«Primero fueron los insultos y las descalificaciones, luego comenzó la violencia física». Con estas palabras, Daniela, de 27 años, relata a El Mercurio de Antofagasta la experiencia que vivió los meses que estuvo con su expareja, 17 años mayor (44).
Esta ingeniera civil industrial, quien contrajo el Acuerdo de Unión Civil en diciembre del año pasado con su ahora expareja, aseguró que éste la insultaba constantemente, conducta que muy pronto derivó en agresiones físicas siendo la última de ellas la que la llevó a denunciar a su agresor ante la fiscalía local de Antofagasta.
Daniela es ahora parte de las mujeres, y también hombres, que en los últimos meses han acudido a este organismo, o bien a las policías, intentando lograr sanciones contra sus agresores, objetivo que muchas veces no se cumple.
Y es que según datos del Ministerio Público, Antofagasta es la región donde menos sentencias condenatorias se lograron por casos de violencia intrafamiliar entre enero y marzo de este año.
Cifras
De un total de 1.577 términos logrados (judiciales y no judiciales) sólo en 103 ocasiones el imputado recibió una condena, lo que equivale al 6,53% de los casos.
Este porcentaje es dos puntos menor al promedio nacional de condenas (8,87%), y está muy lejos de los resultados que muestran regiones como Tarapacá (26,28%), Los Lagos (20,33%) y Los Ríos (19,05%), que son las que más sanciones registran en el informe.
A su vez, del total de casos terminados en la región, en 16,3% el resultado fue una sentencia absolutoria y en 32,85% el fiscal optó por archivar el caso (ver detalles en la tabla).
Sernameg
La directora regional del Sernameg, Viviana Ramírez, expresó que la cifra de sentencias condenatorias logradas es baja, lo que podría transformarse en un desincentivo hacia las mujeres a la hora denunciar.
«Más allá de las situaciones. Haya sido porque hubo algún tipo de desistimiento o bien porque no se lograron acreditar los hechos, estos resultados pueden ser riesgosos en el sentido que la mujer se puede decepcionar del modelo (…) o bien puede generar sensación de impunidad en el agresor», expresó la abogada.
Ramírez agregó que pese a que a muchas mujeres por distintos motivos desisten de las denuncias presentadas, el Estado tiene como rol proteger a la víctima de la violencia.
«Detrás de este fenómeno, en esta opción de desistirse, hay una serie de factores que no son de fácil análisis ni explicación, pero que efectivamente tienen un sustento en la cultura en la cual nos desarrollamos. A veces los desistimientos vienen básicamente de dos tipos de dependencias: sicológica o económica», explicó.
En 2016 la región cerró con 5.158 casos ingresados, lo equivale al 4,2% del total país.
