Fue el 7 de julio del 2023 cuando este medio hizo público un millonario convenio entre el Gobierno Regional de Antofagasta y la -hasta entonces desconocida públicamente- Fundación ProCultura, del psiquiatra Alberto Larraín. Este consistía en el traspaso de $629 millones de pesos para pintar solo tres fachadas en el casco histórico de la capital regional: La casa Unión Comunal de Juntas de Vecinos y Arcoíris Trans (107 m2); el Consulado de Bélgica (270,13 m2) y el Edificio Colón (1.920 m2).
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La revelación generó en primera instancia una irrestricta defensa del convenio por parte del Gobernador Ricardo Díaz, hoy carta del PPD para su reelección, incluyendo que pelara una cebolla frente al Presidente de la República Gabriel Boric durante el anuncio del Royalty Minero en la comuna de Mejillones.
Posteriormente sería el propio Díaz quien anunciaría una querella en contra de ProCultura dando por terminado dicho convenio. Eso sí, pagando el costo del daño a su imagen pública.
Las esquirlas del caso trascendieron a Antofagasta, luego que el Ministerio Público decidiera investigar los traspasos que hicieron 7 gobiernos regionales a fundaciones (incluyendo Antofagasta), y que lleva adelante de forma centralizada el Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma Guerra.
La última de estas indagatorias fue el allanamiento de las oficinas del GORE en Valparaíso.
El fantasma vuelve a Antofagasta
Los avances de la investigación de los traspasos de todos los GOREs a fundaciones se ha conocido a cuentagotas. Esto, tras el carácter hermético del fiscal de Aysén Carlos Palma. Sin embargo, durante los últimos días hubo algunas luces que podrían volver a poner el foco en Antofagasta.
Según recoge El Mercurio, los mayores montos indagados del caso Convenios -como finalmente se denominó a los traspasos de recursos públicos a fundaciones- se relacionan con los gobiernos regionales, que suman unos $77 mil millones, muy por encima del total de los montos realizados por el Ministerio de Vivienda a diversas fundaciones ($12 mil millones).
En declaraciones a dicho medio, el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, afirma que las causas que se encuentran judicializadas son las que se encuentran más cerca de cerrar «porque hay un plazo judicial de por medio, y me atrevo a pensar de esas, que a muchas de ellas no les quedan muchas diligencias que realizar«.
Además, anticipa que «próximamente, en un par de semanas, vamos a tener novedades desde el punto de vista judicial importantes, en relación con convenios de la zona norte». Si bien Campos no lo confirma -indica El Mercurio- en el norte se habla de eventuales formalizaciones a gobernadores regionales.
Los efectos políticos
La elección de gobernador regional tiene una característica que no tiene ninguna competencia electoral en Chile: en caso que ninguna de las opciones alcance el 40% de la votación en primera vuelta, se realizará balotaje (segunda vuelta) entre las 2 primeras mayorías.
Por lo mismo, el Partido Radical busca lograr que la exministra y militante Marcela Hernando pueda llegar a la papeleta, y que sea esa primera vuelta una suerte de «primaria» que no tuvo el sector para definir a la carta para gobernador regional.
Pese a que corrieron fuertes rumores que Hernando sería bajada para privilegiar la lógica de «el que tiene mantiene»; este escenario ha ido cambiando y hoy, que llegue a la papeleta cobra mayor fuerza. Incluso, los más aventurados aseguran que de darse ciertos escenarios en la investigación penal por ProCultura, podría terminar siendo la carta única del sector.
Investigación del Ministerio Público que marcha en paralelo a la cuenta regresiva que tienen los partidos políticos para inscribir oficialmente a sus candidatos: el 29 de julio.