Democracia Viva tuvo que responder ante el Primer Juzgado de Antofagasta tras la medida precautoria para congelar la cuenta bancaria que interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que la fundación dirigida por el exRD, Daniel Andrade, restituya los dineros estatales ($391 millones) que ha solicitado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Según conoció La Segunda, el abogado representante del CDE, Carlos Bonilla Lanas, sostuvo que la fundación incumplió una serie de condiciones y obligaciones, esto en el marco del caso caratulado como “Fisco con Fundación Democracia Viva”. Por ejemplo, señaló que tenía la obligación de ejecutar en “forma fiel y oportuna todas las actividades a las que se obligó en cada convenio; conforme a los dispuesto en la Resolución N°30, de 11 de Procuraduría Fiscal de Antofagasta; elaborar un plan de trabajo general según formato entregado por Serviu Antofagasta; elaborar y adjuntar el informe de rendición mensual, un informe técnico destinado a la Seremi”, entre otras.
Recordemos, asimismo, que el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y contra Andrade ambos como autores del delito de fraude al Fisco.
Democracia Viva “se encuentra impedida”
Bajo este escenario y como respuesta a la medida del CDE de restituir en un plazo de 30 días los $391 millones -y no los $294 millones a los que hace referencia Andrade en sus escritos- la abogada de la fundación, Victoria Silva, aseguró que “los únicos bienes que esta parte tenía disponibles para restituir y cumplir con el requerimiento administrativo de la Seremi de Antofagasta, eran las sumas que se encontraban en la cuenta bancaria de la cual era titular la Fundación Democracia Viva y que actualmente se encuentran retenidas por la resolución de US. dictada en estos autos con fecha 26 de julio de 2023 y que fue emitida a requerimiento del Fisco de Chile”.
“Mi representada se encuentra impedida de restituir los fondos requeridos dentro del plazo otorgado mediante los citados actos administrativos por encontrarse dichos fondos retenidos por la resolución judicial que así lo dispone, dictada en autos (…) Queremos dejar constancia que mi representada, antes que fuera decretada por US. la retención de fondos, intentó restituir los fondos no utilizados”, agregó.
Esto último dado que Andrade envió un correo al Minvu el 30 de junio -14 días después de que este medio destapara el caso-, en donde manifestó la “voluntad de poner término anticipado a los convenios aludidos”.
