No por ser previsible es menos lamentable la noticia que esta semana confirmó el director del Departamento de Extranjería y Migraciones, Rodrigo Sandoval, cuando anunció que, finalmente, este periodo de gobierno concluirá sin la aprobación de una ley de migraciones. Para ubicarnos un poco, cabe recordar que el actual Decreto ley es del año 1975 y que está redactado con la seguridad del Estado como eje central, es decir, bajo la mirada del extranjero como una amenaza y no como una oportunidad.
Se trata de una legislación que otorga al funcionario presente en la frontera total arbitrariedad para decidir, según criterios no establecidos, quien entra a Chile y quien es rechazado. La frontera es uno de los lugares donde la discriminación es más visible. Lo saben los miles de colombianos, generalmente afrodescendientes, que cada año son rechazados simplemente por su color de piel.
Por si acaso, no sólo es discriminación. También es racismo. Algunas personas, bastantes desinformadas en general, creen que es fácil acceder al país. Que la ley no es restrictiva. Nada más lejos de la realidad. Lo sabemos porque cada día conocemos las historias que traen consigo las personas migrantes que llegan a nuestras oficinas. Por otra parte, y una vez más erróneamente, algunos chilenos piensan que una legislación que limite aún más la entrada, impedirá la llegada de migrantes. Y no.
Mayores impedimentos sólo traen consigo el incremento de mafias que lucran y trafican con las personas que buscan nuevas oportunidades. Más restricciones invitan a hacer uso de los pasos inhabilitados, con el añadido peligro que suponen, especialmente acá en norte, con este desierto impasible ante la vulnerabilidad humana. Asimismo, es un norma burocrática, centralista y utilitarista para los que felizmente logran llegar a cualquier región.
Como agravante condiciona, en la mayoría de los casos, la regularización de la situación migratoria a la obtención de un contrato laboral, es decir, a la voluntariedad de los empleadores. Una vez que las personas consiguen un contrato, y un permiso de trabajo, de alto costo, las personas esperan meses -7 y 8 meses- hasta obtener una visa (también de alto costo) y con ésta un RUT que les permita «ser un ciudadano» formalmente. En todo este proceso es muy fácil caer en la irregularidad porque la ley es estructurada y salir de esa situación supone mucho tiempo (hasta años) de trámites engorrosos y ningún derecho, como si la persona, en vez de haber cometido una infracción administrativa, hubiera cometido un delito.
En Antofagasta residen 88.000 migrantes. En porcentaje, se trata de un cifra similar a la de cualquier país europeo. La migración no es un tema baladí en el norte y necesita una legislación acorde con la realidad existente, para que no se sigan vulnerando los derechos de las personas y se cumplan los compromisos internacionalmente asumidos.
En el Servicio Jesuita a Migrantes creemos necesario que se cumplan los derechos de todas las personas, sean de la nacionalidad que sea, y por eso trabajamos cada día. Desde nuestra experiencia, podemos asegurar que Chile necesita una ley fundada en un acuerdo ético de protección de derechos y evitar cualquier rasgo que instrumentalice a las personas viéndolas sólo como mano de obra. Una ley que elimine la discriminación y la arbitrariedad en la frontera, que introduzca un sistema de visas inclusivo y, por supuesto, que no estigmatice.
