El Concejo Municipal de Sierra Gorda acudió a la Contraloría para que la Inspección Fiscal del Ministerio de Obras Públicas busque una solución definitiva a los problemas de hundimiento que presenta un tramo de la Ruta 5 que coincide con la operación minera Mantos Blancos. En el kilómetro 1.407, la concesionaria a cargo del servicio implementó un desvío de 810 metros de largo debido a los daños que registra el camino, situación que también impacta a la infraestructura de la compañía FCAB. Junto al tardanza para terminar con las dificultades, el concejo también apuntó a una serie de molestias que experimentan los vecinos de la localidad de Baquedano.
En el 2020, la Concesionaria Autopistas de Antofagasta estampó una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) por el sostenido deterioro de la carretera producto del aumento de líquido subterráneo (nivel freático). La SMA ordenó a la empresa minera ejecutar Medidas Urgentes y Transitorias y ahora se esperan los resultados de estudios para desarrollar soluciones hidráulicas. Sin embargo, a dos años de la denuncia inicial, la comunidad está molesta por la tardanza que afecta a un servicio de pago para quienes viven en Baquedano, la localidad de la comuna de Sierra Gorda más cercana a Antofagasta.
A los oficios a la SMA y la solicitud de una comisión de la Cámara de Diputados por parte de parlamentarios de la región, el Concejo Municipal de la comuna que experimenta las consecuencias del problema también desarrolló acciones y manifestó su visión de lo que está ocurriendo.
La alcaldesa y presidenta del concejo, Deborah Paredes, explicó que en octubre manifestaron la inquietud al delegado presidencial regional de ese momento, quien “estaba con el inspector fiscal en donde se nos informó que se estaban realizando calicatas (perforaciones) para determinar el problema, cosa que hasta el día de hoy no se nos ha hecho llegar ningún informe”.
Paredes sostuvo que, en paralelo, están al tanto de que Minera Mantos Blancos, la SMA y otras instituciones públicas y privadas llevan tiempo en reuniones y conversaciones, sin embargo, “vecinas y vecinos de Baquedano y Sierra Gorda llevan mucho más tiempo lidiando, día a día, con esta problemática que conlleva un alto riesgo para la seguridad vial en su tránsito diario”.
La jefa comunal dijo que posteriormente y en vista de que no se ha logrado un avance, junto a los concejales realizaron una solicitud de investigación, la que ingresaron en marzo a la Contraloría Regional a fin de que la Inspección Fiscal del MOP solucione de manera definitiva el problema.
“Como solución planteamos que se generen los estudios necesarios y las mejoras propias del sector, ya que el valor del peaje es alto, lo que no se condice con el servicio entregado, tampoco existen compensaciones, ni soluciones efectivas, pero seguimos pagando. ¿Hasta cuándo estamos esperando un accidente fatal? Necesitamos unir fuerzas, la comunidad, autoridades regionales y nacionales para poner fin a esto a la brevedad posible”, aseguró la alcaldesa.
Más dificultades
El concejal René Ramos apuntó que son varios temas lo que afectan a los vecinos y no solo es el hundimiento de la carretera. Uno de ellos tiene que ver con el cambio de la estación Copec que está en el sector del Oasis y que será trasladada más allá del peaje. “Entonces una persona de Baquedano tendrá que pagar $2.150 para ir a cargar combustible y otros $2.150 para retornar a su hogar. Creo que eso está listo, van a moverla hacia abajo, donde hay otra estación pasando el peaje de Mantos Blancos”, advirtió.
También reclamó por la asistencia en ruta asegurando que una conductora que venía hacia Antofagasta pinchó un neumático y no llegó la grúa de emergencia, “nunca están disponibles, eso ha pasado y los mismos vecinos tienen que ayudar. Además, en el peaje atienden solo una o dos cajas y se amontonan los vehículos”.
Otro punto que cuestionó tiene que ver con las cargas anchas. Recordó que los carabineros salieron de Baquedano y ahora están a siete kilómetros del pueblo en un retén carretero. “De Antofagasta a Baquedano hay 68 kilómetros y deberíamos tardar unos 40 minutos, pero cuando circula una carga ancha nos demoramos una hora y media o dos horas. Y la inquietud que tenemos es que para esas cargas disponen de dos radiopatrullas de Carabineros como escolta y para el pueblo hay pocos servicios”, puntualizó.
