Durante su exposición en la comisión investigadora de la Cámara que indaga las transferencias del programa de asentamientos precarios de Vivienda, el gobernador Ricardo Díaz descartó detalladamente la existencia de similitudes entre el caso Democracia Viva y el proyecto que el Gobierno Regional (Gore) mantenía con la fundación ProCultura.
La iniciativa para la “Recuperación de fachadas zona de conservación histórica” contempló $629 millones para intervenir 2.400 metros cuadrados, capacitar y dar empleo a 38 personas durante los meses de ejecución de las obras. Sin embargo, tras la publicación de los convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda, el proyecto financiado por el Consejo Regional fue cuestionado inicialmente por el diputado RN José Miguel Castro, quien ahora preside la comisión investigadora.
La consecuencia de esto, explicó el gobernador, fue que el manejo mediático que tuvo la información llevó a que las fachadas que estaban seleccionadas desistieran en su participación. Tras ello se inició la búsqueda de nuevos inmuebles, pero las estructuras presentadas al Gore no cumplieron con los requisitos técnicos y la autoridad decidió dar por finalizado el programa y hacer efectiva la boleta de garantía. “No voy a hacer una defensa corporativa de ProCultura, si esta fundación ha trabajado bien, porque también está involucrada dentro de las transferencias de Serviu en mi región. A mí lo que me compete hoy es defender la legalidad del procedimiento que hicimos”, manifestó Díaz.
Tras Fiestas Patrias, la comisión continuó ayer desarrollando las sesiones que reúnen información sobre las transferencias de Vivienda a fundaciones, trabajo en el que anteriormente fue invitado el contralor general Jorge Bermúdez y al que ahora asistió de manera telemática el gobernador de Antofagasta. Díaz comenzó su ponencia describiendo cómo opera el financiamiento de los gobiernos regionales para desarrollar proyectos y posteriormente detalló la iniciativa que estuvo a cargo de ProCultura.
Apuntando los dardos a la Subdere
“Este proyecto inicia en la administración anterior. En su primera formulación se llamaba plan de empleo para la recuperación de fachadas del casco histórico de Antofagasta y después, por una indicación de Dipres, por un cuestionamiento de la glosa, quedó como un programa que busca la mejora de fachadas y que incluía ese programa de empleo y capacitación”, declaró el gobernador.
Según precisó en la exposición, el 7 de abril del 2020, el gabinete presidencial del Presidente Piñera envió un correo al Gore pidiendo la generación un proyecto que permitiera recuperar el centro de Antofagasta producto de las vandalizaciones ocurridas en octubre del 2019. El 31 de diciembre se registra la primera reunión entre los encargados de la División de Planificación con el Core, donde se presenta a ProCultura como una fundación que podía hacer el trabajo, aduciendo a que tenía la antigüedad y la experticia para la limpieza y recuperación de fachadas.
El 19 de enero del 2021 ocurrió la entrega de un proyecto preliminar de ProCultura y los consejeros de la época, entre los que estaba Díaz, tuvieron una exposición de la unidad de Planificación del Gore respecto de cómo ejecutar la iniciativa.
“Se arma una mesa técnica de patrimonio donde se releva la posibilidad de recuperar las fachadas del centro de Antofagasta y en marzo del 2021, la dirección de planificación solicita la asistencia técnica del MOP para formular el proyecto. Finalmente, en marzo del 2021 se entrega la versión corregida y se hacen todos los análisis y cuando asumo, el 15 de julio, veo que en general la cartera de proyectos del Gore era bastante poca. Nosotros teníamos para priorizar, un proyecto de la restauración de un teatro, la creación del cuartel de la PDI en Tocopilla y este proyecto de fachadas. Cuando asumimos este proyecto, hacemos la revisión de los antecedentes y se presenta en octubre, bajo mi administración, la primera aprobación del proyecto. El 2 de noviembre del 2021, el Core aprueba el proyecto”, relató el gobernador.
Sin embargo, a los pocos días, la Dipres hizo observaciones a la glosa presupuestaria y planteó una reformulación del proyecto, ya que la glosa no servía para generar el plan de empleo, la recuperación de espacios y las capacitaciones.
“Si usted se fija señor presidente (de la comisión investigadora), me preguntaron cómo es que llega ProCultura a la región, llega a partir de las indicaciones que hace la administración anterior. No tuve participación ni tuve ninguna injerencia respecto de si esta fundación iba a trabajar o no. Simplemente di el visto bueno a un proyecto que se venía formulando y que me parecía muy relevante para la situación de los comerciantes del centro de Antofagasta. Ahora bien, cuando Dipres de la administración anterior dice que hay que cambiar el proyecto, se cambia por puesta en valor del patrimonio y ahí es cuando aparece el análisis de la pertinencia de la fundación para ejecutar el proyecto. Ese análisis lo hace una funcionaria de carrera de Subdere, el 4 de abril del 2022”, mencionó.
