La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió parcialmente un recurso de protección presentado por un grupo de apoderados de la Escuela Raíces y ordenó a la Seremi de Educación continuar con la entrega de subvenciones. El establecimiento, que trabaja con niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), resultó afectado por un decreto que regula los metrajes y las jornadas de clase. En ese escenario, la escuela quedó en un estado de incumplimiento que paralizó los aportes estatales y al adaptar su trabajo quedarían 80 niños de enseñanza básica sin la posibilidad de continuar estudiando, debido a la falta de autorización y la ausencia de la subvención que permite su funcionamiento.
El recurso fue patrocinado por Ricardo Mak. El abogado inició la Fundación Apoyo Legal TEA, que ayuda con asesoría legal a niños, niñas y adolescentes con el diagnóstico del espectro autista que sufren discriminación o algún tipo de afectación. El profesional, que representó al 85% de la comunidad de apoderados de la escuela, interpuso el recurso en agosto ante la incertidumbre por lo que estaban pasando los padres, ya que muchos tomaron la decisión de pasar a sus hijos a educación libre y otros intentaron postularlos a establecimientos regulares.
“Lo que destaco de la sentencia es que zanja la discusión sobre cuál es la base para tomar la determinación de si se pagan o no las subvenciones en estos en estos casos. Es importante recalcar la importancia de la Escuela a Raíces en la región e incluso podría ser más amplio, porque objetivamente es el único establecimiento especializado desde Arica hasta Viña del Mar, donde hay otra escuela especializada. Raíces tiene una lista de espera de más de 100 alumnos, con escuela básica hasta quinto año y el nivel de profesionalización del personal es importante. La labor que realizan es trascendental y por eso como fundación determinamos apoyarlos cuando vimos que existían estos actos que a criterio de nosotros son arbitrarios e ilegales”, afirmó.
El recurso de protección fue contra la Seremi de Educación debido a la negativa de otorgar la subvención y autorización necesarias para el funcionamiento completo de la escuela. Para el abogado, la decisión se fundamentó en la estricta aplicación de normas vigentes, pero sin considerar las particularidades del establecimiento ni las necesidades de los alumnos. En la acción solicitó anular un ordinario emitido por Educación que desconoce las tres jornadas de la escuela, requiriendo autorización del funcionamiento de todas las salas, incluidas las afectadas por modificaciones en 2019, validando la organización en tres jornadas diarias y que se otorgue la subvención para el funcionamiento de los cursos conforme al Decreto 815 para evitar la interrupción de los servicios educativos.
Todo lo anterior surgió luego del 25 de julio del 2024, cuando la Seremi de Educación emitió el Ordinario N°0857, indicando que Raíces no cumplía con los requisitos de infraestructura ni con la normativa para operar en tres jornadas diarias. Esta decisión obligaba al establecimiento a adaptar sus operaciones, dejando a 80 niños con necesidades educativas especiales de enseñanza básica sin la posibilidad. La resolución, apuntó el abogado, ignoró la importante labor que, por más de 20 años, ha beneficiado a niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.
Las observaciones técnicas apuntaron especialmente a la infraestructura. Según los informes, la escuela debería contar con un patio de 210 m² dividido en áreas específicas para niveles parvulario y básico, pero dispone únicamente de 94 m², lo que se considera insuficiente para garantizar el adecuado desplazamiento de los alumnos. Las normativas y parámetros exigidos, basados en el Decreto 170/2009, están diseñados para atender las necesidades de estudiantes con requerimientos educativos especiales.
Educación justificó la decisión como un acto dentro de sus atribuciones, sin embargo, los rechazos a la subvención escolar fueron calificados como arbitrarios. La Corte de Apelaciones resolvió que la negativa de otorgar la subvención vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, ya que esta debe estar orientada a beneficiar a los estudiantes tras evaluaciones diagnósticas realizadas según el decreto mencionado. Además, mencionó que restricciones ajenas a estas evaluaciones constituyen actos injustos que impactan el acceso de los menores a una educación adecuada.
La Corte acogió parcialmente el recurso de protección y la sentencia ordenó continuar otorgando subvenciones a los estudiantes con necesidades educativas especiales, reconociendo que su suspensión afectaría directamente los derechos fundamentales de los niños. En los otros aspectos, el recurso fue rechazado.
“El tema de las subvenciones parte el 2023, con algunas que quedaron impagas de años anteriores, pero como hay una mezcla con la pandemia, hay algunos detalles que no quedaron claros. En estricto rigor, la complejidad mayor fue entre el 2023 y 2024. Ese no pago de subvención por servicios que se prestaron a los educandos genera una merma económica importante para los sostenedores”, explicó el abogado.
Ricardo Mak relató que, previo al recurso de protección, asistieron a varias conversaciones con el seremi de Educación y luego a una mesa con el ministro de Educación en Santiago. Pero agregó que en todas las oportunidades recibieron una negativa sintiéndose desvalidos. Y con la negativa al pago de subvenciones y a la no posibilidad de regularizar la situación de infraestructura y de jornadas de la escuela, Educación dictó el ordinario con el que interpusieron el recurso de protección.
“Lo que buscamos fue que el Ministerio de Educación respetara la aplicación del decreto 815, que regula la educación especial, en concordancia con lo que establece el decreto 83. Teníamos una discusión de fondo en cuanto a lo que era la aplicación de ambos decretos y en definitiva solicitamos que se respetara el pago de las subvenciones, que se mantuvieran los cursos y se permitiera la utilización de la Escuela Raíces en los términos que estaba. Si bien la Corte de Apelaciones recoge lo que planteamos, dijo que efectivamente la escuela quizás no cumple con algunos requisitos formales en cuanto el tema de infraestructura, pero a pesar de eso, el pago de las subvenciones está asociado a un decreto especial. Por lo tanto, si la educación se impartió aquello no puede ser un impedimento para el pago de las subvenciones”, subrayó Mak.
La sentencia fue publicada el lunes y notificada durante la tarde, por lo tanto, desde ese minuto corre el plazo de cinco días para que el Consejo de Defensa del Estado determine si concretará una apelación que, de ser efectiva, será revisada por la Corte Suprema.
“Es un punto positivo que la Corte zanjara la discusión en cuanto al ente estatal respecto de la determinación de si corresponde o no el pago de la subvención. Es muy importante destacar que la escuela trabaja única y exclusivamente con niños TEA grados dos y tres, los cuales involucran una complejidad bastante importante, no controlan esfínter, no hablan, tienen desregulaciones emocionales importantes, por ello, la profesionalización que tiene el personal que participa en la comunidad educativa cuenta la experiencia de un trabajo desarrollado por más de 20 años”, declaró el abogado.
Es muy importante para el futuro de los niños, niñas, tweens y adolescentes.