El 4 de julio del 2022, la Corte Suprema dejó sin efecto la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) que realizó Corfo para construir en Antofagasta un centro de investigación y desarrollo para el que se asignarán, en un plazo de diez años, 193 millones de dólares producto de un acuerdo entre la institución y SQM Salar. El máximo tribunal del país ordenó adoptar una decisión “a la brevedad”, sin embargo, desde entonces el tema no ha logrado pasar a la tabla del Consejo de la corporación, ya que los miembros titulares de éste han desempeñado labores académicas o prestado servicios para las universidades que presentaron propuestas para ganar la adjudicación, lo cual es una circunstancia que afecta la debida imparcialidad que requiere el proceso que finalmente entra en un bucle por falta de quórum.
El fallo de la Corte Suprema se fundamentó en que un exgerente de Corfo participó primero en la comisión evaluadora de las propuestas y luego emitió su votó como vicepresidente en el Consejo de Ministros de Corfo. La sentencia indicó adoptar una decisión “a la brevedad” y tras cuestionar que no existe ninguna información disponible sobre el cúmplase de la sentencia, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) solicitó oficiar al Ministerio de Economía para que comunique cuáles son las gestiones que realiza.
El oficio fue respondido por la ministra de Economía (s), Javiera Petersen, y entre los datos entregados al parlamentario, se indicó que el estado actual del cumplimiento del fallo involucró la contratación de una asesoría jurídica para la elaboración de un informe en derecho. El documento consignó que el procedimiento de solicitud de propuestas de la licitación se encuentra pendiente para la revisión del Consejo de Corfo y es aquí donde aparece la principal dificultad.
MIEMBROS TITULARES
Según las normativas que establecen las bases de los Procedimientos Administrativos que rigen a los órganos del Estado, “a los consejeros que participen de la sesión del Consejo de Corfo donde se analizará esta materia no debe afectarle cualquier circunstancia que le reste debida imparcialidad al decidir. En concreto no pueden concurrir a su respecto, entre otras circunstancias, ninguna de las causales que obliguen su abstención”, detalló el informe, agregando los artículos del Estatuto Administrativo que apuntan en ese sentido.
Y continúa explicando que es especialmente relevante considerar a las entidades participantes en las propuestas presentadas a la licitación, entre las que se encuentran universidades, empresas y otras entidades que fueron detalladas en un anexo de la asesoría.
“En este contexto, se ha intentado incorporar como materia de tabla de sesiones del Consejo, sin embargo, se debe considerar que parte de los miembros titulares han desempeñado labores académicas o prestado servicios en las universidades participantes individualizadas en el anexo acompañado. Atendiendo lo expuesto en los párrafos precedentes, y por no alcanzarse el quórum legal necesario para sesionar y/o adoptar acuerdos, no ha sido posible conocer y decidir sobre esta materia a la fecha”, dice el oficio entregado al diputado Araya.
CONSULTA A LA SUPREMA
Otro aspecto relevante del documento es que en uno de sus puntos mencionó la presentación de un recurso de aclaración, rectificación y enmienda para que la Corte Suprema precise o aclare si la adopción de una decisión de la adjudicación ordenada debía ser entendida como un deber de seleccionar alguna de las propuestas admisibles o bien de conformidad con las normas del procedimiento y sus facultades legales el Consejo de la Corporación podría adoptar la decisión de declarar desierto.
En relación con este recurso, el máximo tribunal, con fecha 5 de agosto del 2022, resolvió que “como se pide en la aclaración, solo en cuanto se ordena que la reclamada deberá pronunciarse, en los términos indicados en el fallo dictado por esta Corte Suprema el 4 de julio del 2022, como en derecho corresponda. Téngase la presente resolución como parte de aquella que se aclara”.
El ministerio concluye en su oficio de respuesta al parlamentario que se están realizando todas las gestiones para dar estricto cumplimiento a la sentencia, poniendo todos los antecedentes a disposición del Consejo de la Corporación para su decisión.
