Los delitos de homicidio registraron una disminución del 39% en la región de Antofagasta al comparar el periodo entre el 10 de octubre del 2023 y el 31 marzo del 2024 con el mismo lapso del año anterior. La cifra corresponde a uno de los cambios más importantes que detectó el Ministerio Público en la zona, dinámica que también anotó un descenso en los robos con violencia (19,7%) y los robos en lugar habitado (19%). Sin embargo, hay dos ilícitos que experimentaron un crecimiento y son los casos de secuestro y extorsiones que aumentaron en un 25% y los delitos funcionarios o de corrupción (100%).
Los datos fueron expuestos por el fiscal regional Juan Castro Bekios durante la presentación de la nueva Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC), implementación que corresponde a uno de los compromisos que anunció durante su postulación al cargo. “La necesidad venía desde la época en la que estuve a cargo del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo (Sacfi), que tiene un área de trabajo que cada vez se fue vinculando más al crimen organizado, pero con limitaciones respecto de la competencia de ciertos delitos que no eran parte de ese sistema, como los de corrupción. De ahí surge la necesidad de extender la metodología de trabajo de Sacfi a otros fenómenos criminales”, explicó Castro Bekios.
El estudio realizado por el Ministerio Público en Antofagasta entregó más detalles sobre el comportamiento de los delitos. En los casos de secuestros y extorsiones, el 50% de los imputados son extranjeros; en los homicidios la cifra alcanza el 38,7% y en el robo con intimidación el 29,3%. Siguiendo con los secuestros y extorsiones, el 43% de las víctimas es de nacionalidad extranjera, mientras que en los homicidios este grupo representa el 36,2%.
CRIMEN ORGANIZADO
Según los datos de la fiscalía, del total de secuestros, el 50% está relacionado con el crimen organizado y en los homicidios es el 38,7%. El fiscal regional precisó para hablar de homicidios o de secuestros asociados al crimen organizado, significa que esos delitos pasaron por un filtro. La Unidad de Estudio de la Fiscalía Nacional hizo un análisis de los distintos de los homicidios y secuestros que ocurrieron en un periodo y con eso se establecieron qué características cumplían, en términos generales, para estimar indicios vinculados al crimen organizado.
“Cuando expresamos que un homicidio o secuestro se comete en contexto de crimen organizado es porque cumplió con parámetros. Algunos considerados son, por ejemplo, la utilización de armas de fuego, disparos que se realizan desde vehículos en movimiento o hacia vehículos en movimiento; la nacionalidad de quienes participan en el ilícito, los antecedentes de la víctima o el victimario. Si todo esto se cumple, la tramitación de esos delitos desde su inicio inicios es vista por parte del Equipo de Crimen Organizado y Homicidio. También puede ocurrir que, en el hallazgo de un cuerpo con intervención de terceros, un apuñalamiento sin indicios de contexto de crimen organizado, si durante la investigación se descubre que existe una vinculación, esa causa pasa de una Fiscalía Local a la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja”, manifestó el persecutor.
En su presentación, el jefe regional de la fiscalía destacó que el 46% del total de droga incautada en el país fue requisada en Antofagasta, lo que equivale a cinco toneladas con casi 300 kilos. La comuna con más incautaciones es Calama que aporta casi dos toneladas y media de sustancias ilícitas. A pesar de estos buenos indicadores, el fiscal advirtió que una organización criminal cambia de ruta cuando ve que el 25% de sus cargamentos son incautados, lo que permite hacerse una idea de cuánta droga está ingresando al país.
DOS CAUSAS POR CASO CONVENIOS
Sobre las investigaciones del caso convenios, Castro Bekios anunció que Antofagasta suma dos causas más que estaban en la región de Iquique. “Me acompaña quien fue designado por el fiscal nacional como fiscal de apoyo en esas investigaciones, se trasladan a la región de Antofagasta en virtud de una facultad de fiscal nacional, que puede designar un fiscal regional para los efectos de que siga con fiscales de apoyo, en este caso Eduardo Ríos, las investigaciones que estime pertinente. La región de Antofagasta es la que tiene la mayoría de los casos convenios con las distintas fundaciones, de manera que resulta natural que aquella fiscalía que tiene la mayor cantidad de casos, que ya tiene más experiencia y que tiene otra designación similar con otra fundación que funciona a nivel nacional, se haga cargo de otras investigaciones respecto de fundaciones que tienen las mismas características”, declaró.
Eduardo Ríos sostuvo que en el contexto de la creación de FACC, la Fiscalía Regional de Tarapacá y el fiscal nacional dispusieron su traslado transitorio a Antofagasta para apoyar al equipo que investiga las causas por convenios entre fundaciones y el Estado.
“Mi traslado tiene que ver con dos investigaciones que manteníamos en Iquique y que ahora están en Antofagasta, sobre dos fundaciones, EnRed Social y Enlace Urbano. Ambas tienen impactos en convenios en diez regiones, que van desde Arica hasta Los Lagos, lo que requiere un equipo consolidado como el que se está generando de análisis criminal y de alta complejidad. Ambos casos comprenden aproximadamente 3.500 millones de pesos y por eso es necesario practicar una serie de diligencias en todas las regiones y esperamos que con la experiencia de Antofagasta nos podamos reforzar para lograr buenos resultados”, dijo el fiscal.
También agregó que el desafío para el término judicial es que no sea suficiente solo la condena corporal en los casos de alta complejidad económica y de corrupción. El desafío será la incautación y recuperación de bienes y que por ello lo denominan mercados criminales, porque no solo hay un crimen, sino que también hay mercado que genera ganancias.
“Las causas que hoy se mantienen en Antofagasta abarcan diez regiones. El año pasado generamos una serie de incautaciones, practicamos entrada y registro a los Serviu y seremis de cada una de estas regiones, se levantaron una serie de equipos tecnológicos, teléfonos, servidores, computadores, los cuales en este minuto son vaciados por la Policía de Investigaciones. Eso implica un análisis, etapa en la que estamos junto con toda la información incautada”, informó Ríos.
