa de asentamientos precarios. Esta vinculación existente entre Contreras y Betancourt tampoco se hizo presente a las autoridades del Minvu y Serviu.
TOMARTE NO CUMPLÍA LOS REQUISITOS
Durante la formalización Aguilar detalló que TomArte no cumplía con los requisitos que el propio Contreras había exigido para las entidades receptoras de fondos públicos. Entre ellos, las organizaciones debían encontrarse en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, contar con a lo menos seis meses de antigüedad desde su conformación, poseer experiencia en intervenciones comunitarias territoriales incorporando una presentación de su trabajo y una carta de interés que señale su experiencia y los recursos debían ser administrados mediante una cuenta bancaria informada a la Seremi.
“La fundación TomArte fue constituida el 16 de noviembre del año 2021, por lo que a la fecha de la invitación para suscribir los convenios contaba con menos de un año de funcionamiento y no tenía la experiencia necesaria para convertirse en receptora de fondos públicos y desarrollar los proyectos de obras de construcción para habitabilidad primaria, situación que no fue considerada por Contreras, infringiendo gravemente los deberes de su cargo. La invitación a TomArte fue remitida el 14 de junio del 2022, fecha en que la referida persona jurídica ni siquiera había iniciado actividades en el SII, situación que solo se materializó el 15 de septiembre del 2022. La fundación al momento de ser seleccionada mantenía como giro el de asociación que promueve actividades culturales, otros tipos de enseñanza, servicio de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos y otras actividades creativas. De forma que no poseía giro alguno que la habilitara para efectuar las obras de habitabilidad primaria que consideraban los tres primeros convenios. En consecuencia, bastaron cinco días de experiencia para dar por cumplido el requisito de experiencia exigido por la Seremi. En este sentido, el imputado no valoró las circunstancias de que TomArte no cumplía con los requisitos contenidos en la resolución que el mismo dictó, asignando los recursos a una institución que no tenía experiencia necesaria para el otorgamiento de fondos en lo relativo habitabilidad primaria, lo que derivó en la generación de perjuicio fiscal”, expuso Aguilar.
TomArte tampoco incorporó una presentación de su trabajo en intervenciones comunitarias territoriales, no presentó carta de interés ni estaba inscrita en el registro de personas jurídicas receptora de fondos públicos al momento de su invitación. Solo se incorporó al registro el 19 de julio del 2022, esto es a los cinco días de ser invitada para participar en la selección de los convenios.
LA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN PRESTÓ SERVICIOS A HONORARIOS
El fiscal Cristian Aguilar reveló que Betancourt Acosta con evidente ánimo de lucro de parte de los fondos fiscales recibidos se auto contrató para prestar funciones a título de honorario en tres de los convenios de habitabilidad primaria. Para lo cual, el primero de agosto del 2023, se suscribe entre de la fundación cultural TomArte, por medio de Camila Álvarez como representante suplente, un contrato de prestación de servicios profesionales en favor de la imputada para que prestara servicios de coordinadora de proyecto para realizar labores de administración, técnico y social en el Programa Asentamientos Precarios.
En términos contables, el Ministerio Público precisó que la fundación utilizó 104 millones 780 mil pesos de fondos fiscales, de los cuales se declararon en gastos de personal 74 millones 529 mil pesos y en gastos de operación 12 millones 379 mil pesos, lo que corresponda un total de 30 millones 201 mil pesos por el convenio número 528; la suma de 19 millones 853 mil pesos por el convenio 531; otros 14 millones 861 mil pesos por el convenio 533 y 9 millones 612 mil pesos por el convenio 640. Estas últimas sumas de dinero fueron ampliadas según lo consignado en el memo 212/2023, respecto del convenio número 533 sobre rendición con la cifra de 17 millones 872 mil pesos.
“Todas las rendiciones fueron observadas por problemas de forma, contenido de los documentos, asuntos contables y la falta de respaldo de los gastos realizados en cada programa. En consecuencia, fueron rechazados todos los montos de dinero rendidos”, dijo Aguilar.
88% DE LOS RECURSOS EN GASTOS DE PERSONAL
Sobre los cuatro convenios y conforme la información declarada y del SII se alcanzaron 92 millones 399 mil pesos en horarios brutos, lo que se conforma por honorarios líquidos con un total de 80 millones 245 mil pesos y retenciones por 12 millones 153 mil pesos, distribuyéndose en 15 personas naturales, destacando, entre otros nombres, el de la imputada Kelly Betancourt con 15 millones 248 mil pesos y Camila Álvarez con 14 millones 542 mil pesos.
“Betancourt, para intentar legitimar el origen de los recursos percibidos como honorarios, suscribió un contrato de prestación de servicios con fecha primero de agosto del 2023, entre Camila Álvarez en calidad de representante suplente de la fundación con la imputada Betancourt, con una vigencia hasta el 31 de agosto del 2023. Además, la imputada, según la información proporcionada por el SII, emitió 67 boletas de honorarios, seis más que las declaradas en las rendiciones en agosto del 2023, por 2 millones 751 mil pesos que no están rendidas a la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Esto totaliza un monto bruto de 17 millones 999 mil pesos”, advirtió el persecutor.
En las rendiciones por la suma de 104 millones, el monto total de honorarios brutos rendidos por 92 millones representa el 88% de ese valor, mientras que los gastos operacionales que ascienden a la suma de 12 millones equivalen al 11% del total.
Según el fiscal, en los gastos operacionales no se registran compras por bienes relativos a los convenios y en su lugar se asignaron recursos a la adquisición de materiales de oficina y suministro para reuniones con supuestos integrantes de campamentos, siendo esto considerado como de menor cuantía en comparación a otros gastos. En este ítem Aguilar destacó el arriendo de vehículos (2 millones de pesos), el arriendo de un departamento como oficina por 1 millón 900 mil pesos, inmueble que es propiedad del padre de Camila Álvarez, tesorera de la fundación TomArte.
También figura la compra de tres pasajes aéreos Antofagasta-Santiago para Betancourt, total que representa el 34% de los gastos operacionales.
CUENTA CORRIENTE DE TOMARTE
La investigación fiscal dio cuenta de que desde noviembre del 2022 hasta el 31 de julio del 2023, los egresos posteriores a la última rendición totalizan 106 millones 241 mil pesos. El 31 de julio del 2023, el último periodo rendido a la Seremi, se realizaron 61 transferencias electrónicas de fondos no rendidos por la suma de 15 millones 495 mil pesos, de las cuales tres operaciones favorecen a Betancourt, por la suma de 2 millones 710 mil pesos.
El persecutor puntualizó que la imputada concertada con terceros procedió a disponer de la totalidad de los fondos que restaban en la cuenta corriente el 6 de octubre del 2023 y que corresponden íntegramente a fondos fiscales provenientes de los convenios aprobados por un monto total de 330 millones 774 mil pesos, tomando un vale vista nominativo por dicho valor en favor de la fundación, gestión que no está autorizada por la Seremi, de modo que se han dispuesto los fondos fiscales de una forma de distraerlos para otros fines ajenos a los permitidos en el trato.
“Conviene hacer presente que el Consejo de Defensa del Estado con ocasión de la tramitación de una medida prejudicial civil con autorización del tribunal, dado el término de los convenios y liquidación por los 456 millones y a falta de restitución del monto total entregado, intentó retener los fondos de la cuenta TomArte a la que se transfirieron los fondos de los tratos directos con resultado negativo, ya que todos los dineros que mantenía la cuenta los habían sacado”, informó el fiscal Aguilar.
