Aprueban histórico royalty minero: todos los parlamentarios de Antofagasta votaron a favor y destacan el impacto para las zonas productoras

En siete votaciones, la Cámara aprobó ayer las enmiendas del Senado al proyecto de royalty minero, norma que establece en favor del Estado una compensación por la explotación de la minería del cobre y del litio. La iniciativa, que contó con los votos a favor de las dos diputadas y los tres diputados de Antofagasta, se transformará en ley y el 2025 llegarán los primeros recursos íntegros de este impuesto, aunque el gobierno adelantó que el próximo año las zonas ya tendrán dineros gracias a un fondo puente que cubrirá el periodo.

La diputada Catalina Pérez (RD), quien ejerce la segunda vicepresidencia de la Sala y dirigió parte de las intervenciones de los parlamentarios, tras la aprobación manifestó que es “una tremenda noticia. Tras años de lucha logramos que algunos recursos vuelvan a las manos de todas y todos los chilenos, donde siempre debieron estar. Amamos profundamente Chile, lo queremos justo y equitativo”. El resultado en Sala del articulado central quedó de la siguiente manera: 101 votos a favor, 24 en contra, tres abstenciones y un dispensado.

El diputado Jaime Araya (IND-PPD) fue uno de los dos representantes de la zona que tuvo la palabra durante la sesión. El abogado manifestó las observaciones que había realizado al proyecto en cuanto a que Antofagasta no quedaba entre los primeros lugares de la distribución total de los recursos. A pesar de aquellas aprehensiones, votó a favor de la norma y explicó que ayer tuvo una extensa conversación con el ministro de Hacienda Mario Marcel, la ministra de Minería Marcela Hernando, el ministro secretario general de Gobierno Álvaro Elizalde y varios subsecretarios.

En el encuentro, relató el diputado, señalaron lo de desfavorecida que estaba de la región de Antofagasta y “finalmente el gobierno accedió a casi triplicar los recursos, unos 1.400 millones de dólares más para las comunas mineras». Junto a ello está el compromiso del subsecretario Nicolás Cataldo con la dictación del reglamento, etapa que viene ahora, para poner en operación la normativa.

“Y uno de los de los ejes centrales de dicho reglamento será la incidencia de la actividad minera en el territorio. Esto viene a ser una revolución en la asignación de recursos ya que claramente las regiones del norte y las mineras serán beneficiadas. De esta manera, la realidad que teníamos ayer es diametralmente opuesta a la que tenemos ahora, con esto creemos que se hace un gesto muy importante por parte del gobierno a las regiones mineras, reconociendo la gran cantidad externalidades negativas a resolver y además creemos que dará tranquilidad a los inversionistas, porque genera un marco de estabilidad para desarrollar la inversión en continuidad y nuevos proyectos. Es una excelente noticia para el país, pero también para la región”, valoró Araya.

El diputado Sebastián Videla (IND-PL), declaró que se trata de una aprobación histórica, ya que por años el norte ha luchado por una recaudación de las externalidades que produce la explotación de la minería en toda la región. “El royalty minero ya es un hecho, son más de 500 millones de dólares los que van a distribuirse a nivel nacional y logramos que el norte pueda tener gran parte de esta distribución, incluso en el reglamento donde se distribuirán a nivel nacional hay un compromiso del gobierno para que Antofagasta y Calama, las comunas con más riquezas de la minería, puedan tener más recursos”, subrayó.

Certeza para inversionistas

En su intervención previa a la votación, Marcela Hernando, ministra de Minería, detalló que una de las cosas más importantes para el sector minero y para la inversión extranjera en esta materia es tener certeza jurídica. “Esto se preguntó bastante ayer (martes) en la Comisión de Minería y en la medida que este royalty salga a la luz y se transforme en ley lo antes posible, más certeza jurídica tendremos. Hoy existen 73.600 millones de dólares comprometidos en 53 proyectos mineros y esa inversión, de la cual el 60% ya está avanzada o está en algún grado de permisos de resolución ambiental, tiene muchas más posibilidades de concretarse de aquí al 2031 en la medida que estos inversores dejan de tener este fantasma respecto de que no se sabe cuánto será finalmente la carga tributaria que van a enfrentar”, dijo.

Hernando recordó que el proyecto de royalty es la primera vez que logra llegar a un tercer trámite considerando los intentos anteriores. Y la razón, cree la secretaria de Estado, es porque ahora está todo el país involucrado. “Siempre tuvimos discusión sobre los royalty que benefician sólo a las comunas mineras y sólo a las regiones mineras y por lo tanto nunca tuvo el apoyo suficiente. Esta es la oportunidad que tenemos de legislar en algo que va a traer beneficios a todo el país. Respecto de la distribución, ya el ministro (de Hacienda) ha sido tremendamente claro en insistir en que esto no son cifras arbitrarias, lo que estamos siguiendo son algoritmos y que, además, en la elaboración del reglamento, que finalmente será el que determine cómo se distribuye esto, ustedes (parlamentarios) pueden incidir de alguna manera”, sostuvo la exdiputada de Antofagasta.

Por su parte, Mario Marcel expuso ante la Cámara que con este impuesto y luego de las modificaciones realizadas al proyecto en el Senado, los municipios pobres del país, que son más dependientes de Fondo Común Municipal, podrán participar de las rentas provenientes de la minería del cobre. “Por supuesto que la prioridad en esa materia, particularmente a nivel comunal, está para aquellas en las cuales la actividad minera genera mayores externalidades negativas y motiva que se requieran mayores recursos para atender o mitigar ese tipo de consecuencias”, precisó.

Sobre los fondos para distribuir a nivel municipal, la iniciativa contiene los criterios para calificar a las comunas como mineras y distribuir recursos entre ellas. Gracias a un protocolo que fue parte de las enmiendas, se permitirá adelantar la distribución de recursos a través de la ley de presupuesto del 2024, con el 50% de lo que les corresponde percibir y crea un fondo plurianual para la seguridad ciudadana en la ley de presupuesto, que incorporará desde el 2025 un aporte de 350 millones de dólares anuales durante tres años.

Marcel apuntó que también se crea “un fondo trianual de recursos para apalancar proyectos de inversión en infraestructura productiva en las regiones del norte del país, desde de Arica y Parinacota hasta Coquimbo. Se hace porque éstas son regiones que por su naturaleza minera y por los demás factores que las han afectado requieren un esfuerzo de inversión importante que no es fácil de traducir en una fórmula. Además, porque los proyectos de inversión que podrían financiarse por esta vía no son necesariamente proyectos de los gobiernos regionales, pueden ser sectoriales de infraestructura a mayor escala que la que habitualmente realizan, por ejemplo, proyectos en infraestructura logística, de conectividad con los países vecinos, infraestructura fronteriza. En definitiva, proyectos que ayudan a diversificar la base productiva y en la cual se pueden apalancar recursos sectoriales tanto como regionales”.

Una vez que la iniciativa fue aprobada, el gobierno detalló que se recaudarán 450 millones de dólares, los que se distribuirán de la siguiente forma: un Fondo para la Productividad y el Desarrollo con 225 millones de dólares para gobiernos regionales y en esta distribución se compensará a las regiones mineras a través de indicadores que reconozcan sus necesidades. El Fondo de Comunas Mineras contará con 55 millones de dólares y un Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial de 170 millones de dólares para las comunas más vulnerables del país.