Tras una larga y compleja investigación, la Fiscalía de Focos Investigativos, SACFI Antofagasta, presentó la primera acusación en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región, por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas en contra de 13 integrantes de la banda conocida como “Las Tías”.
Se trata de una agrupación criminal que operaba en la ciudad de Calama, a lo menos, desde el segundo semestre del año 2019, y que se dedicaba a la venta de drogas, principalmente pasta base, a consumidores de esa ciudad, como también a su distribución en distintas comunas de la zona norte del país.
La banda era dirigida por dos mujeres (apodadas “las tías”), además de hijos, esposos y familiares de éstas, y para sus fines se habían apropiado de dos inmuebles deshabitados en la ciudad de Calama, los cuales transformaron en sus centros de operación para la venta de la droga, que se realizaba de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un sistema de turnos.
Cabe mencionar que dichos inmuebles fueron “tomados” por los miembros de la asociación criminal, aprovechándose que se trataba de viviendas cuyos propietarios habían fallecido, repeliendo cualquier intento de sus familiares por recuperarlos.
Los últimos años distintos procedimientos policiales dirigidos por la Fiscalía SACFI permitieron detener a prácticamente todos los integrantes de la organización, quienes se encuentran actualmente en prisión preventiva, a la espera del juicio oral en su contra, que se iniciará en octubre y donde se pedirán importantes sanciones.
Así, para las dos líderes de la banda, el Ministerio Público solicitará las penas de presidio perpetuo por el delito de asociación ilícita, 20 años por tráfico de drogas y 15 años por el lavado de activos, mientras que para los otros integrantes de la estructura se solicitan penas que parten en 20 años de prisión.
Estructura
El fiscal jefe de SACFI Antofagasta, Juan Castro Bekios, explicó que “Las Tías” era una estructura criminal altamente jerarquizada y organizada, en la cual cada uno de sus integrantes cumplía una función específica, bajo el liderazgo de las dos imputadas identificadas como cabecillas de la organización.
“Las líderes de la organización se encargaban de contactar a los proveedores de droga, de repartirla entre sus mandos medios y en general de tomar todas las decisiones importantes que atañen al funcionamiento de la banda. Una vez con la droga en su poder, otros miembros de la organización la vendían en dos domicilios que la organización mantenía tomados”, indicó el persecutor, quien dirigió las pesquisas que permitieron su desarticulación.
El fiscal comentó que, para la ejecución de su plan, la organización contaba con “soldados” o “pilotos”, como se denomina a las personas que se encargan de la venta directa a los consumidores, los cuales eran constantemente rotados e intercambiados.
Precisamente esta desvinculación de los integrantes superiores de la banda de las actividades de venta directa de la droga, era uno de los métodos que empleaban sus líderes para evitar verse involucrados cuando se realizaban allanamientos y detenciones en los puntos de venta.
“El modus operandi utilizado permitió que la asociación pudiera funcionar de manera permanente y en un extenso periodo de tiempo, de manera independiente o con prescindencia de los allanamientos y detenciones que se realizaron a vendedores directos de droga de la organización”, manifestó el fiscal.
Es importante precisar que, como parte de su plan criminal, la organización, además, distribuía drogas en otras comunas del norte del país, tarea que era encomendada a algunos de sus integrantes, quienes debían coordinar todos los aspectos de su transporte.
Respecto al delito de lavado de activos, la investigación determinó que éste se realizó principalmente a través de la modalidad conocida como “pitufeo”, que consiste en fraccionar o dividir en pequeños montos transacciones aparentemente aisladas, que se realizan a nombre de uno o varios inversionistas, con el objeto de no generar sospechas y evitar controles asociados a montos mayores de dinero.
Acusación
En el caso se trabajó con apoyo de la OS7 Sección El Loa y la Sección Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Santiago, lo que sumado a la utilización de distintas herramientas de la Ley 20.000, permitieron descubrir modus operandi del grupo y el rol que jugaba cada uno de sus integrantes.
Juan Castro Bekios explicó que se trata de la primera vez que el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas desde que comenzó la Reforma Procesal Penal en la región.
“Es la acusación más grande que hemos presentado, solamente la acusación tiene 180 páginas, donde se explica en detalle cómo actuaba la organización y el rol que cumplía cada uno de sus integrantes, desde sus líderes, hasta sus integrantes de más bajo rango, pidiendo para todos ellos las penas más severas que permite nuestro ordenamiento jurídico atendido el tipo de delito, la existencia de agravantes y el hecho que la mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales”, expuso.
El fiscal explicó que la audiencia de preparación de juicio oral se realizará a mediados de octubre y que, atendida la naturaleza y complejidad del caso, se espera un juicio extenso, donde declararán alrededor de 100 testigos y se presentará la abundante prueba reunida en casi tres años de investigación.
