“Este informe será puesto en conocimiento del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los fines que en derecho correspondan”. Esta es una de las medidas con las que concluyó la investigación especial que la Contraloría General desarrolló sobre las transferencias efectuadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de la Seremi Vivienda de Antofagasta. Las indagatorias, que comenzaron con el caso de la ONG Democracia Viva y los convenios suscritos con este repartición pública, luego se extendieron a otras fundaciones que recibieron recursos del Estado para ejecutar trabajos en campamentos.
La investigación fue realizada por el Departamentos de Auditorías Especiales del organismo de control y levantó una serie de observaciones catalogadas como de alta complejidad. El informe fue presentado ayer por el contralor general Jorge Bermúdez durante su exposición en la comisión investigadora de la Cámara. La instancia parlamentaria fiscaliza lo ocurrido con el caso Convenios que partió en Antofagasta con Democracia Viva y que más tarde sumó indagatorias por situaciones similares en otras regiones.
En Antofagasta, la Contraloría detectó falta de motivación del acto administrativo que aprobó convenios de transferencia; iniciativas que fueron asignadas directamente por la Seremi de Vivienda; diferencias entre el giro de la fundación y la tarea encomendada, junto con la falta de experiencia para ejecutar los trabajos por parte de las fundaciones TomArte y Fibra. También detectaron personas contratadas por las fundaciones que desempeñaron labores en dependencias de la Seremi de Vivienda y del Serviu de Antofagasta e incluso determinaron que no existía la exigencia de que las ONG presentaran planes de trabajo para desarrollar los proyectos.
Falta de motivación
La fiscalización contempló el Programa de Asentamientos Precarios durante el período entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio de este año. Sobre las transferencias hacia fundaciones, la auditoría detalló que hubo falta de motivación del acto administrativo que aprobó los convenios de transferencia, mediante asignación directa de recursos, sin que dichos actos que autorizaron ese mecanismo estuvieran fundados y acreditaran documentadamente los motivos de su justificación.
Desde el Programa de Asentamientos Precarios del Serviu solicitaron a Vivienda indicar a qué entidad asignarían los convenios, tarea necesaria acelerar los compromisos de ejecución presupuestaria, metas institucionales y llevar soluciones de habitabilidad y seguridad a las familias de campamentos. A través de correos electrónicos se solicitaron al encargado de Planes y Programas de la Seremi enviar invitaciones a tres fundaciones, agregando los contactos para evaluar su potencial incorporación como organizaciones colaboradoras.
Así recibieron una invitación la presidenta de la ONG TomArte (12-07-2022), el director de ProCultura (14-07-2022) y la directora de Fibra (19-07-2022). El 26 de agosto, la encargada regional del Programa de Asentamientos Precarios le comunicó a una funcionaria de la Seremi de Vivienda que había llegado la aprobación de reasignación de recursos, por lo que se requería celebrar 13 convenios para campamentos. En esa fecha todavía aún no estaban seleccionadas las entidades que ejecutarían los proyectos. En un correo electrónico del 15 de septiembre del 2022, una funcionaria que desarrollaba labores de asistente de gabinete informó al jefe de departamento Planes y Programas Habitacionales, ambos de la Seremi de Vivienda, que habían terminado las conversaciones con las fundaciones nuevas, llegando a acuerdo para la asignación de los convenios faltantes con lo que se cerraba la etapa de negociación faltando solo la firma y la resolución aprobatoria.
“De lo expuesto, se observa que las referidas iniciativas de inversión y los fondos correspondientes fueron asignadas a las mencionadas fundaciones directamente a través de la Seremi de Vivienda, no obstante, ni las resoluciones ni los respectivos convenios mencionan los fundamentos que justifiquen la asignación de los proyectos mencionados a tales entidades, como tampoco se aportaron otros antecedentes que acrediten los motivos de dicha elección”, dijo la Contraloría.
Objeto de la fundación y falta de experiencia
La auditoría también cuestionó el objeto de la fundación y su falta de experiencia para las iniciativas que serían encomendadas. En el caso de la Fundación TomArte, con acta de Constitución el 16 de noviembre del 2021, en el artículo tercero de sus estatutos establece que el objeto de la fundación será “crear, estimular, promover, coordinar y difundir iniciativas destinadas al fomento del arte y la cultura en territorios populares en sus diferentes manifestaciones (…) a través de la educación, extensión, enseñanza e investigación, tanto en su parte organizativa como promocional, mediante construcción y autogestión en base a los valores de inclusión, diversidad y con perspectiva de género”.
El 31 de agosto del 2023, la Contraloría revisó en el Servicio de Impuestos Internos y advirtió que la fundación registra su inicio de actividades el 15 de septiembre de 2022, siendo su giro económico vigentes el servicio de producción de obras de teatros, conciertos, espectáculos de danza, otras producciones escénicas; actividades de apoyo a la enseñanza; otras actividades creativas artísticas y de entretenimiento; fundaciones y corporaciones, asociaciones que promueven actividades culturales y recreativas.
“De lo anterior se desprende que la fundación obtuvo, en lo principal, autorización en el Servicio de Impuestos Internos para el inicio de actividades de enseñanza, culturales y artísticas y no en ámbitos concernientes a la construcción de proyectos de servicio público, giro que tampoco tiene incorporado en su acta de constitución”, dice el documento de control. Mientras que los convenios aprobados el 2022 por un total de 456 millones de pesos corresponden a la “implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven con el objeto de mejorar el estándar de habitabilidad en un corto tiempo, por medio de obras básicas de carácter transitorio y acciones comunitarias de fortalecimiento de capacidades, para elevar el umbral mínimo humanitario, en base a salubridad y seguridad”.
