La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió la solicitud de desafuero que presentó el Ministerio Público contra la diputada Catalina Pérez (Independiente, exFrente Amplio), a quien ahora buscará formalizar por un presunto delito de fraude en el marco de la investigación del denominado Caso Democracia Viva.
«Habiéndose escuchado los alegatos de todos los intervinientes anunciados en la presente audiencia, se reúne el Tribunal Pleno, el que luego de la deliberación pertinente, ha procedido a dictar el siguiente veredicto:
Vistos:
Teniendo en consideración que conforme al estándar que rige la procedencia de la solicitud de desafuero, considerando que el mismo exige un estudio de probabilidad eventual de éxito en la persecución penal a fin de evitar imputaciones arbitrarias e injustas que puedan provocar desequilibrio en el sistema democrático y existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuido por el Ministerio Público como asimismo participación de la Diputada de la República Sra. Catalina Pérez Salinas, en éstos, se ha acordado de forma unánime por este Tribunal Pleno, acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público de esta ciudad, y en consecuencia, conforme lo dispone el artículo 416 inciso segundo del Código Procesal Penal, se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la mentada diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco, debiendo seguir el procedimiento penal respectivo conforme a las reglas generales respecto de la Honorable diputada de la República Catalina Pérez Salinas».
La decisión fue comunicada tras la audiencia de alegatos que se desarrolló esta mañana, cuando el fiscal Cristian Aguilar sostuvo que hubo una maquinación con los contratos fiscales de la fundación con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, los que según el persecutor tenían fines políticos. En ese contexto, agregó que el traspaso de fondos públicos a la fundación generó un grave perjuicio para el Estado.
De esta manera, el persecutor ahora podrá formalizar a la parlamentaria, iniciar una investigación formal contra ella y solicitar medidas cautelares.
En esta causa ya están formalizados la expareja de la diputada, Daniel Andrade; su exjefe de gabinete y exseremi de Vvienda, Carlos Contreras y la exconcejal de Antofagasta Paz Fuica, todos ellos militantes de Revolución Democrática en el momento de la comisión de los supuestos delitos.
Desde el inicio de la indagatoria, la diputada ha sido cuestionada por su rol y presunto conocimiento de las gestiones que permitieron concretar los convenios hacia Democracia Viva. Andrade, en ese entonces su pareja, lideraba la fundación, mientras que Contreras, quien se desempeñaba como seremi de Vivienda fue quien firmó los convenios que autorizaron el traspaso de recusos.
La investigación apunta a tres convenios suscritos en 2022 entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta—bajo la dirección de Contreras— y Democracia Viva, por un total de $426 millones. Estos fondos, según la fiscalía, correspondientes al Programa de Asentamientos Precarios fueron asignados a una fundación que no cumplía con los requisitos ni tenía las competencias necesarias para ejecutar los proyectos de habitabilidad primaira.
De acuerdo con la fiscalía, Pérez habría intervenido para facilitar los convenios y así beneficiar a la fundación afín a RD. Por estos hechos, se le imputan tres delitos consumados de fraude al fisco.
Para el Ministerio Público, las pruebas recabadas en la investigación sustentan la responsabilidad de la diputada, basándose en su vínculo con los imputados y en su presunto rol en la ejecución de los hechos.
