La mayor prueba de que nadie en el gobierno dimensionó la crisis que estaba por estallar es que, a principios de año y de manera informal, los funcionarios del Serviu de Antofagasta comenzaron a advertir problemas con algunas acciones que desarrollaba Carlos Contreras, en ese momento seremi de Vivienda. No solo cuestionaban su relación con un servicio con el cual el arquitecto no ejerce jefatura, sino que también criticaban una serie de millonarios convenios para ejecutar trabajos en campamentos que estaban rodeados de vínculos políticos y personales.
Debido a la gravedad de los antecedentes, la Asociación de Funcionarios del Serviu envió el 2 de mayo un correo electrónico a la Subsecretaría de Vivienda alertando lo que ocurría en Antofagasta. Sin embargo, la comunicación no tuvo ninguna respuesta, tampoco el oficio que la diputada Yovana Ahumada (Avancemos Chile) despachó a esa cartera el 7 de junio, exponiendo los mismos datos entregados por la asociación.
No fue hasta la tarde del 16 de junio, cuando este Medio publicó que “En 2 meses: Fundación de pareja de la diputada Pérez (RD) se adjudicó $426 millones en convenios con Seremi de Vivienda de Antofagasta”, que el gobierno comenzó a percibir que existía un problema, aunque todavía sin intuir la magnitud de la crisis política que, hasta el momento, suma las renuncias de un seremi, una subsecretaria y un ministro de otra repartición, además de la salida de un asesor del Ministerio de Vivienda, expulsiones de partidos políticos, la militancia de una parlamentaria congelada y una causa penal que registra dos personas en prisión preventiva y otros tantos bajo investigación. Además, en aspectos netamente políticos, la oposición amenazó con una acusación constitucional al exministro Jackson, quien finalmente presentó su renuncia al gabinete del Presidente y, ahora, sigue el mismo camino con el titular de Vivienda, Carlos Montes.
Ahumada, quien explicó que la respuesta al oficio enviado los primeros días de junio llegó cuando estaba en curso la comisión investigadora de la Cámara, cuestionó que nadie del gobierno dimensionara el impacto que tendría denuncia de los funcionarios, ni menos que se replicaría en otras regiones.
COSTO POLÍTICO
“Esto literalmente fue un golpe para el gobierno, porque ellos llegaron creyéndose moralmente superiores a los políticos de siempre, mostrándose casi como una especie diferente, sin embargo, con estos hechos demostraron que no era así. Gente de partidos importantes de la coalición está involucrada en estos casos corrupción que no se han detenido y que de alguna manera salpicaron a otras carteras, como el ministro Jackson, quien se vio afectado por lo ocurrido con Democracia Viva. Con el ministro Montes, independiente de su trayectoria, estamos viendo que esto también genera un costo político, a pesar de que no lo quieran aceptar. Y esto no ha terminado, recién comienza”, declaró la parlamentaria.
Una vez que estalló el caso, el gobierno quedó atrapado en él, agregó Ahumada, manifestando que se trata de una herida que tiene al Ejecutivo desangrándose en parte por su propia inacción. Para la diputada, si se hubiesen tomado medidas más duras y claras cuando se divulgaron los convenios, sin proteger a nadie, como lo habían adelantado desde el gobierno, cree que aquello de alguna manera habría liberado un poco a la administración.
En ese sentido apuntó a la relación de la Cámara con el Ejecutivo. “Lo que ha pasado no da certeza para un avance en el trabajo con ellos, porque piden más recursos y qué seguridad tenemos que esos dineros terminarán en beneficio de los ciudadanos porque no hay acciones concretas. Cuando sucedió lo de Democracia Viva, solicité un cambio y enfocarnos en un Estado mucho más eficiente, fiscalizador y mejor administrador, porque bajo estas condiciones no podemos entregar más recursos”, dijo Ahumada. Además, recordó que cuando Giorgio Jackson estuvo a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, tampoco había una cercanía con el Congreso y después aquello se agudizó.
“EL RELATO SE DERRUMBÓ”
El doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano, señaló que el impacto, en el caso de Revolución Democrática (RD) fue equivalente a una bomba atómica, porque desde el punto de vista orgánico y del relato todo se derrumbó. “Mucho de este partido era un relato, se denominaban una nueva política, más altruista, abierta a las minorías y sobre todo presentándose como anticorrupción para diferenciarse de la vieja política. Es mucho más difícil reconstruir un partido político que construirlo y para lograr eso tendrían que integrarse con otro, pero vemos que el Servel, al parecer, disolverá a Comunes, entonces hablamos un sector altamente dañado por una onda de choque del caso fundaciones”, analizó.
En la región, RD cayó en silencio desde el 16 de junio cuando estalló el caso. Para Zamorano, se trata de un hecho que puede explicarse de manera negativa. “Deja la impresión que es la tónica del partido, cuando no puede tomar la postura de víctima, de género u otra minoría agredida, queda muy poco de su argumentario. El partido en la región debió enfrentar la situación y quizás eso iba de la mano con mostrar como ejemplo algunas sanciones internas. Pero eso no sucedió y la otra alternativa fue callar hasta que pasara todo, lo que a corto y mediano plazo es la menos efectiva si querían reafirmar los principios del partido”, cuestionó.
Con el paso de los meses el caso llegó hasta La Moneda, dijo Zamorano, porque Contreras mencionó que había informado de los convenios al Palacio, desmintiendo así al jefe de asesores Miguel Crispi, quien dijo que solo conoció un rumor al respecto. Pero luego apareció vinculada su tía Verónica Serrano, añadió, lo que abrió una correlación que será indagada por fiscalía y con ello se llega muy cerca del círculo de hierro del Presidente, quien respaldó a Crispi y al ministro Montes. En este sentido, el analista no cree que fuera una buena jugada política, ya que podría afectar más si lo del jefe de asesores se complica.
“También cayó un ministro, Giorgio Jackson, y hubo una polémica por el robo de una caja fuerte y computadores. Es un grupo que nace desde el movimiento pingüino y el contrarrelato incluso se acerca a hechos que pueden ser delictuales, apagando la narrativa que instaló este segmento de la izquierda durante un poco más de una década. Se está desmoronando muy rápido lo que habían construido”, comentó.
El doctor considera que iniciando en marzo el segundo tiempo del gobierno, el Ejecutivo todavía tiene tiempo, pero para contener los daños, circunscribir hasta dónde llega la crisis, porque todavía no se conoce su profundidad. “Por eso es importante el trabajo interno del gobierno y de los partidos, para limitar los efectos de esta crisis, una gestión de daños. Quedan dos años para la presidencial y es difícil cuando estás lidiando con esto, además, levantar a alguien. A mi juicio, la aguja se dirige hacia la exConcertación y la figura de Michelle Bachelet es la más plausible. Pero ahí nos acercamos a los socialistas y por eso la situación de Montes es importante y hay que analizar si realmente será una buena idea mantenerlo en el ministerio, porque se abre una doble pregunta, continúa para no dejar otra mancha más del caso o quizás manchará al seguir en el cargo”, reflexionó.
