El abogado de la fundación TomArte, Ricardo Escobar, aseguró que “los verdaderos involucrados” intentaron utilizar a la organización como un medio, sin embargo, aquello no resultó porque la presidenta de la ONG, Kelly Betancourt Acosta, no lo permitió. Según el defensor, la dirigente, quien quedó en prisión preventiva por cuatro delitos de fraude al fisco y uno de lavado de activos, no aceptó la propuesta para que una fundación “con tendencia política” se encargara del área contable de TomArte durante la ejecución de cuatro convenios con Vivienda. El abogado agregó que Betancour tampoco consintió la contratación de una persona con recursos de dichos contratos para que desempeñara funciones en oficinas públicas. “Aquí están cortando por lo más delgado, la fundación, que confió en la institucionalidad para ejecutar un proyecto”, afirmó Escobar.
En junio del año pasado, el Ministerio Público inició de oficio las pesquisas por Democracia Viva, caso en el que una fundación suscribió convenios con la Seremi de Vivienda para ejecutar proyectos de habitabilidad primaria en campamentos de Antofagasta. Posteriormente, el fiscal Cristian Aguilar separó de esa investigación a la ONG TomArte para iniciar otra arista de indagaciones, las que esta semana registraron las formalizaciones del exseremi Carlos Contreras y la presidenta de la organización, Betancourt Acosta. Ambos quedaron en prisión preventiva.
El abogado defensor reconoció que la medida cautelar dictada por la jueza Claudia Campusano no era el resultado que esperaban, considerando que existe desproporción no solo frente a esa resolución, también a cómo se ha tratado el proceso teniendo en cuenta el comportamiento y la actitud que ha mostrado su defendida para enfrentar esta situación desde el inicio. Además, adelantó que apelarán a la prisión preventiva.
“Partiendo por la orden de detención, soy muy enfático en eso, era totalmente innecesaria, nos hace llegar a una audiencia encima, no pudiendo conversar con Kelly la forma en que se debe y también la forma en la cual se exponen los antecedentes que aportamos. Hubo varios elementos que Kelly aportó al principio de la investigación y respecto de los cuales se hizo caso omiso. Considero que la medida y la forma en la cual se está tratando este proceso es desproporcionada”, insistió el abogado.
TomArte como un medio
El abogado subrayó que intentaron utilizar la fundación como un medio. “Como dije dentro de las alegaciones, los verdaderos involucrados que están en esferas más grandes intentaron ocupar TomArte como un medio que no les resultó y aquí están cortando por lo más delgado, la fundación, que confió en la institucionalidad para ejecutar un proyecto”, afirmó. Aunque tras la audiencia no entregó más detalles sobre este punto, durante la formalización indicó que a Betancourt Acosta le propusieron la fundación Marchantes, compuesta por militantes de Revolución Democrática, para que viese el área contable de la fundación, a lo cuál su defendida se negó.
“Esa es una situación que se hace presente, que está en la carpeta investigativa, dentro de la cual le habrían propuesto a Kelly que una fundación de una tendencia política se hiciera cargo de las finanzas, lo cual ella derechamente rechazo”, señaló Escobar. También reveló que a TomArte se le propuso una contratación.
“Igualmente es un hecho público, puesto que también estaba en la arista Democracia Viva, de estas personas que eran contratadas por fundaciones para ejercer cargos dentro de la Seremi. A TomArte se le indica que tiene que fijar un presupuesto para esos fines, pero como no había certeza en el para qué, para quién, qué funciones iba a hacer y cuánto era el monto, porque ni siquiera le dijeron el monto, no se hizo. No se cumplió con esa situación de meter a una persona a ejercer un rol público sin tenerlo, porque al final las personas que tenían esta doble identidad ejercían funciones casi públicas, tenían acceso al correo e información pública sin ser funcionarios”, detalló.
El Ministerio Público señaló en la audiencia vínculos entre Betancourt Acosta y la consejera regional Paula Orellana, expareja de Carlos Contreras y con quien colaboró en la campaña de candidatura al Gobierno Regional. El defensor precisó que Orellana fue docente de Kelly, ya que la dirigente siempre ha sido activista en temas socio culturales, sobre todo en asentamientos precarios. “Paula Orellana que está inserta en el mismo ambiente fue invitada un par de veces a participar de encuentros, ahí se genera una relación, pero más de cordialidad, ése era el vínculo”, aseguró el abogado, confirmando que la cercanía era con la consejera regional y no con el exseremi Contreras.
El defensor explicó que las defensas de Betancourt y Carlos Contreras son incompatibles, ya que ella confió en la presunción de legalidad de todo lo que estaba pasando. “No tenía intenciones de defraudar, cumplió con los reglamentos legales, con las resoluciones. En ese sentido no existe colaboración o bien coautoría en cuanto a la comisión de los hechos, por lo mismo en este caso, si bien se tomaron decisiones ilegales, no fueron por parte de Kelly. Ella cumplió dentro de un estatuto jurídico que estaba premunido de legalidad”, enfatizó Ricardo Escobar.
Primer delito de lavado de activos
El fiscal regional, Juan Castro Bekios, declaró que la formalización de este caso tiene una diferencia con los anteriores, porque al fraude al fisco reiterado añaden la figura del lavado de activos, que tiene como base el delito contra la probidad. “De ahí la solicitud natural del Ministerio Público por la gravedad ya no de uno solo de los delitos, sino del conjunto por el cual se está formalizando, hacen que necesariamente la solicitud de medida cautelar tenga que ser la prisión preventiva y por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Esta cuestión es relevante puesto que es primera vez en la historia de la reforma procesal penal en la región que formalizamos por delito de lavado de activos con delito precedente contra la probidad pública. Antes lo habíamos hecho, pero con delito base de tráfico de droga, lo que significa que es la respuesta penal que estamos tratando de dar a ilícitos de gravedad como son los de corrupción pública”, afirmó Castro Bekios.
El fiscal de la causa, Cristian Aguilar, explicó que por el momento no se descarta que existan nuevos formalizados en esta investigación. Sobre el lavado de activos, el persecutor sentenció que, en términos generales, se trata de una figura que requiere un delito base que es el fraude al fisco y luego la utilización para fines lucrativos de los fondos recibidos. En este caso se invocó el auto contrato de la presidenta de la fundación, para los efectos de recibir ciertos fondos, los que utilizó tanto favorecer a terceros como para favorecerse.
Sobre la ejecución de los convenios, Aguilar manifestó que “acá se descarta que hubiera existido alguna obra física de habitabilidad primaria en cualquiera de los convenios. En consecuencia, esa fue una de las razones por las cuales la Seremi de Vivienda deja sin efecto estos convenios, porque no hubo avance de ninguna clase en las obras que justamente por naturaleza era esencial que la fundación prestara y que tampoco podía prestar porque no tenía la experticia necesaria para ejecutarlas”.
