Corriendo el Velo del Galpón de Concentrado

Poco a poco se va corriendo el velo de este proyecto. El miércoles 25 de diciembre El Mercurio de Antofagasta, en la crónica de Tamara Miranda Varela sin indicar la fuente, señala que el galpón del puerto es para embarcar el concentrado de cobre del proyecto de la empresa Sierra Gorda SCM, con una capacidad de almacenamiento de 22.000 toneladas para la recepción, manejo y embarque de este polvillo de concentrado por parte de ATI.
Lo arriba señalado lleva inmediatamente a tres cuestiones fundamentales: a) El Seremi de Medioambiente rechazó en forma tajante a mi persona que el Galpón del Puerto tuviera alguna relación con la empresa Sierra Gorda SCM, lo cual no es avalado por lo publicado por El Mercurio. ¿A quién creerle? b) La DIA presentado por ATI indica que la capacidad de almacenamiento es de 90.000 toneladas métricas, contradiciendo a lo informado por ese medio, que indicó que son 22.000 toneladas. Estas cifras están directamente relacionadas con el potencial impacto ambiental en su entorno. ¿A quién creerle? c) Se indica explícitamente por ese medio que la responsabilidad ambiental fue “externalizada” por Sierra Gorda SCM a ATI en lo relativo al acopio, manejo y embarque del polvillo de concentrado. Entonces, ¿Es legal, ética y comunitariamente sustentable “externalizar” por el mandante este tipo de responsabilidades propias de su giro sobre una actividad que se situará en pleno centro de la ciudad de Antofagasta? ¿A quién creerle?
En la misma crónica de El Mercurio de Antofagasta se cita al ex intendente Pablo Toloza, quien firmó la autorización de la DIA presentada por ATI, en donde declara que el transporte del polvillo de concentrado se efectuará por ferrocarril en “un viaje por día” y que no se hará con camiones. Entonces, ¿Qué empresa hará este transporte y bajo qué resguardos ambientales? ¿Es otro “proyecto” con otra DIA? ¿Qué información puede aportar la Seremi de Medio Ambiente al respecto? ¿Sólo DIA’s? ¿Cómo la comunidad se puede informar en la Web del SEA? Me permito señalar que una frecuente y tozuda equivocación de Autoridades y empresas es dar por sentado que la comunidad debe aceptar que se ha cumplido con el deber de informar por el mero hecho de publicaciones en sus sitios Web y en el Diario Oficial o por insertos pagados en los medios locales. Es oportuno señalar que una DIA no requiere de estudios ambientales detallados como tampoco de consultas con la comunidad y podría “pasar piola”.
Claro, porque un estudio de Impacto Ambiental, EIA, exige más investigaciones de diverso tipo incluyendo una Línea Base Ambiental que mida diversas variables a lo largo de las diferentes estaciones del año y, lo que es más importante, que la comunidad potencialmente afectada ejerza su derecho a ser oportunamente informada y que sus observaciones sean consideradas y respondidas en forma clara y precisa.
Es posible que el proyecto sea muy bueno con tecnología excelente que asegure que no contaminará su entorno biofísico ni afectará la calidad del suelo, aire y agua incluyendo el ambiente de trabajo, la flora y fauna marina y, lo que es más importante, la salud de las personas. Pero no es suficiente que ATI lo diga, posiblemente presionada por su mandante. Debe informar, documentar directamente ante los diversos grupos de interés de la comunidad que potencialmente se sientan afectados sobre la calidad y beneficios de su proyecto, escucharlos, entenderlos y ganarse su confianza. Por ejemplo, ¿Qué información ha compartido y analizado ATI con los apoderados y profesores de la escuela que está al otro lado de la calle? ¿Con la comunidad del edificio Obelisco? ¿Del edificio Galeno? ¿Del Pukará? ¿De la Clínica Antofagasta? ¿Del Mall? ¿Hoteles Terrado y Antofagasta? ¿Qué dice la Academia de las Universidades de la Región?
Todos estos aspectos al parecer no fueron adecuadamente ponderados por las empresas involucradas que ya se ven expuestas a la crítica pública, la que carga la mano sólo a ATI. Lo que parece más delicado es la “externalización” de las responsabilidades ambientales de la empresa Sierra Gorda SCM. Puede que sea legal pero comunitariamente suena ilegítimo.
Y para terminar: ¿Cuál es la fuente de financiamiento del galpón cuyo costo es de US$ 43 Millones? ¿Alguna relación con Sierra Gorda SCM? Son preguntas razonables que sólo tienen por intención solicitar transparencia. Sin transparencia se abre el terreno para el pelambre y la especulación en que el rumor es la verdad que dificulta la ejecución de buenos proyectos que aporten al desarrollo de la región.
José Miguel Ojeda F.
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