El 4 de abril solicitaron a la Subdere la pertinencia técnica de esta fundación y el 24 de junio valida a ProCultura como un ente subejecutor, junto a una segunda aprobación del pleno del Core para ejecutar el proyecto. En septiembre del 2022, la Dipres aprueba la transferencia; el 3 de noviembre Contraloría Regional aprueba la resolución afecta y de financiamiento por partes, el 50% del programa de puesta en valor del patrimonio y 50% por el FNDR y el 30 de diciembre del 2022 la autoridad entregó los recursos.
Ante la pregunta de por qué no pidieron la devolución de 260 millones de pesos, el jefe regional indicó que aquello es porque no entregaron los 629 millones de pesos: transfirieron 400 millones y lo que están pidiendo es la devolución de 300 millones, porque desde la perspectiva del Gore, el proyecto funcionó hasta el mes sexto. Como se entregaron los recursos tardíos, comenzó a funcionar desde febrero de este año.
“Por cuestionamientos la ciudadanía desiste»
“Y cuando estalla el escándalo de las fundaciones, eso ocurre en julio, comienzan los cuestionamientos públicos respecto del funcionamiento del proyecto. Producto de esos cuestionamientos, la ciudadanía que era un componente vital que tenía que aprobar la pintura de sus fachadas y validar los instrumentos técnicos, empieza a desistir del proyecto. Los cuatro componentes no se podían realizar en la actualidad, recién ahora tuvimos la certeza del rechazo de las fachadas, que no hubo capacitaciones, que no se logró avanzar en la ordenanza municipal. Y es por eso que se pide la devolución de los recursos. Finalmente, de lo que se alcanzó a hacer y lo que está validado por informes técnicos son alrededor de 90 millones de pesos y nosotros estamos pidiendo la devolución de todo lo demás”, aclaró.
Ante la comisión, Díaz manifestó que no haría una defensa corporativa de ProCultura, de cómo ha trabajado en otras regiones, recordando que también está involucrada dentro de las transferencias de Serviu en Antofagasta.
En su detalle, el gobernador precisó que su competencia es defender la legalidad del procedimiento realizado y en ese sentido, al comparar la situación entre Democracia Viva y ProCultura, aseguró que aparecen muchas diferencias.
“Primero, en Democracia Viva lo que se está investigando ahora es que habría tráfico de influencias para convocar a la fundación. La fundación acá, en el Gobierno Regional de Antofagasta, comenzó su formulación en la gestión anterior, previo a la llegada de mi figura como gobernador regional. En Democracia Viva no se pasaron por los controles internos, los funcionarios técnicos no participaron de la definición de las fundaciones. En este proyecto, como ustedes ven en toda la línea de tiempo que les mostré, se pasó por procesos de análisis de preinversión técnica del Gore que ocurren para toda iniciativa de este tipo. El caso Democracia Viva no se fue a toma de razón de Contraloría y en este proyecto se fue a toma de razón de Contraloría, primero a nivel nacional por la autorización de Dipres y después a nivel regional por la transferencia de los recursos. Por lo tanto, tuvimos dos veces pasos por Contraloría. En Democracia Viva se entregaron los recursos totales en una sola cuota, en el caso del Gobierno Regional, se entregaron una vez firmado el convenio y no fue el monto total, sino una primera cuota a la espera de la segunda, la que finalmente no se entregará. En Democracia Viva no existía ninguna boleta de garantía para cautelar los recursos, el Gobierno Regional sí cuenta con boleta de garantía que ahora estamos pidiendo que se haga efectiva para empezar con toda la devolución de los recursos”, detalló.
Tras la ronda de preguntas finales en la sesión, Díaz remarcó que la iniciativa tenía un componente de contratación de mano de obra local que venía desde la administración anterior y que el proyecto estaba conversado desde antes. “Es de la administración de lo que fue su gobierno presidente (de la comisión, José Miguel Castro). Ellos definieron un plan de empleo y definieron que tenía que hacerse a través de esta institución y tenían un catastro de inmuebles que pintarían. Eso estaba, ahora lo que pasa es que se caen los inmuebles producto de esta exposición mediática y ahí es cuando ProCultura hace una nueva propuesta de inmuebles que rechaza el Gobierno Regional por qué no correspondía con los criterios que se habían definido”, señaló.
Cambios en fiscalización
La comisión investigadora también está integrada por la diputada antofagastina Yovana Ahumada (Avancemos Chile), quien dijo que, tras escuchar a Ricardo Díaz, quedaron varias dudas y, sobre todo, vieron una falencia sumamente importante que tiene que ver con la fiscalización.
“Eso es lo que nos dijo el gobernador. Entonces entendemos que no necesariamente nuestros consejeros regionales cumplen la labor de fiscalizar estos procesos. Es preocupante, sobre todo cuando vemos que algunas fundaciones que están siendo cuestionadas, están relacionadas con nuestro gobierno regional. Por eso, creo que acá efectivamente debe haber cambios en torno a la fiscalización en la entrega directa de recursos y velar que las fundaciones que los reciben, cumplan con todos los requisitos”.
