La diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile) y su par José Miguel Castro (RN) adelantaron que votarán a favor de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por su rol en la crisis que atraviesa la repartición pública. El Caso Convenios estalló en Antofagasta cuando se difundieron los contratos entre la ONG Democracia Viva y la Seremi de Vivienda, sin embargo, con el paso de los meses, la indagación penal permitió conocer que la situación estaba en conocimiento de funcionarios del gobierno central, quienes habrían informado al secretario de Estado.
El libelo se presentó el martes a mediodía en la Cámara. En la sesión de la tarde fueron elegidos los diputados que forman parte de la comisión que revisará el escrito y cuyo presidente es el diputado Víctor Pino (IND). Tras el análisis del documento, los parlamentarios entregarán un informe a la sala para votar la acusación, que, si reúne los votos, luego pasaría al Senado.
El diputado Sebastián Videla (IND-PL) manifestó que la acusación está en análisis por parte de la bancada liberal y que, en ese sentido, la investigación tiene que seguir su curso. Pero anteriormente Videla se había referido al caso indicando que lo mejor era que Montes dejará el gabinete ministerial. “Por eso hace un par de semanas solicitamos la salida del ministro para evitar que estas acusaciones entorpezcan el normal funcionamiento de la Cámara”, explicó.
Yovana Ahumada es una de las firmantes del libelo redactado por los partidos Social Cristiano y Republicano y dijo que apoyó desde un principio la acusación, porque uno de sus ítem es la probidad, la responsabilidad y el abandono de deberes con respecto al cargo del ministro Montes. “En ese sentido creo que hay justificación suficiente para acusar constitucionalmente al ministro, dado que con todos los hechos que hemos conocido, resulta difícil creer que en ningún minuto hubo alguna reunión para saber lo que estaba ocurriendo con la entrega de recursos o tratos directos que él sabía estaban haciéndose en la cartera. Independiente de que la subsecretaria estaba a cargo del área administrativa, eso quiere decir que no había nada programado, al menos una vez al año, para saber qué es lo que estaba sucediendo”, cuestionó.
Las filtraciones de la carpeta investigativa de la fiscalía han revelado que varios funcionarios del nivel central recibieron información sobre los convenios de Democracia Viva con Vivienda. Por ello, la diputada sostuvo que una interrogante es si realmente tantas personas tenían información y nadie le dijo nada a Montes siendo el jefe de cartera. Las dudas crecen, agregó, porque hay que sumar que los funcionarios de Antofagasta durante mucho tiempo levantaron alertas de lo que sucedía y no solo con Democracia Viva, también con otros contratos que no parecían correctos.
“Entonces la región estaba dando luces de lo que pasaba y una persona que está a cargo de una cartera tan importante, que mueve tantos recursos y con una zona que tiene un problema mayor que otras regiones, ¿no sabía nada? Está el informe que entregó la exsubsecretaria y que muchos aseguran que no dice nada, pero los informes siempre se realizan por alguna razón. Por acción u omisión hay muchos más responsables y hoy quien lidera esta cartera que está llena de problemas y que no logra avanzar en su trabajo, es el ministerio de Montes. Él debe asumir las responsabilidades que le competen por no preocuparse de lo que estaba ocurriendo con estos recursos”, aseguró Ahumada.
Deben asumir el costo político
Desde que estalló el caso, el oficialismo argumentó que la jefatura directa de las seremi son las subsecretarías. Pero para la diputada, quien está sobre la subsecretaría es el ministro, indicando que simplemente no pueden lavarse las manos y decir que la exsubsecretaria tenía que revisar lo que pasaba en regiones. La parlamentaria insistió en que no pueden deshacerse de esa responsabilidad, la cual se investigará donde corresponda, pero añadió que también existen responsabilidades políticas que deben asumirse, algo que no han observado con el ministro.
“Y la herramienta que tenemos para estos casos es la acusación constitucional, la que tiene bastantes fundamentos para avanzar. Hoy la única opción para sacar al ministro de su cargo sin un costo tan grande es un cambio de gabinete. Ante la tozudez del Ejecutivo de no removerlo y del ministro Montes de no dejar la cartera en su minuto, ahora lo único que les queda es asumir el costo, que como es tan grande, darán la pelea hasta el último minuto y se entiende. Pero lamentablemente, el costo tiene que asumirse y aunque se respalde al ministro, esto también genera divisiones y problemas, así que una cosa es lo que se dice y otra es lo que ocurre internamente”, afirmó Ahumada.
“Existe una responsabilidad política»
José Miguel Castro dijo que con los antecedentes que maneja hasta ahora, lo más probable es que se incline para votar a favor de la acusación, aunque de todas formas debe analizar el escrito. Sin embargo, advirtió que, considerando los datos que conoció como presidente de la comisión investigadora del Caso Convenios, “para mí existe una responsabilidad política”.
Sobre el respaldo del gobierno a Montes, expuso que “es vergonzoso. Independiente del bagaje del ministro, cuando fue la acusación contra Chadwick u otros utilizó palabras como responsabilidad política y ahora lo vemos en un escenario peor que otros acusados. Pero además se ha notado una falta de conducción correcta del ministerio, porque los sumarios internos todavía ni siquiera los vemos. Ha sido un ministro que, aparte de tener muchas ganas, objetivamente no ha solucionado nada”, criticó.
Tras comenzar la crisis en Vivienda, Castro indicó que hubiera esperado de Montes un “reinicio” completo de todos los seremis de las regiones involucradas en estos casos. También que hubiese ejecutado una movilidad de gente interna, porque “hay personas que colocaron la firma para que esto resultara”. Y frente a eso, emplazó, el ministro ha tenido una inmovilidad y el escenario es bien claro, “esto será con quienes respaldan al gobierno más que al ministro y quienes pensamos que no ha estado a la altura. Los parlamentarios que voten en contra de la acusación lo harán simplemente porque son oficialistas, no porque tengan algún grado real de convencimiento de que el ministro se la ha jugado por entero y ha solucionado el caso”.
