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Dos veces al año, es decir, semestralmente, la Corte de Apelaciones de nuestro país se reúne para revisar las solicitudes de libertad condicional, de acuerdo a lo que dispone la Ley. Según las evaluaciones realizadas en las diversas unidades penales, un total de 1.768 internos fueron postulados en Lista 1 y, tras las evaluaciones realizadas por la comisión se otorgó el beneficio a 568; es decir, al 32,1% de los postulantes.
Dentro de los a) cumplimiento efectivo de la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva; b) haber tenido conducta intachable en el establecimiento penal; c) haber aprendido un oficio si hay talleres donde se cumple la condena y d) haber asistido con regularidad a las escuela y conferencias educativas del penal.
El ministro de la Corte Suprema y vocero del máximo tribunal del país, Milton Juica señala que el cambio legal se debió, fundamentalmente, a la necesidad de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad de las cárceles y centros de detenciones, que registran en promedio un 60% de sobrepoblación.
«Estamos hablando de un número insignificante con relación a la población carcelaria, aquí no salió todo el mundo libre como se quisiera pensar y, por lo tanto, no ha habido un exceso en esta materia; y el sentido de esta ley es darle una oportunidad a personas que han cumplido más de la mitad de sus condenas, para que cumplan el resto de la pena en libertad», agregó el ministro vocero.
«El tema de la seguridad ciudadana es un tema que todos tenemos presentes, pero el sistema está establecido de una manera que todas las personas tienen alguna vez la oportunidad de salir en libertad, cumpliendo totalmente la pena o cumpliéndola, como dice la ley, en libertad condicional. Eso no significa que el sistema asegure que esas personas no cometan nuevamente delitos, ya sabemos las altas tasas de reincidencias en este país, pero ese no es un tema que le corresponda al Poder Judicial; si no es una política pública que debe ser manejada a otro nivel», concluyó.
Polémica
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Al conocer las cifras, representantes del mundo político salieron al paso con duras críticas a la medida. La ministra de Justicia, Javiera Blanco, se mostró cauta: “Que hayan salido en libertad 1.300 personas en dos regiones llama la atención (…) En ambas el patrón se disparó, tener 1.300 personas puestas en libertad es una cárcel que se abrió”.
Agregó que están trabajando una serie de medidas, entre ellas modificaciones al reglamento penitenciario, para que las conductas sean más estrictas y también para que aumente la fiscalización de estas personas en libertad, con el requisito de firma. Además, puntualizó que están solicitando al Poder Judicial acceso a los criterios que permitieron entregar el beneficio.
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