AGENCIAS
La Justicia chilena ha condenado al líder de la comunidad indígena machi Celestino Córdova por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay en el incendio que, según ha determinado, provocó en su finca de La Araucanía, pero ha descartado el carácter terrorista de los hechos.
El Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco ha dado a conocer este jueves su veredicto, en el que declara culpable a Córdova de un delito de incendio con resultado de muerte.
El detalle del fallo se conocerá el próximo 28 de febrero. Si bien, el líder mapuche podría enfrentarse a entre 15 y 40 años de cárcel, dependiendo de las circunstancias agravantes que finalmente estimen los magistrados.
El órgano jurisdiccional se ha pronunciado también sobre el atentado cometido en el Fundo Santa Isabel, perteneciente a la familia Seco-Fourcade, considerando probados los hechos, pero no la participación de Córdova en los mismos.
El caso se remonta al 4 de enero de 2013, cuando Córdova incendió la finca del matrimonio Luchsinger-Mackay, que murió a causa del mismo. Tras la detención del líder mapuche, la Fiscalía solicitó procesarle por esta causa y por la de Seco-Fourcade.
VALORACIÓN DEL GOBIERNO
«Se ha dado un primer paso y muy importante para hacer Justicia en un crimen extraordinariamente dramático», ha dicho el ministro de Interior, Andrés Chadwick, en alusión al caso Luchsinger-Mackay, según informa el diario chileno ‘La Tercera’.
Sin embargo, ha expresado la «discrepancia jurídica» del Gobierno «con el voto de mayoría que se ha dictado en el tribunal, en el sentido de considerar que el asesinato no es una causa terrorista».
La causa contra Córdova se ha convertido en el buque insignia de la lucha del Gobierno de Sebastián Piñera contra la violencia mapuche en La Araucanía, por lo que se ha seguido con gran expectación en el país sudamericano.
La Araucanía es la región chilena con mayor concentración de indígenas mapuche, que desde hace años exigen la devolución de sus tierras ancestrales y denuncian un hostigamiento por parte del Gobierno chileno.
Las autoridades chilenas han negado estas acusaciones y, por el contrario, han apuntado a los nativos como los responsables de numerosos incidentes violentos en la zona, como ataques a fincas y a sus propietarios
