Una importante audiencia contra el exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, será vista esta semana en el Tribunal Electoral Regional (TER), respecto a la causa que enfrenta la otrora autoridad por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa.
El TER fijó la fecha de la audiencia para el 26 de marzo a las 15:00 horas de forma telemática.
Recordamos que se trata de una acción presentada en marzo de este año por -entonces- seis concejales de la comuna, durante la crisis por el caso de Katherine Yoma, y que buscaba remover del cargo de Jonathan Velásquez. En el documento exponían 15 irregularidades o ilegalidades en las que habría incurrido el otrora jefe comunal, entre las que se encontraban supuestas ilegalidades en la gestión del exvertedero, irregularidades en los contratos de barrido de calles y residuos domiciliarios y uso de abogados del municipio para litigios personales.
Nota relacionada | Conoce los 15 fundamentos de la acusación por abandono de deberes en contra del alcalde de Antofagasta
Si bien el caso continúa después de que perdiera la reelección, si se confirman las acusaciones, podría afectar sus aspiraciones política. Según trascendió buscaba competir en las parlamentaria, por lo que dejó el cargo anticipadamente. Y es que bajo este escenario podría quedar inhabilitado para postular o ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.
Al respecto, el exconcejal Luis Aguilera señaló: «Aunque el ex alcalde en cuestión ya no esté en ejercicio, es importante destacar que, de confirmarse los hechos imputados de notable abandono de deberes y contravención grave a normas de probidad administrativa, podría quedar inhabilitado para ocupar cargos públicos en el futuro, conforme a lo establecido por la ley. Este tipo de conductas no solo afectan el ejercicio responsable de la función pública, sino que también menoscaban la confianza de la ciudadanía en sus representantes, por lo que considero fundamental que se actúe con la debida diligencia y conforme a derecho para garantizar la transparencia y la probidad en la gestión pública».
