AGENCIAS
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, ha afirmado este miércoles que su Gobierno no responderá a las observaciones del presidente chileno, Sebastián Piñera, sobre la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para evitar un conflicto entre países y, de esta forma, «darle un gusto antes de que se vaya» del poder.
«El presidente Piñera está esperando una respuesta nuestra y no la va a tener. Se va a ir, y no vamos a darle el gusto de que se vaya con algún exabrupto con Bolivia. Él está pensando en su hoja de vida y nosotros no le vamos a dar su última medalla», ha añadido el funcionario boliviano, que ha dado a entender que este tema lo tratarán directamente con la presidenta electa, Michelle Bachelet, cuando asuma el cargo.
«Seríamos ingenuos si cayésemos en esa provocación», ha dicho García, en unas declaraciones que ha recogido el diario boliviano ‘La Razón’. El vicepresidente también ha informado de que aún se analiza si se atenderá la invitación para asistir a la posesión de Bachelet.
El pasado 11 de febrero Piñera señaló que la demanda que interpuso Bolivia contra su país ante la CIJ «no tiene argumentos legales» y dijo que Morales falta a la verdad cuando se refiere a la relación bilateral. «Muchas declaraciones de personeros bolivianos, no ayudan a resolver los problemas por el tema marítimo, sino que contribuyen a agravarlos», sentenció.
Por su parte, el canciller de Chile, Alfredo Moreno, ha acusado a Bolivia de haber cancelado el diálogo de la agenda, pero en respuesta, su homólogo boliviano David Choquehuanca, sostuvo que fue Chile quien postergó «de manera unilateral» el tratamiento de la agenda que comenzó en 2006, según añade el citado diario.
CONFLICTO TERRITORIAL
La disputa territorial se remonta a 1879, cuando Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile, que culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, sobre el derecho de libre tránsito de mercancías bolivianas hacia y desde puertos en este océano.
Chile asegura que con el acuerdo de paz –que fue ratificado por los parlamentos de ambos países veinte años después– se establecen las fronteras –también las marítimas– de las naciones combatientes, por lo que no ha lugar a ninguna disputa territorial.
Bolivia argumenta que el acuerdo de paz es «injusto, incumplido e impuesto» y ha rechazado la intangibilidad de los tratados internacionales, recordando que Estados Unidos se avino a superar el firmado en 1903 con Panamá.
En un intento de destrabar el conflicto bilateral, el Gobierno de Morales y el de la entonces presidenta chilena Michelle Bachelet firmaron en 2006 una agenda de 13 puntos para iniciar las negociaciones sobre la salida marítima para Bolivia.