La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama abrió el inmueble de calle Condell por el que se pagaron 190 millones de pesos con el fin de crear un centro odontológico durante la administración anterior en 2018. Sin embargo, el lugar se encuentra en litigio, debido a la demanda de devolución de este monto que presentó el Servicio de Salud de Antofagasta (SSA) contra Comdes. Situación a la que suma una nueva querella presentada por la corporación para determinar la responsabilidad penal, en este caso, del ex alcalde Daniel Agusto, el ex director ejecutivo de Comdes, Gregorio Rodríguez y ex directora de Gestión y Planificación Económica en ese entonces, Jubitza Tapia por fraude al fisco y negociación incompatible.
En el punto de prensa que se realizó en la casa de calle Condell el actual director ejecutivo de Comdes, Humberto Arraya, comentó que el martes 26 de abril se admitió la querella contra estas tres personas y que «hoy también no tenemos claridad en lo que va ser destinado este edificio, porque lamentablemente está en juicio. No tenemos los recursos para devolver al Servicio de Salud los 190 millones de pesos. Si yo devuelvo los 190 millones de pesos tengo que sacarlos del área de salud, por lo tanto, sigo cometiendo fraude, por lo cual nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias; si tenemos que llegar a la Corte Suprema, vamos a llegar”.
Por ello, para utilizar este inmueble, debe sanearse la deuda por la cual se arriesgan demandas y hasta posibles embargos, incluso al municipio. «Esto iba a ser un centro odontológico, un laboratorio y al final no tenían claridad sobre qué querían construir en este edificio; la verdad que creo que la intención era otra: comprar un edificio en 190 millones de pesos, el cual no costaba 190 millones, de acuerdo a la tasación. Por eso es el fraude al fisco, donde hay familias involucradas a quien le compraron la casa», manifestó Arraya.
“Como corporación perseguimos que la justifica de el máximo de rigor, aplique la ley contra estas personas que han abusado de los recursos de nuestra comuna», agregó el director ejecutivo.
Cárcel e inhabilitación
Francisco Garrote, jefe del Departamento Jurídico de Comdes, explicó, que «para que tengan claridad es un solo un procedimiento el que se está llevando a cabo en el Tribunal de Garantía bajo un solo rit. Lo que sí existen tres querellas en el proceso. Existe una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, por parte del senador de la república don Esteban Velásquez y la querella nuestra que le estamos mencionando actualmente».
El abogado también señaló que, por estos delitos, considerando atenuantes y agravantes, Daniel Agusto, Gregorio Rodríguez y Jubitza Tapia pueden arriesgar entre 5 y 15 años de presidio más multa e inhabilitación perpetua o temporal para ejercer cargos públicos.
Irregularidades en la compra
Edith Galleguillos, directora del Departamento de Salud de Comdes, comentó que “el daño que se produjo financieramente a nuestra empresa al área de salud tiene que ver con un costo de esta casa de 190 millones de pesos, el cual no estaba en el plan de salud, no estaba autorizado”, por lo que el SSA hoy exige este monto que ya había solicitado, vía documentos, en tres ocasiones antes de llegar a la acción judicial en este proceso que involucra a fondos per cápita, es decir, ingresos por usuarios inscritos en el sistema de Fonasa.
«Estamos viendo acá un terreno de 190 millones de pesos que pudo haber significado la compra, la adecuación de infraestructura, mejores salas de espera, monitores de signos vitales, camillas. Si uno lleva ese dinero a compras efectivas o adquisiciones podríamos estar hablando de otras cosas con las que contaría la comuna y nuestros usuarios que son por lo que nos transfieren estos dineros al ser ellos beneficiarios de Fonasa», explicó la directora de Salud de Comdes.
En esa línea también recalcó que la Atención Primaria de Salud cuenta con brechas de infraestructura y esta operación de la administración anterior solo resta. «Me parece que fue una inversión irresponsable, con la intención de beneficiar a personas en particular y de ninguna manera a la ciudadanía», dijo Edith Galleguillos.
«Aquí se tienen que hacer responsables las personas que cometieron esto. No podemos nosotros, como administración, que tenemos muchos proyectos y muchos avances que realizar con nuestros usuarios en post pandemia, hacernos cargo de esto y que ellos simplemente salgan con toda la ganancia de haber cometido una acción que no fue socialmente responsable y que tampoco cumplía con criterios técnicos para hacer este tremendo gasto», finalizó la directora de Salud de Comdes.
