El abogado querellante en el caso convenios, Pablo Toloza, manifestó que la diputada Catalina Pérez, quien será formalizada en mayo por fraude al fisco, arriesga una pena efectiva en caso de que la acusación se concrete. Toloza sostuvo que, si bien la pena será ponderada durante el juicio considerando agravantes y atenuantes, “lo que sí está claro, por prognosis, es que arriesga pena efectiva, sobre los cinco años y un día”.
El querellante detalló que la audiencia será el 12 de mayo a las 8.30 horas, procedimiento en el que la fiscalía formalizará a la diputada Catalina Pérez por tres delitos reiterados de fraude al fisco. Se trata de la misma calidad procesal que registran Carlos Contreras (exseremi de Vivienda), Daniel Andrade (fundación Democracia Viva) y Paz Fuica (exconcejala que trabajó en la Seremi de Vivienda). Bajo esa condición, agregó Toloza, lo que debiese ocurrir es que el Ministerio Público solicite la misma medida cautelar que pidió a los otros copartícipes, es decir, prisión preventiva.
“En abstracto son tres delitos reiterados de fraude al fisco, pero la pena se determinará en el juicio, donde se ponderan las agravantes y atenuantes. Lo que sí está claro, por prognosis, es que arriesga pena efectiva, sobre los cinco años y un día”, subrayó.
Al ser formalizada por los mismos delitos, lo más probable es que el plazo de investigación sea el idéntico al que tiene el resto de los coimputados. Una vez finalizado el periodo de indagaciones, la fiscalía decidirá si presenta una acusación.
“Los plazos dependerán de las diligencias que disponga la fiscalía, aunque casi todas ya se han realizado. Es posible que, con la formalización de la diputada, el Ministerio Público pida nuevas actuaciones y en ese sentido los plazos quedan sujetos a su cumplimiento. No debería ser un periodo muy extenso, porque gran parte de ellas han sido ejecutadas”, señaló el abogado.
Sobre el desarrollo de la causa, Toloza afirmó que está conforme con la decisión del pleno de la Corte Suprema, porque apuntó a lo que ha sostenido desde el inicio. Esto, porque según su visión, no era razonable que, en este caso, Catalina Pérez no conociera los antecedentes antes, durante y después del fraude al fisco.
“Hay indicios claros de que ella tuvo participación y puede graficarse en el hecho de que concurrió junto con Daniel Andrade a buscar el contrato de arriendo en el domicilio en Ñuñoa. No es una cuestión baladí, porque ese contrato era fundamental para ampliar el giro y que de esa manera la fundación fuese receptora de los fondos. Es un hecho activo y así está declarado por la dueña del inmueble, que cuando la diputada y Andrade van a buscar el contrato, Pérez sabía perfectamente que era falso. Sabía que en ese lugar no estaba el domicilio de Democracia Viva y no hay que perder de vista que Catalina Pérez, además de diputada, es abogado, por lo tanto, sabía perfectamente que el domicilio era una pantalla necesaria para que la fundación recibiera los fondos”, declaró el querellante.
También agregó que cuando Timeline dio a conocer los convenios, Pérez estableció una serie de directrices a través de mensajes, como la colocación de logos en el domicilio de la fundación o que se hablara con el conserje para que informara que allí funcionaba una ONG si era consultado.
Toloza dijo que su defensa sostiene que ella ha colaborado con la investigación y ha señalado que prueba de ello es la entrega voluntaria de su teléfono. Pero eso tiene poca relevancia, remarcó, toda vez que los informes periciales de la PDI determinaron que todas las conversaciones entre Catalina Pérez y Carlos Contreras fueron borradas.
“Ella dijo en distintos medios de comunicación que solo había borrado conversaciones íntimas con Andrade, sin embargo, borró las que mantuvo con Contreras. Y esto no es una especulación, en la carpeta investigativa existen antecedentes por pantallazos de teléfonos de terceros que mostraban conversaciones en ese periodo, las que no estaban en su teléfono. Se trata de la conducta desplegada durante todo ese tiempo, porque, sabemos que Andrade le preguntaba a la diputada todo, por ejemplo, si le convenía o no un trabajo, pero lo único que no le preguntaba era sobre los convenios. Eso es bastante ilógico”, comentó el abogado.
