Una vez la Seremi de Vivienda de Antofagasta puso término anticipado a los convenios por $500 millones que suscribió con la Fundación ProCultura y solicitó la restitución de los mismos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió al Primer Juzgado de Letras de la ciudad la retención de los dineros que tuviera la entidad en la cuenta creada para estos fines, comprobando así que su saldo era de cero pesos, según informó La Tercera.
A través de un escrito, el receptor judicial Carlos Bonilla dio cuenta que el 7 de noviembre a las 14:31 horas no pudo concretar la retención de bienes decretada en autos ya que la agente del Banco Santander le informó que la fundación no tiene fondos en su cuenta corriente.
Por ello el CDE solicitó al Ministerio Público que realice las diligencias para determinar cuándo y de qué manera fueron retirados los fondos, con objeto de aclarar si los movimientos fueron progresivos o si se hicieron a partir del Caso Convenios.
Cabe señalar que el abogado querellante de la UDI, Pablo Toloza, afirmó hace casi dos semanas que “en esa cuenta corriente la fundación tenía $500 millones. Al momento de ir a incautar esos dineros se ha encontrado que no hay un solo peso, retiraron el día anterior $500 millones”.
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Así las cosas, según supo el medio antes citado, el CDE podría evaluar los bienes que la ONG tenga a su nombre y solicitar al juzgado civil que decrete medidas cautelares sobre ellos. ¿El problema? La fundación solo cuenta con un inmueble avaluado en casi $10 millones.
“(ProCultura) enfrenta un dificilísimo escenario judicial, que en términos dinerarios asciende a $873.002.500 ($500.000.000 por el término de los convenios celebrados con la Seremi de Vivienda y Serviu, y $373.002.500 por el término del convenio celebrado con el Gore de Antofagasta), para lo cual solo cuenta con un inmueble avaluado en $9.982.366”, dice la petición que ingresó el CDE.
Otra de las alternativas es esperar los resultados de la vía penal, pues en ese contexto se podrían retener bienes a eventuales imputados, es decir, los representantes legales de la fundación.
“Desde un principio hemos dicho que vamos a recurrir a todas las herramientas que nos entrega la ley para recuperar los recursos que han sido mal utilizados, por algunos inescrupulosos, para enriquecerse y no para ir en ayuda de los miles de chilenos y chilenas que necesitan una vivienda”, aseguró el ministro Carlos Montes a La Tercera.
Me voy detenido por no tener como pagar una multa de tránsito la cual recibí intentando trabajar para ganarme unas migas. Y no son capaces de procesar por apropiación indebida al zurdo dueño maldito de esa fundación pro boric que se aseguró $400M con ayuda del gore el cuál ha licitado montos excesivos para terrenos así como el core para cárceles.
Yo Apruebo.