¿Estaría a favor de exigir a las autoridades electas y designadas un examen de drogas? Esta fue la pregunta que respondieron de manera positiva las máximas jefaturas de la Delegación Presidencial y la Gobernación, junto a concejales, consejeros regionales y parlamentarios. Todos están de acuerdo con someterse a una prueba de este tipo, argumentando que debido a la posición pública que ocupan y las decisiones que toman, deben actuar con total transparencia hacia la comunidad.
La discusión se desprende de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, donde está pendiente la elaboración de un reglamento interno para aplicar esta medida. Aprobada el año pasado y con presupuesto para su ejecución, la idea contempla test de forma aleatoria y semestral que comenzarían a aplicarse este 2022 para detectar sustancias prohibidas en la Ley 20.000. Sin embargo, esto aún no puede concretarse por la ausencia del reglamento y algunos parlamentarios cuestionan que existe una intención en retrasar aquel paso.
En Antofagasta, las autoridades consultadas están a favor de una iniciativa de este tipo para cargos públicos electos por votación popular o designados, y a pesar de manifestar algunos matices, aseguran que participarían de un procedimiento de ese tipo sin ninguna complicación.
La delegada presidencial regional, Karen Behrens, manifestó que exigir u obligar a las autoridades a que se realicen estos exámenes pasaría a llevar las libertades individuales y por ello cree que debe ser algo voluntario. “En mi caso yo sí estoy dispuesta a realizarme un examen de estas características, no tengo ningún inconveniente para ello”, manifestó.
El jefe de la Gobernación Regional, Ricardo Díaz, señaló que tampoco tendría ningún problema en hacerse un test de drogas, subrayando que “es bueno dar garantías a la ciudadanía de nuestra actuación”. La consejera regional Katherine San Martín comentó que es partidaria de esta clase de acciones e insistió que “todos quienes quieren u ostentan cargos de decisiones deberíamos mostrar un test de drogas y antecedentes psiquiátricos”.
Desde el Partido de la Gente (PDG), la también consejera Paula Celis expresó que respaldaría una iniciativa de este tipo y destacó que todos quienes fueron candidatos por su partido se hicieron test de drogas para participar en las campañas. “Creo que es importante estar libre de estas sustancias, no solo para poder ejercer bien nuestro trabajo, sino porque si una persona en un cargo de autoridad pública está ligada a las drogas, puede intervenir en favor del narcotráfico haciendo que las leyes sean menos duras para quienes cometen estos delitos”, cuestionó.
Concejales
Ignacio Pozo, quien fue alcalde suplente de Antofagasta en el 2020, está de acuerdo con esta idea y recordó que en el concejo anterior se realizó una prueba, ya que desde su punto de vista la transparencia es fundamental.
“No tengo ningún problema en hacerme un examen, lo hice en la elección pasada y no tendría ningún problema en repetirlo. Tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo a los jóvenes, estamos para servir a la comunidad y no para vincularnos a tratos indebidos”, sostuvo.
En la misma línea respondió el concejal Luis Aguilera, quien también se sometió a una prueba de drogas cuando exigieron que el cuerpo completo de concejales lo hiciera, aunque no todos participaron. “Como concejales tenemos que dar el ejemplo a los escolares e incluso a los adultos, porque es ilógico aprobar recursos para programas de prevención de drogas siendo drogadicto. El llamado es a alejarnos de este tipo de situaciones y asumir el rol que se nos entregó democráticamente con mucha responsabilidad”, destacó.
Norma Leiva, concejal PS, sostuvo que la medida le parece positiva si el examen fuese solamente para detectar drogas prohibidas en el Ley 20.000. “Sería una buena idea someterse a un examen, pero la pregunta es qué momento, ¿previo a una elección? Pero sí estaría de acuerdo, debemos ser ejemplos ante la ciudadanía”, expuso. Eso sí, la abogada detalló que es necesario distinguir las drogas que son legales de las ilegales. Por ejemplo, indicó que en los exámenes que se hacen para postulaciones en trabajos de minería y que arrojan resultados positivos, la gente no tiene derecho a acceder a esas plazas por padecer un problema que requiere tratamiento para mejorar su situación.
Parlamentarios
Aunque la discusión está en la Cámara de Diputados, la senadora Paulina Núñez señaló que está a favor de realizar estas pruebas en los altos cargos públicos, detallando que siendo diputada se hizo un examen y “me lo volvería a hacer”.
La diputada Catalina Pérez declaró que no tiene inconvenientes en efectuarse el test cuando corresponda. Y planteó que se trata de una discusión legítima, la que cree debe ir más a fondo. “Como lo he señalado en la comisión de Constitución, si lo que se persigue es combatir las redes de narcotráfico, esta iniciativa debiese ir de la mano de la revisión de las cuentas bancarias de las y los diputados para ver si han recibido dinero o financiamiento durante campañas por parte de estas”, advirtió.
El diputado José Miguel Castro enfatizó que ha votado a favor de la medida en la Cámara y le parece insólito que actualmente no siga avanzando. Precisó que existe un reglamento aprobado respecto a una glosa presupuestaria para comprar todos los exámenes que sean necesarios y en ese sentido, ha dicho que el que nada hace, nada teme.
“Ya me he hecho exámenes, los he puesto a disposición y lo seguiré haciendo. Personas que legislan contra las drogas, contra el narcotráfico, que legislan sobre el sistema de salud de las familias no pueden estar bajo la influencia de las drogas. La vara tiene que colocarse más arriba en el caso de las autoridades y todo lo que tenga que ver con test en esta materia tendrá mi apoyo”, afirmó.
Es impresentable que la Cámara de Diputados esté dilatando la dictación del reglamento que hace obligatoria la medida, criticó Jaime Araya. Y explicó que no tiene problema con que algunos parlamentarios consuman droga, ya que eso está en el ámbito de lo personal. Sin embargo, apuntó a que su tema es “si se trata de sustancias ilícitas, tenemos a una persona que se dedica a la comisión de un delito, un narcotraficante, que está en contacto con una autoridad y eso es lo grave”.
Además, dijo que es una hipocresía que la Cámara de Diputados pida explicaciones a tres cuartos de las instituciones y no sea capaz de hacer aplicar el examen, lo que considera una acción mínima. “Tenemos que avanzar decididamente en todo lo que sean medidas de control para evitar la relación entre altas autoridades políticas y el narcotráfico que destruye la democracia”, acusó.
El alcalde Jonathan Velásquez indicó que estos controles deberían ser para todo funcionario público y sobre todo para quienes son electos por votación popular y con ello transparentar si consumen droga, porque esa clase de acciones van de frente hacia la comunidad. “Es necesario, como se está haciendo en la Cámara de Diputados, que se haga lo mismo para replicarlo en Antofagasta y que la gente sepa qué tipo de drogas consumen algunos de sus representantes o simplemente que no necesitan de ellas para funcionar”, apuntó.
Velásquez aseguró que no consume drogas y que cuando estaba en campaña, junto a otros candidatos, se hicieron un examen, señalando que “me gustaría ahora que varios representantes, seremis, gore, concejales, también hicieran lo mismo”.
