“Antes de que empiecen a acusarme de que estoy defendiendo al Minvu, nadie está defendiendo al Minvu ni al Serviu. Lo único que estoy diciendo es que hay que ser riguroso, se hizo la rendición, se reconoció la deuda y nosotros desde enero estamos cobrando esa deuda”, afirmó el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. La declaración sobre lo que ocurre con los $5.866 millones que el Serviu aún no reintegra fue realizada ayer en la sesión ordinaria del Consejo Regional (Core), pleno en el que varios consejeros y el propio gobernador expresaron su molestia con la gestión de dicha repartición pública.
Se trata de dineros que fueron entregados al Serviu como parte del convenio de programación “Más Viviendas y Mejores Barrios para la Región de Antofagasta 2015-2023”. El Consejo Regional aprobó una partida de $8.500 millones, de los cuales, el Serviu rindió $2.633.103.390. Sobre la cifra restante, desde ese servicio público indicaron que no harían rendición y que los dineros serían reintegrados. Sin embargo, el Gobierno Regional está cobrando ese monto desde enero de este año y primero se indicó que aquello ocurriría en marzo, luego abril y mayo. El caso llegó a tal punto que la Subsecretaría de Vivienda ofició el director Ricardo González para que precise porqué estas platas tienen que restituirse, el motivo por el que todavía no se concreta la devolución y qué iniciativas dejaron de ejecutarse con cargo a dicho monto.
En la sesión de ayer, la consejera Mónica Muñoz, quien presentó todos los antecedentes a Contraloría, dijo que acudió al organismo fiscalizador porque tenía argumentos para aquello, agregando que no solo fue una simple denuncia, sino que también presentó documentación para que se desarrolle una investigación que aclare lo que está pasando con los $5.866 millones.
El jefe regional explicó a la consejera que la rendición y la devolución son procesos distintos para finalizar el convenio y que el primero ya fue ejecutado y ya oficiaron para que se concrete el segundo paso.
Muñoz mencionó que esta situación la está exponiendo «desde comienzos de este año, el director (del Serviu) ha mencionado infinitas fechas. No me quedo con eso, porque estoy en terreno con la gente y los vecinos de los comités son los que nos emplazan a nosotros diciendo que el Serviu indica que nosotros somos los que no aprobamos (los recursos). Y eso no es correcto, por eso tomé las medidas, porque debemos dar respuestas a los vecinos”.
En medio del pleno, Ricardo Díaz aclaró “antes de que empiecen a acusarme de que estoy defendiendo al Minvu, nadie está defendiendo al Minvu ni al Serviu. Lo único que estoy diciendo es que hay que ser riguroso, se hizo la rendición y se reconoció la deuda y nosotros desde enero estamos cobrando la deuda”. También aclaró que han realizado el cobro a través de oficios al Serviu de manera constante.
Críticas a la gestión del Serviu
“Estoy de acuerdo con usted, el desempeño del Serviu ha sido paupérrimo, porque todo el retraso del convenio tiene que ver con el Serviu y la mala gestión. Estoy de acuerdo con eso, solo, hagamos la distinción, porque acá llegó la fiscalía con una cosa que no tenía nada que ver. Aquí no se ha hecho ninguna transferencia a Serviu y esto tiene que ver con un convenio que no es ni siquiera de nuestra gestión. Hago esa salvedad y lo mismo en este caso, cuando se detecta la irregularidad, se deja de pagar porque ese es el criterio del Gobierno Regional, para la tranquilidad de todos”, enfatizó el gobernador.
La consejera Katherine San Martín apuntó a la gravedad de los hechos, recordando que la Subsecretaría de Vivienda instruyó un sumario administrativo por el caso. “Se habla de las rendiciones, pero no de las que son aprobadas. Puedo rendir algo, pero si está mal, está rendido igual. Acá lo que necesitamos son las rendiciones aprobadas, lo contrario es una semántica complicada. Voy a pedir en puntos varios respecto a este tema, pero me gustaría gobernador, respetar el cargo del consejero regional cuando éste hace su trabajo, que es fiscalizar. Antes de ser gobernador usted fue consejero regional y pedía fiscalizaciones y todo el Consejo lo apoyaba, porque esa es la finalidad de nosotros. Entonces me parece que cuando usted cuestiona la labor de una consejera que va a Contraloría, no quiero darle un calificativo, pero uno tiene que ponerse en el nivel que corresponde porque pareciera hasta poco ético”, dijo San Martín.