Las molestias pasan porque se trata de un servicio concesionado por el que pagan cada vez que circulan y la situación del desnivel en Mantos Blancos debería asumirla la empresa.
“Nosotros ahora viajábamos a Santiago para hablar con el ministro de Obras Públicas y plantear todos los problemas, pero la alcaldesa se enfermó y tuvimos que reagendar. Mantos Blancos es de la jurisdicción de Antofagasta, pagan patente y todo en esa ciudad, pero la contaminación la sufrimos nosotros. Los vecinos están aburridos y muy preocupados por la estación de bencina que se va a cambiar. Estamos viendo la subida de combustible todas las semanas y ahora deberán pagar peaje por cargar su vehículo, están horrorizados. Tenemos contaminación, el año pasado nadie nos tomaba en cuenta en Santiago, al menos ahora nos escuchan un poco más, pero de todas maneras todavía no tenemos nada claro”, reconoció Ramos.
Para el concejal Mauricio Campillay, el hundimiento de la carretera tiene muchas aristas. Una de ellas es la mala fiscalización del Estado a la concesionaria, porque conviven con un desvío en ese punto hace casi tres años. “Cómo es posible que en ese tiempo el Estado no viera lo que estaba sucediendo. El último intendente, los dos delegados, el del gobierno saliente y la delegada entrante, que en este mes ha recorrido esa zona y la pregunta es si pasó por ahí, solicitó alguna información. El gobernador regional ha pasado durante casi siete meses por el mismo punto cuando va a Calama y no sé si le ha llamado la atención el desnivel que nosotros vivimos todos los días. Esto lo hemos manifestado a todas las autoridades posibles desde hace tres años, porque somos clientes frecuentes, nuestros niños van a Antofagasta a estudiar, los pacientes van al hospital”, criticó.
Sobre la presentación en Contraloría, Campillay mencionó que buscan primero que se establezca si corresponde el trato que el Estado ha tenido con la concesionaria. Y declaró que los concejales tuvieron una reunión con el director nacional de concesiones en Santiago, hace unos cinco meses, y él no tenía idea del conflicto en la carretera.
“Queremos que la Contraloría nos diga quiénes son los responsables de la poca o nula fiscalización. En territorios como María Elena, Ollagüe o Sierra Gorda no hay Estado, porque si esto pasara en La Negra, los Jardines del Sur o la Coviefi, la reacción habría sido distinta. Merecemos otro trato porque pagamos constantemente, por ejemplo, en Baquedano nos instalan una Copec al sur del peaje y para cargar combustible tenemos que ir a 27 kilómetros, pagar el peaje, cargar y volver a la localidad pagando nuevamente. Tenemos la bencina más cara del país y eso lo diseñan las autoridades, los encargados de concesión, los seremis del MOP, uno de ellos que fue subsecretario”, manifestó.
El edil dijo respecto de Mantos Blancos que “es una de las mineras que trata mal a la comunidad”. El conflicto aparece por el hundimiento, por el agua que está filtrando, pero la contaminación «la tenemos todos los días con la polución que llega a Baquedano y cuando reclamamos a la empresa, ellos nos dicen que están en la jurisdicción de Antofagasta. Geográficamente el hundimiento ocurre en Antofagasta, sin embargo, los afectados somos nosotros”.
Campillay recalcó que todas las autoridades tienen antecedentes lo que ocurre en el sector y que hace dos semanas la delegada presidencial iba a Calama y se reunió 40 minutos con los concejales en la municipalidad. “Fui uno de los más duros, porque ella quiso ser candidata a alcaldesa por Sierra Gorda en la última elección y le dije que en ese cariño que demostró porque querer levantar una candidatura por la comuna, esperamos que ahora con el gobierno que representa se refleje en que tengamos un mejor trato. Le informamos del problema en la carretera y espero el próximo el concejo ordinario para preguntar qué es lo que hizo en estas dos semanas. Muchas veces las autoridades no escuchan a la comunidad, a las otras autoridades y terminan haciendo oídos sordos. Ahora todos están preocupados, pero ¿qué hicieron para que esto no sucediera?”, cuestionó.
