El jefe regional de la Defensoría Penal Pública (DPP), Ignacio Barrientos, detalló que a pesar de que durante el 2024 disminuyó el número de los imputados que atienden en la región, la cifra de quienes ingresaron a prisión preventiva experimentó un incremento. “Registramos menos ingresos, pero más prisiones preventivas”, subrayó. El abogado sostuvo que con este escenario no solo observa una mayor carga de trabajo para los defensores, también advierte que hay que preguntarse por qué esta herramienta considerada excepcional en el inicio de la reforma, ahora se aplica con una mayor frecuencia.
Los datos de la DPP indican que, en el 2023, 12.613 imputados ingresaron a la Defensoría y 1.135 nacionales quedaron en prisión preventiva, mientras que 934 extranjeros recibieron la misma cautelar. El 2024 el universo de usuarios se redujo, ya que la DPP asistió a 11.577 imputados, 1.036 menos que el año anterior. Sin embargo, a pesar de contar con menos imputados, el número de prisiones preventiva tuvo un alza, llegando a las 1.156 personas en esa condición, representando el 10% del total. En esta misma calidad procesal estuvieron 824 extranjeros.
Barrientos declaró que el uso de la prisión preventiva está claramente en aumento como medida cautelar y eso debe llamar a una mirada autocrítica en las instituciones involucradas en la persecución penal, en el juzgamiento y en la Defensoría. “Hay que preguntarse por qué desde el punto de vista no solo normativo, sino social y sistémico, la prisión preventiva está siendo usada con una frecuencia mayor a la que inicialmente se esperaba en nuestro sistema de justicia penal”, señaló. Estos números colocan a Antofagasta a la par de la Región Metropolitana en cuanto a carga de trabajo para los defensores, ya que, si bien las diferencias de población regional y de usuarios son totalmente distantes, ambas zonas tienen un promedio de 24 imputados por cada profesional.
Respecto de los extranjeros, expresó que hubo una disminución del 1% en las cifras del 2024 en relación con el 2023. El año pasado hubo menos usuarios de nacionalidad extranjera y eso preocupa a la Defensoría, porque entienden que hay normas que rigidizan y hacen más probable la prisión preventiva para extranjeros, recordando la aplicación del criterio Valencia.
Esta situación la perciben al mirar la progresión desde el año 2018, cuando solo el 2,6% de las prisiones preventivas eran para extranjeros. El 2021 el número creció hasta el 6% y en los últimos dos años ha superado el 7%.
Otro elemento que explicaría aquello son las expulsiones judiciales que hoy no son aplicables a delitos de la ley 20.000, que corresponde al grueso de delitos que dan origen a sentencias con pena de privación de libertad que eran sustituidas por la expulsión judicial. Esto habla, añadió, probablemente de una mirada mucho más punitivista, de una persecución que hace más probable la imposición de medida cautelar tan intensa como la prisión preventiva.
Mirada más punitivista
Barrientos dijo que hay manifestaciones en la tramitación de distintos proyectos de reforma de modificación del código procesal penal y del código penal que dan cuenta de la opinión de la DPP a nivel nacional, respecto de proyectos que buscan el aumento de penas, nuevos delitos o rigidizar normas procesales penales.
“En ese sentido, creemos que uno de los factores que está incidiendo en el aumento de la prisión preventiva son las distintas y repetidas modificaciones legales que ha experimentado el régimen de prisión preventiva. Esto hace que sea más probable que una persona que sea imputada de un delito finalmente quede privada de libertad durante la tramitación del proceso penal. Frente a ese tránsito del código procesal penal, desde una visión más garantista a una más punitivista, en la mirada desde la aplicación del derecho en los tribunales también podemos decir que cada vez hay una menor presencia de la prisión preventiva como una cautelar excepcional”, apuntó el defensor regional.
Población penitenciaria
El incremento de la cifra de imputados en prisión preventiva tiene incidencia directa en el aumento de reclusos en las cárceles. Por ejemplo, el penal de Calama originalmente fue construido para una capacidad que no superaba los 300 internos y actualmente alberga más de 800. Aunque Barrientos puntualizó que en el crecimiento de la población de penitenciaria hay distintos factores. El primero, argumentó el abogado, es el aumento de penas de algunos delitos, se creó la noción del marco rígido de ciertos ilícitos que no permiten una rebaja de grado, aun cuando concurran circunstancias atenuantes de responsabilidad. Y la modificación del régimen de prisión preventiva hacen que aumenten el ingreso de personas durante la tramitación de los procesos.
Pero, además, existen factores como la modificación de los criterios y requisitos para el otorgamiento de beneficios de la libertad condicional, que no permiten un desahogo de las unidades penales a través de las decisiones que toman las comisiones de libertad condicional.
“Los requisitos se han modificado en dos oportunidades en el corto tiempo y eso lleva a que las unidades penales tengan pocas posibilidades de ver reducida la cantidad de personas en su interior. Lo que nos preocupa son las condiciones de habitabilidad y dignidad en la permanencia de personas privadas de libertad en las unidades penales. Por eso hemos desarrollado una serie de acciones constitucionales y siendo parte de la mesa de supervisión de las condiciones carcelarias en Antofagasta. Hay una preocupación porque sabemos que existe una condición social que nos debe preocupar y son las situaciones que debemos evidenciar en los tribunales de justicia”, aseguró el defensor regional.