Patricio Tapia, consejero de Tocopilla, preguntó que pueden hacer como Core cuando se trabaja con convenios con reparticiones públicas y no responden. “En los fondos concursables, cuando una organización sin fines de lucro presenta rendiciones y queda con plata al debe, el convenio se judicializa. Entonces qué se podría hacer eventualmente con estos servicios públicos que no cumplen y que ha pasado mucho tiempo. Se podría hacer esa misma figura, judicializar, para que ellos efectivamente devuelvan las platas”, consultó Tapia.
Detalle
Para aclarar las principales dudas, el gobernador entregó la palabra a Freddy Arteaga, jefe de División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional. El profesional detalló que, en el 2021, se remite la última de varias cuotas que partieron el 2015 al Serviu por $8.500 millones. Para traspasar una cuota se tiene que aprobar la anterior.
“De esos $8.500 millones, se rindieron $2.200 millones. Oficiamos al director del Serviu en febrero de este año y consultamos al director que quedaban pendientes $5.800 millones, o rendía o reintegraba. El director respondió por vía oficio en febrero que no había más rendiciones y por lo tanto reintegraba, así que las rendiciones estaban terminadas. No tiene nada más que rendir de los $8.500 millones, se pidió el reintegro y se le reiteró en abril que tenía que reintegrar. Es cierto que nos indicó que se devolverían en marzo, abril, mayo, ha sido sucesivo y eso es lo que señala el gobernador, que no se ha cumplido con el reintegro. Y eso es lo último que falta para cerrar el proceso”, puntualizó Arteaga.
Sobre el estado actual de esos dineros compartió su molestia el consejero Fabián Ossandón, informando que habían solicitado antecedentes a jurídica y control del Gore hace dos semanas y no tenían ni siquiera una respuesta que acusara el recibo de la petición. “Es un tema importante, son los recursos del Gore, entonces cuánto más esperamos los consejeros y todavía no hay sesión de la Comisión de Vivienda, no hay propuesta de la unidad jurídica ni de la unidad de control. Qué más esperamos, es una necesidad que se la manifestamos gobernador”, insistió Ossandón.
“La molestia es de todos nosotros”
El gobernador aseguró que “la molestia de todos nosotros es la misma, con la mejor de las intenciones apoyamos a Vivienda. Resolvimos un problema entregando recursos del saldo de caja para que dos mil familias pudieran recibir su vivienda. A mí, en lo personal, lo que me molesta es que nos transfieran responsabilidades que no nos competen. Cuando aparece un senador adjudicándonos responsabilidad por el estado del convenio es porque precisamente, lo que ha ocurrido con Serviu tiene que ver con toda la pésima gestión que ha habido en la región”.
Díaz recalcó que todo el caso convenio estalla en el Serviu de Antofagasta y eso ahora lleva a que cualquier intento de generar un nuevo proyecto tendrá mucha más revisión y control por parte de la unidades correspondientes.
“Y es bueno que sea así, porque son recursos públicos, pero en ello tiene que ayudar muchísimo una buena gestión de las personas responsables. Y cuando lamentablemente, las personas responsables lo único que hacen es tratar de traspasarnos la responsabilidad por malas gestiones, eso genera varias dificultades. Está claro, la directora nacional, por gestiones que hemos hecho, se ha puesto en contacto, se comprometieron a la devolución de los recursos. Tienen que ver cómo hacerlo y con eso esperamos que esta situación se resuelva, pero la verdad, es que la molestia es transversal”, finalizó el jefe regional.
La autoridades políticas llegan, pasan y se van, pero los problemas persisten y empeoran. Hay que buscar dónde se encuentran realmente las causas y en qué medida son responsables esas autoridades – por un lado – y por otro lado, el aparato burocrático ahogado en su propia «permisología» y «controlomanía», una enfermedad cuyas víctimas somos todos,
particularmente quienes tratan de emprender, desde constructoras hasta el ciudadano que pretende instalar un modesto negocio.
Sería beneficioso un reportaje que informe acerca del tiempo que cuesta conseguir un permiso de construcción o una patente comercial definitiva, y porqué hay obras públicas que han sido abandonadas por contratistas que por lo general se han arruinado. O aclarar cuántos pasos debe seguir quien se adjudica un contrato y el tiempo que toma. Muchos se llevarán una sorpresa, pues se descubrirá que – en promedio – los trámites en ese ámbito pueden tomar más de un año.