El organismo fiscalizador sostuvo que con todo lo anterior observó una falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades a ejecutar. También constató que los tres primeros convenios se suscribieron el 20 de septiembre del 2022, esto es, solo cinco días después de que el Servicio de Impuestos Internos aprobara el inicio de actividades.
La fundación Fibra se constituyó el 9 de enero del 2019 con un patrimonio de un millón de pesos. El artículo tercero de sus estatutos indica que su objeto será “la promoción, formación y el desarrollo integral de las personas y comunidades por medio de la realización de todas aquellas actividades que contribuyan al fomento de la educación en su sentido más amplio, el arte y la cultura en sus más variadas expresiones: artístico, científicas, sociales, medioambientales, vida saludable y deporte”.
Como actividades económicas vigentes en el Servicio de Impuestos Internos figuran registra la regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales; otros tipos de enseñanza; fundaciones y corporaciones, asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas.
“Lo expuesto da cuenta que dicha entidad posee autorización para desarrollar actividades de servicios sanitarios, educativos, culturales, enseñanza y culturales, pero no así en lo concerniente a la construcción de proyectos de servicio público, giro que tampoco tiene incorporado en sus estatutos”, informó la Contraloría. Los convenios aprobados por Vivienda fueron por 430 millones de pesos para disponer la entrega de recursos para la implementación y ejecución de una intervención socio territorial para las familias de asentamientos precarios y en el territorio en el que viven, es decir, el mismo extracto que aparece en los convenios con TomArte y Democracia Viva.
“Lo expuesto da cuenta del incumplimiento del anotado ahora protocolo para suscripción de convenios del Programa de Asentamientos Precarios”, de julio del 2022 que, dentro de los requisitos generales para organismos sin fines de lucro receptores, se establece la experiencia en intervenciones comunitarias y territoriales, incorporando al efecto una presentación de su trabajo o carta de interés que señale su experiencia”, se lee en la auditoría.
Contratados por fundaciones en oficinas públicas
Una situación que la Contraloría solo detectó en Antofagasta y otra región corresponde a personas contratadas por fundaciones que desempeñaron labores en dependencias de la Seremi de Vivienda y el Serviu. Estas contrataciones desarrollaron, entre otras, labores de gestión administrativa, financiera y de asesoría relacionada con los convenios del Programa de Asentamientos Precarios en las oficinas de esas reparticiones públicas. Aquí aparece la Fundación Superación de la Pobreza con tres personas; Asociación Campamento de Ideas (4), ProCultura (2) y Fibra (2).
“Lo señalado da cuenta de que tales personas cumplían funciones propias de las reparticiones mencionadas, no obstante, fueron contratadas por las distintas fundaciones y sus remuneraciones financiadas con cargo a recursos asignados a ellas por la misma Seremi de Vivienda, para la ejecución de iniciativas de inversión, lo cual incide, además, en la legalidad de las mismas, así como en un eventual manejo de información privilegiada por parte de aquellas, las cuales, por lo demás, carecen de responsabilidad administrativa ante eventuales faltas negligencias en su desempeño, por no revestir la calidad de funcionarios públicos. Asimismo, lo expuesto advierte el uso de recursos para fines distintos al objeto del Programa de Asentamientos Precarios”, apuntó la investigación especial.
Planes de trabajo
El informe indagó en los planes de trabajo de las actividades a ejecutar por las ONG, explicando que hubo falta de determinación por parte de la Seremi de Vivienda y de Serviu de las prestaciones específicas a realizar por las fundaciones, es así que “para las iniciativas asignadas a las fundaciones FUSUPO, Urbanismo Social, Procultura, TomArte y Fibra, no se aportaron antecedentes que permitan constatar una asociación entre los fondos transferidos, el detalle de las prestaciones a realizar, las especificaciones técnicas y sus tiempos de ejecución”.
También se detectó la falta de exigencia oportuna del plan de trabajo general, ya que algunos de ellos fueron enviados por las entidades ejecutoras en meses posteriores a la suscripción del acuerdo e incluso uno de estos planes fue remitido 14 meses después y en otros casos no hubo evidencia de la entrega de estos.
Control de recursos transferidos
Durante la investigación el organismo de control constató que no existe en el proceso de rendiciones un mecanismo de contraste para verificar que la organización mantiene a su disposición los recursos pendientes de rendir. El 30 de mayo de 2023, el exseremi Carlos Contreras emitió un oficio en el que solicita por primera vez a las fundaciones que remitieran en el plazo de cinco días hábiles la conciliación bancaria correspondiente a la rendición de abril 2023, aspecto que, de acuerdo con los antecedentes dispuestos por la Seremi, no evidencia su cumplimiento por parte de Procultura, TomArte, Campamento de Ideas, Urbanismo Social y FUSUPO.
“Lo anterior no permite conocer la disponibilidad de los recursos por parte de las entidades receptoras y/o comprobar si este corresponde al saldo pendiente de rendición, lo que conlleva el riesgo de que, ante un eventual incumplimiento del convenio, no cuenten con los recursos para un eventual reintegro, más aún, considerando que una misma entidad ejecuta diversos convenios simultáneamente”, advirtió la Contraloría. Este es uno de los puntos que llevó al inicio de juicios civiles, porque el Estado ya intentó recuperar recursos de las fundaciones, sin embargo, no hubo concordancia entre las cifras que las ONG indican como las que corresponde reintegrar y las que son solicitadas. El mismo contralor general Jorge Bermúdez indicó que en algunos casos será casi imposible recuperar la totalidad de los dineros.
