La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por el diputado Jaime Araya, denominado “Narcoabogados”, que busca asegurar el origen lícito de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas por delitos de drogas, delitos funcionarios y también causas de la Ley Antiterrorista.
“Después de un largo trabajo por fin se ha despachado al Senado este proyecto de ley, ya que es incomprensible que con el producto de la venta de drogas se financie el pago de millonarios honorarios en billetes a los abogados que los defienden, o pero aún, cuando alguien le roba al Estado, con ese mismo dinero puede financiar su defensa. Se acabó la impunidad”, indicó el diputado Araya.
Proyecto
La iniciativa establece que los abogados defensores de imputados por delitos de drogas, terrorismo, corrupción o asociación delictiva, deberán percibir sus honorarios a través de sistemas de pago distintos al dinero en efectivo, es decir, mediante cheque, vale vista, tarjeta o transferencia, para así determinar quién pagó y si ese dinero es lícito. También se le otorga a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) la facultad de recibir información sobre estos pagos.
Además, se establece que el pago de cualquier fianza, cuando un tribunal determine aplicar para levantar la prisión preventiva de un imputado, se deberá efectuar por medio de sistemas electrónicos o trazables, como -por ejemplo- un vale vista o un cheque.
“Este proyecto aporta trazabilidad a los millonarios pagos, y por lo tanto le crea un serio problema al narco y a la corrupción”, explicó el parlamentario por Antofagasta.
Respecto de las sanciones, el texto aprobado propone que los abogados que incumplan estas exigencias podrían enfrentar la suspensión del ejercicio de su profesión por un término de seis meses a un año.
Finalmente, para el legislador, «este es un avance para la defensa de la democracia que hoy día está amenazada por el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, y esperamos que en el Senado esta iniciativa tenga una rápida tramitación”. Araya afirma que “no se criminaliza ejercer como abogado penalista, sino que se asegura que las defensas se realicen en el marco de la ley” y además espera que el Gobierno se sume a la tramitación de esta iniciativa en el Senado.
