La Contraloría detectó una serie de faltas en los sistemas de control del Gobierno Regional, encabezado por Ricardo Díaz, después de auditar las transferencias que ha realizado a entidades privadas por $1.125.045.483 desde el 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2023.
Según las observaciones preliminares del órgano fiscalizador, publicadas por La Tercera, se han descubierto cinco irregularidades en los traspasos a nueve fundaciones como ProCultura, Asociación Campamento de Ideas, Espacio Lúdico y Movimiento Fibra.
En el informe, elaborado por los examinadores de Contraloría, se consigna que el Gore no registró los traspasos de recursos efectuados a ocho organizaciones, por ocho proyectos, por un total de $856.145.226. Aquí, por ejemplo, se identifica la transferencia de $460 millones a la Fundación ProCultura para la cuestionada iniciativa de recuperación de fachadas.
Por otro lado, los profesionales a cargo de la auditoría constataron que el Gobierno Regional no ha establecido un procedimiento formal para detectar y controlar las eventuales incompatibilidades o inhabilidades en la selección o adjudicación de proyectos. Así les habría señalado la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano, Lizza Aravena Briceño.
Todo esto, explicaron, “no le permite al Gore velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa atingente sobre inhabilidades e incompatibilidades”.
Adicionalmente, establecieron que faltó una “supervisión competente” de la entidad ya que las pautas de evaluación técnica no contaban con las firmas de quienes participaban en los análisis y asignaban los puntajes que sirvieron para que los proyectos fueran seleccionados. Es decir, esto impediría identificar los riesgos a los que se expondrían.
Asimismo, concluyeron que la entidad “no cuenta con un sistema informática para el control del monitoreo de la entrega y posterior rendición, a través del cual se obtenga información integral de los montos transferidos por convenio y entidad, el comprobante de egreso de cada transferencia, los montos rendidos por cada fundación, los montos aprobados, rechazados o pendientes de revisión”.
Una encargada de la unidad de rendición de subvenciones señaló que cuentan con un registro, que corresponde a archivos de Excel, lo cual “representa un riesgo, en virtud de que los datos pueden ser modificados o ser erróneos”, de acuerdo a la Contraloría.
En la observaciones de Contraloría, además se sostiene que el Gore de Antofagasta no ha pedido a las organizaciones la presentación de un comprobante de ingreso que acredite la recepción de los recursos y solo les ha solicitado una fotocopia de la cartola bancaria. De esta manera lo habría afirmado el encargado del departamento de finanzas de la División de Administración y Finanzas, Sergio Tapia.
Esto último, vulneraría las Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas, según los investigadores.