“CORFO SABE QUE TIENE CONFLICTO DE INTERÉS”
El diputado Araya manifestó que resulta insólito que todavía no se cuente con una decisión respecto de un tema relevante para Antofagasta, sobre todo, porque el Consejo que debe decidir sobre esta licitación, “es estable con miembros nominados y si Corfo sabe que tiene conflicto de interés, lo que nos está diciendo en buenas cuentas es que esto no podría llevarse a cabo. La situación es altamente compleja para una región que debiera caracterizarse por el dinamismo de la inversión pública. Me parece que estoy raya en la falta de previsión e incluso en la liviandad con que se ha tomado el tema, porque en el propio oficio se aprecia que lo que menos hay es celeridad en la tramitación de la orden que impuso la Corte Suprema”.
La respuesta del ministerio deja más interrogantes que respuestas, dijo Araya, ya que se desconoce una vía clara por la cual accionará la corporación y por ello sostuvo que a la brevedad tienen que indicar cuál es la hoja de ruta a seguir. “Es preocupante, porque el espíritu de Corfo es fomentar el desarrollo en el país y son 193 millones de dólares de inversión que provienen de los acuerdos con SQM que no pueden estar inmovilizados. Estos criterios centralistas son una falta de respeto al futuro de Antofagasta, francamente parece que los temas de regiones importan poco. Corfo tendrá que realizar los ajustes necesarios porque esto necesita seriedad, no podemos vivir eternizando la permanente indefinición de los proyectos de regiones. Somos la capital mundial de la minería, seremos la capital mundial de las tecnologías limpias y con la posibilidad de hacer lo mismo con el hidrógeno verde. Esto es una falta de visión política”, lamentó.
Un aspecto que preocupó al diputado fue la consulta a la Corte Suprema sobre si se debe escoger entre las propuestas presentadas o declarar desierto el proceso y para Araya esto es evidente, porque en modo alguno la sentencia habla de nuevas licitaciones, ya que aquello significa volver a foja cero. “Eso no debiera estar dentro los caminos a resolver por parte de Corfo. Son millones de dólares que están disponibles para ciencia y tecnología y es irresponsable con el futuro de Antofagasta que no se dinamicen los procedimientos para hacer la adjudicación que corresponda. En esto es importante que como región nos tomemos muy en serio esta situación y que los distintos actores de relevancia en esta materia, partiendo con el liderazgo del gobernador regional, se pongan a la cabeza para que esto salga adelante”.
“UNA ORDEN CONCRETA DEL PRESIDENTE A LA CORFO”
Fernando Cortez es el gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), organización que forma parte de la Corporación Alta Ley, que presentó una de las propuestas que participó en la licitación y que está compuesta por la Universidad de Antofagasta junto a otros planteles del país, instancia en la que también figuran la Sonami, Enami, BHP, entre otras entidades.
La propuesta que la Corte Suprema dejó sin efecto había quedado en manos de del consorcio Associated Universities Inc, (AUI), integrado por universidades chilenas y compañías extranjeras. La Corporación Alta Ley y AUI fueron las únicas que respondieron a la solicitud de confirmación que levantó Corfo tras el fallo judicial, Fundación Chile no envió ninguna respuesta.
Cortez expresó que la situación es insólita y grave para Antofagasta, porque la región, que aporta todos los recursos asociados al ITL, no puede seguir esperando la ejecución de esos fondos en un proyecto tan estratégico no solo para la zona, sino también para el desarrollo del conocimiento, de la tecnología y el posicionamiento mundial de Chile en temas clave asociados a el litio, el valor agregado y el hidrógeno verde.
“Es urgente que resuelva esta situación, no es posible que se siga dilatando el cumplimiento del mandato claro y preciso de la Corte Suprema para adjudicar. Pensar en reiniciar un nuevo proceso de licitación significa, en la práctica, posponer la adjudicación de este instituto por lo menos en unos cuatro o cinco años más. Es urgente que, a través de una orden concreta del presidente a la Corfo, se resuelva a la brevedad”, aseguró.
El gerente de la AIA insistió que la región tiene que golpear la mesa y exigir a la brevedad la adjudicación, afirmando que no hacerlo es un atentado grave a los intereses del país en materia de investigación científica y tecnológica y particularmente para Antofagasta, que “es la segunda productora mundial de litio y primer productor mundial de cobre que tiene un desafío estratégico de posicionamiento en investigación y desarrollo tecnológico que no puede seguir esperando. Hay más de cien millones de dólares que están detenidos y eso es inaceptable”.
