El desempleo, la salud y la contaminación son asuntos que requieren la ayuda del Estado porque escapan a las grandes gestiones que puede desarrollar el municipio, explicó el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro. En la capital de El Loa, la cesantía supera la media nacional, algo impensado en el distrito minero más importante del mundo detalló el edil. En salud, los índices de cáncer también superan las cifras nacionales y la declaración de zona contaminada aumenta las deudas que el Estado tiene con Calama, lamentó Chamorro.
El jefe comunal se reunirá hoy con la comitiva que acompaña al Presidente Gabriel Boric y que llegará hasta la capital del El Loa, instancia en la que planteará algunas solicitudes, como la idea de ampliar el concepto de infraestructura crítica a ciertos sectores urbanos. Frente a cómo el gabinete regional se comporta con las necesidades de su comuna, el alcalde manifestó que necesitan más participación. “Debo decir que soy más escuchado en La Moneda, con algunos ministros, que en la región. Pero estamos disponibles a mejorar y sumar esfuerzos, porque en este momento la idea es aportar, aunque con autocrítica, ser receptivo y tolerante para avanzar”, apuntó.
- ¿Qué ayuda del Estado requiere la ciudad y que escapa a lo que pueda hacer el municipio?
Hace muchos años El Loa tenía ciertos porcentajes respecto de estabilidad laboral, pleno empleo, pero actualmente ya no están esas condiciones. El desempleo está por sobre la media nacional y quién iba a pensar que una zona tan potente de la minería atraviese esta situación. Sin embargo, lo más preocupante es la deuda del Estado con la salud de Calama. En estos momentos siete de cada diez calameños sufren de cáncer, información del DEIS del Ministerio de Salud y de esas siete personas, la mitad muere y la otra queda con enfermedades crónicas asociadas. Fuimos declarada una zona saturada, con el Río Loa agotado, estamos declarados como una ciudad contaminada, por lo tanto, en salud el Estado tiene situaciones históricas pendientes con la ciudad.
Por supuesto que nos duele cuando el gobierno actual dicta una resolución que no confirma a El Loa como una provincia de zona extrema. El valor simbólico va más allá de la escala de remuneraciones, porque ésta y las otras comunas también son parte de la hegemonía patriótica que ejerce el país.
- ¿Cómo se ha comportado el gabinete regional con las necesidades de su comuna?
Necesitamos más participación. Debo decir que soy más escuchado en La Moneda, con algunos ministros, que en la región. Pero estamos disponibles a mejorar y sumar esfuerzos, porque en este momento la idea es aportar, aunque con autocrítica, ser receptivo y tolerante para avanzar. Es bueno escuchar a los alcaldes, porque en seguridad, los primeros que llevamos ese dolor somos los jefes comunales y los concejales. Falta esa lectura, cuando los alcaldes dicen que hay que reforzar ciertas poblaciones con algunas medidas, hay que escucharlos, se requiere conversación.
- ¿Ha visto un avance en esa materia de seguridad pública desde los episodios críticos que llevaron a la comuna a un paro general?
Desde el paro comunal que fue en abril del año pasado hubo un reforzamiento importante de Carabineros a través del grupo Centauro, como también de vehículos, ocho de Carabineros y hace dos semanas llegaron seis vehículos y diez funcionarias de la PDI. Estamos dentro del plan “Calles sin violencia” inicial, falta el mejorado. En cuanto a las tasas delictivas, estas se mantienen y lo que cambia es la frecuencia. Es muy valorado que El Loa fuera considerado como parte de la infraestructura crítica con el decreto presidencial junto a Arica, Iquique, Ollagüe. Y lo que estamos pidiendo, porque me reúno (hoy) con la ministra del Interior, es que esa infraestructura crítica que solamente es por la línea fronteriza pueda trasladar algunos puntos de acción a la ciudad, reorientando ciertas funciones. Por ejemplo, podemos combatir la delincuencia de la comuna trasladando a los carabineros de la línea fronteriza y reorientando funciones de la Fuerza Aérea, para que también hagan vigilancia de manera permanente en esa zona. Y esto lo decimos porque la droga entra al país, pero la comercialización se desarrolla en la ciudad y es allí donde nos falta más fuerza. Con la llegada del Presidente y de los cinco ministros que vienen a Calama, entre ellos la ministra del Interior, solicito como presidente de los alcaldes del norte, incluir ciertos puntos dentro de la infraestructura crítica.
- ¿Qué evaluación tiene del desempeño de la Delegación Presidencial Regional en esa misma materia?
Necesitamos mejorar, estar muy unidos. Podemos estar en la vereda de la destrucción, que es lo más fácil, pero nosotros queremos ser un aporte, sumar esfuerzos para combatir la delincuencia que es un tema de Estado. Si los gobiernos no tienen el acompañamiento de los poderes Legislativo y Judicial, el tema será muy complicado. Soy de la idea de aumentar las atribuciones de Carabineros, lo mismo para los equipos de seguridad ciudadana. Somos un país bastante complejo, porque en Santiago, los equipos de seguridad ciudadana hacen detenciones y no están armados. Acá hacemos exactamente lo mismo, pero no hablamos de detenciones, porque es ilegal, sino de contención. Si los equipos de seguridad ciudadana de algunos municipios están deteniendo gente, hagamos una ley para ampliar atribuciones, para que cuando la PDI esté en operativos antidrogas, no tengan que pedir tantos permisos, si son hechos constitutivos de delitos en flagrancia, la casa debe intervenirse inmediatamente y demolerla. Creo que ha faltado una mirada superior, no por ausencia de voluntad, quizás por temas de experiencia, liderazgo, porque para combatir la delincuencia se requiere mucha fortaleza.
- ¿Continuará el trabajo de destrucción de casas dedicadas al narcotráfico?
El año pasado concretamos la demolición de 23 casas y este año nos queda una proyección de a lo menos 18. Este mes ya tenemos planificada una intervención, porque no hacemos la demolición de la línea de edificación, sino que es la casa completa. En forma paralela estamos pidiendo la inmovilidad tributaria de ese activo fijo, esto consiste en la prohibición vía judicial para que el dueño no pueda arrendar ni vender el inmueble, solicitando su congelamiento para que pase a propiedad del Estado o el municipio. La idea es transformar ese espacio y continuaremos ese trabajo.
- ¿Cuál es el monto que recibe su municipio por royalty y qué uso tendrá?
Este año solamente por royalty llegan más de dos mil millones de pesos y el 2025, la ley establece que se doble ese tributo. Gran parte de esos recursos los estamos destinando a un plan de inversiones, un 20% se está apalancando para las comunidades de Alto El Loa, porque faltan muchos servicios básicos por cubrir. El porcentaje restante es para infraestructura y equipamiento para la ciudad, como financiamiento para la piscina semi olímpica, el diseño e ingeniería para un centro de alto rendimiento El Loa, que con 23 mil metros cuadrados será el tercero más grande de Sudamérica.
Alcalde creo que hay que trabajar más, y quejarse menos. Nadie escucha a nadie.