El fiscal nacional Ángel Valencia manifestó que el Ministerio Público se encuentra en una extensa indagatoria de múltiples delitos por el llamado Caso Convenios, que comenzó en Antofagasta con los contratos entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda. Las pesquisas hasta el momento se desarrollan en secreto y de manera desformalizada y sobre los eventuales ilícitos ocurridos con dineros públicos, el persecutor señaló que “algunos tienen asociada una pena privativa de libertad efectiva”.
Valencia estuvo ayer en la ciudad participando en la investidura del nuevo fiscal regional, Juan Castro Bekios, ocasión en la que se refirió al Caso Convenios. El jefe nacional del Ministerio Público sostuvo que existe una reserva respecto de la investigación que no permite negar ni afirmar si ya cursaron solicitudes para formalizar el proceso en el Juzgado de Garantía. La comunidad antofagastina puede tener la certeza, explicó, de que la Fiscalía Regional avanzará con la mayor celeridad posible para un caso que requiere diligencias específicas y tecnológicas, revisión de cuentas corrientes, correos electrónicos y que necesitan ciertos tiempos para llegar a los resultados y el esclarecimiento de los hechos. También puntualizó que cuando estén las condiciones para la formulación de cargos en contra de una o más personas, comunicarán la decisión.
“Estamos investigando múltiples delitos, algunos tienen asociada una pena privativa de libertad efectiva, otros no necesariamente. También depende de las situaciones de los imputados, pero si dentro de los que se investigan no cabe duda de que la persona en caso de eventualmente ser condenadas, si se cometieron esos delitos efectivamente, pueden arriesgar una pena efectiva, tanto así que las personas que actualmente se encuentran privadas de libertad son sujetos que, en el caso de ser condenado, sufrirían una pena efectiva”, señaló Valencia sobre las pesquisas en Antofagasta y en regiones que ya cuentan con investigados en prisión preventiva.
A diferencia de lo que sucede en otras zonas del país que registran formalizados por el Caso Convenios, el fiscal nacional detalló que se trató de situaciones excepcionales, ya que en casos tan complejos hubo situaciones bastante evidentes que no son comunes en esta clase de procesos y que dieron mérito a formalizar la investigación con personas en prisión preventiva en la región de Los lagos y La Araucanía.
El fiscal nacional precisó que las situaciones anteriores no son comunes, “en los casos de corrupción pública, lo habitual en los casos en los cuales se investiga eventual corrupción pública, porque recuerden que en este momento estamos tratando de esclarecer los hechos, tratando de establecer si se cometieron delitos, cuáles y quiénes fueron sus autores. En este tipo de casos se requieren diligencias que van más allá de una cámara de video, de dos testigos presenciales, de encontrar un arma y una pericia sobre ella. En estos casos tenemos que revisar correos electrónicos, documentos oficiales, cuentas corrientes, situaciones patrimoniales, un conjunto de otras diligencias que tampoco voy a mencionar porque no voy a anticipar qué es lo que estamos haciendo, que permitan esclarecer qué es lo que en definitiva ocurrió”.
Junto con entender la expectativa de la comunidad para que se formulen cargos los antes posible, Valencia dijo que deben trabajar de forma seria, de manera tal que cuando efectivamente formalicen la investigación, existan antecedentes suficientes que justifiquen lo que solicitarán y, además, que aquello permita que las cautelares que requieran tengan sustento para ser acogidas. Fuentes consultadas por este medio expresaron que durante las próximas semanas se desarrollarían las primeras formalizaciones en Antofagasta.
Rasgos comunes
Valencia manifestó que como ya ha mencionado en otras oportunidades, el Caso Convenios partió con una situación específica y ahora engloba a muchas causas en las que existen rasgos comunes entre ellas que no necesariamente permiten llegar a conclusiones de que “haya una sola mano. “Pero sí existen rasgos comunes que son ampliamente conocidos en torno a que efectivamente habría gobiernos regionales que participan, habría menos controles que en los años anteriores, fundaciones recientemente creadas bajo la ley actual, en las cuales se celebran contratos sin las garantías que generalmente se requieren a los proveedores de servicio público, al proveedor público o a las instituciones que prestan servicios o reciben fondos estatales para asegurar el cumplimiento de los fondos con sumas demasiado considerables que se entregan desde el inicio”, enumeró.
Valencia recordó que, por Democracia Viva, el Ministerio Público inició una investigación de oficio porque había consideración de todos esos antecedentes. También expuso que no cabe duda de que hay rasgos que asemejan los casos y que justifican que tuvieran no una, sino varias reuniones de coordinación desde la Fiscalía Nacional con las distintas fiscalías que llevan estas causas para los efectos de asegurar la unidad de acción y que las investigaciones avancen todas adecuadamente.
“No quisiera especular respecto de quiénes son las personas que podrían eventualmente tener participación criminal. Solo quiero decir que los fiscales están investigando estas causas con la mayor celeridad posible, pero también con la mayor prolijidad posible y todas las personas que tengan responsabilidad penal van a ser objeto de una formalización y una posterior acusación por parte del Ministerio Público”, subrayó.
Frente a la posibilidad de fuga de quienes son indagados, Valencia comentó que, en una investigación compleja, cuando los fiscales tienen antecedentes o existe algún riesgo de fuga, toman las medidas necesarias para evitar aquello. “Aquí hubo una experiencia lamentable con el caso de la exalcaldesa Karen Rojo, en que esas medidas no se adoptaron de forma oportuna y eso constituye un aprendizaje importante para el equipo de esta región”, finalizó.
