Figuras claves de Revolución Democrática (RD) como Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez declararon a fines de febrero ante la Fiscalía, en el marco de la indagatoria que lleva adelante por los millonarios traspasos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, liderada entonces por Carlos Contreras a la fundación Democracia Viva, representada legalmente por Daniel Andrade.
De acuerdo a La Tercera, el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson fue el primero en declarar ante el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios. Allí aseguró que no participó en ninguna instancia del Consejo de Auditoría General del Gobierno (CAIGG), organismo encargado del control de la gestión de recursos públicos.
Indicó que en junio de 2022 nombraron a Daniella Caldana como auditora general de gobierno, quien dirige y ejecuta el presupuesto del CAIGG. Y, consultado por los investigadores respecto a los cambios de criterios sobre la reportabilidad de los servicios, dijo que fue una decisión técnica tomada íntegramente por Caldana.
Jackson señaló que “durante el desempeño de mis funciones como ministro nunca recibí información respecto de la existencia de transferencias de fondos fiscales del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en favor de fundaciones”.
De hecho, dijo que se enteró del caso Democracia Viva a raíz de la publicación de este medio, aunque admitió que unos días antes, en una reunión con su equipo asesor, se conversó de un rumor sobre un problema con la transferencia de recursos y “que involucraba a integrantes de mi partido, pero sin ningún detalle”.
Por su lado, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez (RD), aseveró ante los investigadores que no tiene relación con Daniel Andrade desde hace más de tres años, desde que fue su pareja, entre 2019 y 2020.
Al mismo tiempo, negó que hubiera aportes de Democracia Viva a Rumbo Colectivo en 2021, cuando era presidenta de esta última organización.
Además, dijo que se enteró a través de los medios de comunicación y que el CAIGG no sesionó en 2022, “de modo que yo no tuve ninguna relación con cualquier oficio, instrucción o memo de ese año respecto de dejar de solicitar el reporte trimestral de transferencias de los distintos servicios públicos y me enteré de esa decisión con motivo de la información que sale a la luz por los medios en relación con esta materia del propio CAIGG”.
Crispi revela quién lo alertó sobre el “rumor”
Quien entregó más antecedentes fue el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi. Al igual que Jackson y Martínez, partió señalando que no tuvo contacto o reunión en el CAIGG. “En la época que ejercí como subsecretario no tenía mayor información sobre sus funciones. Y en el año 2022 como Jefe de Asesores tampoco”, manifestó.
Consultado si dio alguna instrucción por el tema de las transferencias a fundaciones, respondió. “A lo consultado, desconozco, en el ejercicio de los cargos que he ejercido, si ha existido alguna instrucción, memo u oficio desde la SUBDERE o desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sobre la omisión de información de transferencia de fondos a Fundaciones sin fines de lucro por parte de las instituciones del Estado que debiera conocer el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Misma respuesta debo dar en relación a cualquier otra autoridad de gobierno, como la DIPRES, como me consulta, no tengo información que aportar”.
Crispi es clave para conocer la fecha en la que La Moneda se enteró de los convenios entre el Minvu Antofagasta y la fundación de Daniel Andrade. Ante el Ministerio Público, explicó cuándo y cómo se enteró sobre lo que estaba sucediendo en Antofagasta. “Sobre Democracia Viva, el día 7 de junio tuve una conversación telefónica con la exsubsecretaria Tatiana Rojas, le consulto si tiene alguna información en relación al vínculo que tendría una fundación dirigida por Daniel Andrade con la Seremía de Vivienda de la región de Antofagasta, cuyo Seremi en ese momento era Carlos Contreras, a lo que me contesta que sí ha tenido información al respecto, que se están levantando antecedentes”, señaló.
El exdiputado insistió que no tuvo a la vista ningún tipo de antecedente que indicara que estaba frente a algún tipo de delito.
Así, Crispí reveló quién fue el primer asesor que dio aviso. “La conversación telefónica antes mencionada la efectué dado que el mismo día, antes, un asesor de mi equipo de nombre Gabriel Ossandón personalmente me dice que ha tomado conocimiento de un rumor que señala que Daniel Andrade tendría una fundación y que esta fundación tendría un convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Probablemente también me haya alertado de que ambas personas, esto es Daniel Andrade y el seremi de ese entonces Carlos Contreras tenían vínculo estrecho con la diputada Catalina Pérez. Dicha alerta de carácter político comunicacional, no fue acompañada de ningún tipo de antecedente formal y todo eso me lleva a llamar a la subsecretaria”, declaró.
De acuerdo a La Tercera, Ossandón es egresado de derecho de la Universidad de Chile, no tiene militancia y es un estrecho colaborador de Crispi, así como cercano al abogado Fernando Atria.
En su declaración, el jefe del Segundo Piso afirmó que alertó personalmente al Presidente Gabriel Boric tras el reportaje de Timeline.
Sobre su tía, Verónica Serrrano, quien ha sido cuestionada por su rol como jefa de Asentamientos Precarios, Crispi dijo que recién supo qué cargo desempeñaba después de que estalló el caso.
Respecto el caso fachadas, por el cual está querellado por Republicanos, al haber visado los fondos para ProCultura, sostuvo que dicho partido “no acompaña ningún antecedente que pudiera siquiera suponer alguna irregularidad ni menos una malversación, al contrario cada uno de los actos administrativos referentes a este caso, que se inició durante el gobierno anterior, dan cuenta del estricto cumplimiento de las diversas normas y procedimientos administrativos que regulan la ejecución y financiamiento de las iniciativas referidas al programa de puesta en valor del patrimonio”.
