El Consejo Regional de Antofagasta ratificó este miércoles los acuerdos para poner en marcha la Estrategia Minera para el Bienestar de la Región de Antofagasta (EMRA) 2023-2050.
La EMRA 2023-2050 fue impulsada y financiada por el Gobierno Regional y el Consejo Regional de Antofagasta. Se construyó sobre la base de las principales evaluaciones y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), contenidas en el «Estudio de Caso de Regiones y Ciudades mineras de la OCDE: Región de Antofagasta, Chile”, realizado por el Centro de Emprendimiento, PYMEs, Regiones y Ciudades (CFE) de la OCDE, con la participación del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (IPP-UCN), quien brindó coordinación y asesoría técnica.
La EMRA -que se articulará con la Estrategia Regional de Desarrollo- ofrece un camino para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo, pero reconociendo las brechas existentes. Por ello explicita que las comunidades donde se desarrolla la minería en Antofagasta continúan rezagadas en varias dimensiones del bienestar y se requieren mayores esfuerzos para ofrecer oportunidades de desarrollo a nivel local.
No obstante, también se deja en claro que el sector minero desempeña y desempeñará un papel estratégico en el desarrollo de la región de Antofagasta y de Chile, de allí la necesidad de generar un trabajo amplio y de largo plazo para beneficio de todos los actores.
“La Región de Antofagasta requiere avanzar en varias dimensiones del bienestar, con el fin de asegurar una mejor calidad de vida a todos los habitantes y a las comunidades indígenas de la región. Para ello se requieren mayores esfuerzos públicos, privados y de la sociedad civil”, precisa el documento. En ese plano para asegurar que se alcancen la visión y los objetivos de la EMRA, el Gobierno Regional ha llegado a un total de 19 acuerdos transversales prioritarios en cuatro dimensiones: ambientales, sociales, económicas e institucionales.
RELEVANCIA NACIONAL
El gobernador Ricardo Díaz Cortés destacó la importancia de estos acuerdos, por lo que agradeció la aprobación del Consejo Regional.
“La academia, la sociedad civil y pueblos originarios, las empresas y el mundo público, fuimos capaces, con todas las diferencias que tenemos, de darnos la oportunidad de conversar y de soñar con un futuro distinto, por esto los invito a que juntos sigamos construyendo esta nueva mirada”, afirmó el gobernador.
El proceso de elaboración del documento implicó unas 90 reuniones con representantes de los sectores público y privado, así como comunidades indígenas, no indígenas, y académicas, esfuerzo que ha sido acompañado por tres revisores homólogos de Canadá y Estados Unidos.
La firma simbólica de los acuerdos transversales alcanzados en el marco de la Estrategia fue signada en octubre del año pasado, con una actividad en la explanada del Monumento Ruinas de Huanchaca junto a autoridades y representantes públicos, privados, las comunidades, las universidades y la sociedad civil. Representantes de todos los sectores firmaron el lienzo denominado ‘’Nuevo Pacto Social’’, que marcó el inicio de un trabajo conjunto y colaborativo a futuro, bajo los 19 acuerdos prioritarios que el Consejo Regional de Antofagasta acaba de validar y ratificar.
El Rector de la Universidad Católica del Norte, Dr. Rodrigo Alda Varas, destacó que la Estrategia Regional pone en el centro el bienestar de las comunidades y, con ello, el sueño de ser una mejor región. “Para avanzar en este camino debemos actuar bajo un paradigma distinto, un paradigma de colaboración, de complementariedad y con una visión sistémica de la región que recoja los múltiples ámbitos de los distintos territorios”, dijo la autoridad académica.
NUEVO PACTO SOCIAL
La Estrategia Minera Región de Antofagasta considera cuatro dimensiones que serán el soporte del instrumento regional con metas claras al 2030.
Dimensión ambiental: incluye aspectos como transición para una minería más sustentable; transición hídrica: aspiración a disminuir el uso de agua continental sobre los derechos de agua de la minería metálica en un 60%; transición energética: favorecer el 100 % del consumo energético de la minería provendrá de fuentes renovables; reducción de gases de efecto invernadero, a lo menos un 30% de emisiones GEI operativa; reducción de generación de residuos de aire, tierra y agua, de un 50 % de los residuos sólidos industriales no peligrosos, destinándolos a reutilización, reciclaje o revalorización; compromiso por la biodiversidad y la conservación del capital natural y su recuperación; y la transparencia en los sistemas de monitoreo ambiental.
Dimensión social: establece contribuir en el sector educacional de la región en varias dimensiones como reforzar la educación preescolar para garantizar acceso de las mujeres a la minería, nivelación de estudios, fortalecimiento de postgrados con pertinencia regional y el desarrollo de transferencias de habilidades digitales para el siglo XXI, con una meta concreta de alcanzar el 50% de los escolares de enseñanza básica y media de la región al 2030. Además establece contribuir al desarrollo de ciudades sustentables y fortalecer las capacidades de coordinación técnica, financieras e institucionales regional y local para mejorar la infraestructura en todas las comunas de la región, aumento de la participación laboral femenina en la industria minera un 25% al 2025 y contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades locales, con particular cuidado en las Áreas de Desarrollo Indígenas (ADIS).
Dimensión económica: considera el compromiso regional por una minería competitiva e innovadora con estándares de clase mundial, fortalecer la participación de proveedores locales en la cadena de valor de la minería, desarrollo de logística e infraestructura común, y fortalecimiento de alianzas con universidades regionales en innovación y tecnología. Potenciando la inyección de recursos económicos públicos y privados en instituciones regionales de educación superior regional, educación media y técnico profesional, para acelerar sus planes de desarrollo institucional.
Dimensión institucional: incluye desarrollo de una institucionalidad pública regional sólida y coordinada, fortalecimiento de recursos y capacidades en el ámbito público regional, y fortalecimiento de la institucionalidad para la innovación y la productividad. Como integrar un marco de fomento orientado a la sostenibilidad (económica, social y ambiental) de la pequeña y mediana minería.
