Con la firma de los concejales Norma Leiva, Karina Guzmán, Luis Aguilera, Camilo Kong, Waldo Valderrama e Ignacio Pozo, hoy a las 11 horas se ingresará la reclamación ante Tribunal Electoral Regional (TER) en contra del alcalde Jonathan Velásquez, para que se declare el cese de funciones por notable abandono de deberes y contravención grave al principio de probidad administrativa acorde lo permite el Art. 60 letra c) y su inciso 4° de la ley 18.695.
La acción judicial se sustenta sobre 15 puntos que se detallan en las más de 100 hojas que tiene el documento, y que busca la destitución de la máxima autoridad comunal.
Entre esos hechos estarían las eventuales ilegalidades cometidas en la gestión del proceso de cierre del exvertedero “La Chimba”; la alteración del contrato relacionado con el transporte de residuos domiciliarios sin la aprobación del Concejo Municipal; el uso y abuso de los tratos directos infringiendo la ley en materias tan importantes como el servicio de barrido de calles entre muchos otros; la cantidad de sumarios pendientes sin resolver; la situación de ilegalidades en la administración de las concesiones marítimas y emplear los servicios de abogados del municipio para fines personales.
Los abogados que a los que se le otorgó patrocinio en este requerimiento son Axel Villar, Eladio Cuadra y Rolando Lorca.
Hecho que llega en medio del conflicto que tiene la autoridad con los docentes tras -lo que acusan estos últimos- el trato indolente hacia la docente antofagastina Katherine Yoma, quien se quitó la vida tras una serie de graves denuncias de acoso que sufría por parte de una alumna y su familia en la Escuela José Papic.
La acusación ingresada en el TER inicia un nuevo capítulo que marca el quiebre definitivo del concejo municipal con Velásquez, a quien tendrán en el banquillo de los acusados en caso que el recurso sea declarado admisible.
Posterior a aquello, se noticiará formalmente al alcalde de la acción judicial, para luego dar paso a la presentación de pruebas y posteriormente el juicio que confrontará a las partes. Proceso que podría durar cerca de 1 año y cuyo resultado es apelable ante el TRICEL.
