Con críticas a la incapacidad que ha tenido el Estado, especialmente el Ministerio Público, en la labor de desbaratar bandas, así como al trabajo de persecución penal que ha demostrado la fiscalía reaccionó el senador de la Región de Antofagasta, Pedro Araya Guerrero, tras las últimas modificaciones que se hicieron a la ley de control de armas, reformas que aumentaron sustancialmente las sanciones para los delitos asociados a esta materia. “También demandamos que estas instituciones hagan la pega como corresponde”, enfatizó el legislador.
Asimismo, el parlamentario antofagastino agregó que “si el Ministerio Público no es capaz de desbaratar estas bandas, no sacamos nada con seguir dictando leyes que aumenten las penas, si los delincuentes saben que al final del día no van a ser descubiertos y llevados a la justicia”.
De igual modo, el senador Araya agregó que “el problema no es aquella persona que quiere comprar un arma e inscribirla conforme a la ley, si no la incapacidad que ha tenido el estado y especialmente el ministerio público para poder desbaratar aquellas bandas que se dedican a la fabricación de armas “hechizas” así como también al tráfico de armas”.
Modificaciones
Recordemos que, a inicios de este año, la cámara alta aprobó una serie de modificaciones a la ley de control de armas entre las que se cuentan definiciones, fiscalización, permisos y requisitos para la inscripción.
En esta línea, se estableció que cada una de las instituciones que compongan las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, Gendarmería de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil, deberá mantener un Registro de Armas de Fuego, disponiendo sistemas de trazabilidad de sus armas y municiones, entre otras indicaciones.
