Veinticinco de 53 corporaciones municipales serán pasadas a sumario en la Contraloría luego de que un reciente informe del Consejo para la Transparencia detectara que cerca del 50% de las instituciones encargadas de administrar los fondos públicos en salud y educación a nivel comunal no cumplen con niveles mínimos de transparencia activa.
Según consigna La Tercera, dentro todas las Corporaciones Municipales del país 25 de ellas pasarán a sumario por esta situación, se encuentra la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS) de Antofagasta con solo un 52,15% de cumplimiento. CMDS cuyo directorio, según consta en su página web, se encuentra compuesto por Carlos Cantero Ojeda, Osvaldo Pasten Díaz, Héctor Gómez Salazar, Eslayne Portilla (Secretario Ejecutivo subrogante de la Corporación) y la Alcaldesa Karen Rojo Venegas (Presidenta).
Lo más frecuentemente detectado entre las corporaciones menos transparentes fueron ausencia de balances financieros disponibles, información de ejecución presupuestaria desactualizada y ausencia de datos básicos de los servicios de salud pública. El diagnóstico de los niveles de transparencia que reflejaron las corporaciones municipales – las instituciones que administran fondos públicos y ejecutan servicios básicos a nivel comunal – encendieron una luz roja en el Consejo para la Transparencia (CPLT), luego de que el organismo detectara un retroceso en el último año de los índices de transparencia activa exigidos por la ley de acceso a la información pública entre las 53 corporaciones municipales dedicadas a salud y educación en las comunas.
Identificadas entonces como las instituciones peor evaluadas entre todos los organismos que administran fondos del Estado, los bajos resultados de las corporaciones municipales despertaron la alerta del CPLT, que en los próximos días enviará a la Contraloría los antecedentes de 25 instituciones (dentro de los cuales se encuentra Antofagasta) con el fin de instruir sumarios por lo que los alcaldes arriesgan sanciones pecuniarias que oscilan entre el 20% y el 50% de su remuneración en caso de ratificarse las irregularidades.
«No es aceptable que tengan un desempeño tan precario en la publicación de información en sus páginas web y que se conviertan en las cajas negras de los municipios», indicó la presidenta del Consejo para la Transparencia, Vivianne Blanlot.
En medio de un ambiente de cuestionamiento a la administración municipal -a raíz de casos que llegaron al Ministerio Público, como el desvío de fondos de la Ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) en 37 corporaciones municipales, y los recientes casos de irregularidades en la adjudicación de licitaciones por servicios de recolección de basura en comunas como Maipú y Cerro Navia-, cobró gran relevancia el diagnóstico de las principales falencias en transparencia, como el déficit de información disponible – o inexistencia de ella- respecto de actos sobre terceros, ejecución presupuestaria, contrataciones y compras, e información de remuneraciones y otros datos de los pagos por conceptos de honorarios en las corporaciones.
La principal preocupación del CPLT, según explicó Blanlot, radica en que estas corporaciones de derecho privado manejan cuantiosos recursos, incluso superiores a los que tienen las propias municipalidades.
Según información de Contraloría y los mismos gobiernos comunales, el volumen de recursos comprometidos puede significar -por ejemplo- 1,3 veces el presupuesto total del municipio o más de la mitad del presupuesto de comunas con volúmenes de gastos altos como Ñuñoa, Puente Alto o Viña del Mar (las que bordean más de $70 mil millones al año)
Transparencia, subsidios y beneficios
El impacto en la ciudadanía de las faltas a la Ley de Transparencia en este sector también fue cuantificado por el estudio del CPLT. Según el informe, más de un millón de usuarios de los servicios públicos de salud y educación municipal se ven afectados por el nivel de incumplimiento (51,16%) en cuanto a la entrega -o incluso inexistencia- de información en el acceso a trámites como la inscripción en consultorios, el retiro de medicamentos o la inscripción de matrículas en escuelas o liceos.
En cuanto a «subsidios y beneficios», el nivel de incumplimiento alcanzó un 39,48% en promedio, debido a que 39 corporaciones no cuentan con información disponible sobre programas de beneficios sociales como vacunaciones e iniciativas de salud para adultos mayores.
La falta de control y el insuficiente cumplimiento de las reglas sobre transparencia en los municipios también fueron advertidos por el consejo Asesor Anticorrupción, que en el informe entregado al Ejecutivo destacó la actividad municipal como un foco de alto riesgo para faltas a la probidad.
En el documento emanado por la comisión se plantea justamente, «mejorar la regulación de mecanismos de transferencias para facilitar el examen y fiscalización de los gastos, incluyendo a aquellos organismos creados por los municipios tales como Corporaciones y Asociaciones de Municipios, que administran y ejecutan servicios municipales»; aspectos que serán clave en las propuestas relativas a los gobiernos comunales que prepara el gobierno.
