La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó los recursos de apelación y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para el exrepresentante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad.
El viernes pasado, inmediatamente después de la decisión del Juzgado de Garantía, Andrés Bustos, representante de Contreras, anunció que iba a apelar a la cautelar argumentando que hubo más personas que dieron el visto bueno y revisaron los antecedentes de los convenios, en especial respecto a Democracia Viva. También señaló que exseremi no tuvo “ningún tipo de responsabilidad sobre las decisiones de a qué otras fundaciones se deciden para entregar fondos”.
Más tarde, según consignó La Tercera, la defensa de Andrade -representada por los abogados José Ignacio Figueroa, Germán Cueto y Juan Pablo Roncone- apeló a la resolución manifestando que el exrepresentante de la entidad “no constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, pues se trata de una persona con “rasgos de personalidad plenamente adaptativos y ajustados a normas sociales, que ha demostrado colaborar con la investigación”. Adicionalmente descartaban la comisión de delitos de fraude al fisco, afirmando que su representado no recibió ningún peso de los $426 millones transferidos por la Seremi Minvu de Antofagasta.
El Ministerio Público, recordemos, formalizó a Andrade y Contreras como presuntos autores de tres delitos de fraude al fisco. Los ilícitos, explicó el fiscal Cristian Aguilar, tienen penas que van desde los cinco a los 15 años de cárcel.
Con todo esto, luego de escuchar los alegatos de las defensas que iniciaron a las 9:30 horas de este viernes, la Corte de Apelaciones de Antofagasta -integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Fernando Orellana Torres- confirmó la medida cautelar prisión preventiva decretada por el Juzgado de Garantía. El plazo de investigación es de seis meses.
Excelente noticias aunque 6 meses es poco para la investigación debería ser al menos 1 año para encontrar más culpables ya que muchos se lucraron con platas que no eran de ellos y así poder devolverlas