La presidenta regional del Colegio de Profesores, Nury Herrera, valoró el proyecto del gobierno para pagar la deuda histórica que arrastran los integrantes del gremio que fueron perjudicados durante el traspaso de la educación por parte del Estado a los municipios en 1981. La dirigente explicó que la iniciativa contó con un amplio respaldo tras una votación nacional, en la que participaron solo los afectados, quienes valoraron el reconocimiento de que existe un compromiso que no había cumplido ninguna administración. El documento, que ahora pasa al Congreso, propone un pago único de $4,5 millones para los docentes involucrados en la deuda, proceso que partirá con quienes tienen mayor edad.
Herrera detalló que había un acuerdo de que cuando el gobierno presentara la propuesta al Colegio de Profesores se realizaría una consulta solamente con los afectados. En esa votación y por mayoría aceptaron el proyecto que beneficiará a unas 57 mil profesionales en el país.
“En una votación grande en todo Chile los profesores afectados en el año 81 decidieron aceptar la propuesta. Por supuesto que podía ser un poco más de dinero, pero se aceptó porque este gobierno fue el único que reconoció la deuda, el resto no lo había hecho”, subrayó la presidenta regional. Sobre la cifra de docentes que en la región recibirán el pago sostuvo que una vez publicada la ley habrá una solicitud de los datos de todos los profesores, instancia que servirá para recopilar y actualizar la información. En el 2022, el comunal del Colegio de Profesores señaló que el número de beneficiados en la región llegaría a 1.500.
“Ahora el proyecto pasa al Congreso y deseamos que piensen en los docentes que han esperado tanto tiempo, muchos han muerto, otros están en avanzada edad y con problemas de salud. También hubiésemos querido que se pagará en menos tiempo, porque algunos recibirán en seis años más, aunque por lo menos ya está el proyecto y esa es una gran noticia”, declaró Herrera.
El seremi de Educación, Alonso Fernández, se reunió ayer con algunos profesores para precisar los alcances de la iniciativa. Según dicha información, habrá un pago individual y único de $4,5 millones a cada docente vivo afectado por la deuda, comenzando de manera progresiva con quienes tienen mayor edad. El pago se concretará en dos cuotas, octubre y enero del año siguiente y se dividirá a los docentes en seis grupos, distribuidos en seis años a partir de la promulgación de la ley.
“Es un hito relevante, significativo e histórico, representa un trabajo de largos años, se traduce también en una oportunidad para solucionar y poder dar respuesta a tantos profesores y profesoras que tanto han entregado a la formación de niños, niñas jóvenes y adultos de nuestra región”, declaró el seremi de Educación.
En el país son cerca de 57 mil los docentes que figuran en los registros del ministerio como acreedores de la deuda. Sin embargo, el gobierno informó que luego de la aprobación de la ley se abrirá un nuevo período para que otros afectados que no estén en ese listado puedan presentar sus antecedentes. Además, el proyecto de ley considera la transmisibilidad en caso de que los titulares de la solución fallezcan.
Y, nuevamente, los profesores se deben conformar con migajas y que después de tantos años, aún deben seguir esperando a que se tramite en el congreso y de ahí que se empiece a pagar, tiempo en que muchos otros morirán y a los que reciban el dinero, en poco tiempo se les irá en remedios y exámenes. Con esto, por supuesto, el ignorante e imbécil Boric va a quedar como rey ya que fue “el único que se dio el trabajo de poner este tema en su agenda”. Pobre y triste guevón. Tan tonta la gente chilena, por Dios, siempre agachando el moño.
Martina, tan mal educada señora o señorita. Las autoridades nos gusten o no, merecen respeto. Lo mismo con ministros, alcaldes, diputados, PDI o carabineros.
En más de 30 años, con gobiernos de izquierda y de derecha, el presidente Gabriel Boric fue el único que buscó una salida a la deuda, la propuso a los afectados y ellos la aceptaron, no por el monto sino como un acto de reconocimiento.
¿Quienes asistieron a esas reuniones? y ¿por qué no se consideraron a las personas minusválidas como prioridad en estos pagos?