La defensa de la diputada Catalina Pérez presentó este martes 25 de febrero ante la Corte Suprema su escrito de apelación a la resolución de desafuero acordada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en el marco la investigación por el caso Democracia Viva.
“En esta presentación, se desvirtúan las acusaciones de la Fiscalía y se pone el énfasis en la incongruencia entre los hechos imputados y los antecedentes aportados para su acreditación, lo que revela la total falta de pruebas que evidenció el Ministerio Público en su solicitud”, aseguraron los abogados Gonzalo Medina y Sebastián Dal Pozzo.
Señalaron que “la Fiscalía basa sus acusaciones en que la diputada Pérez habría logrado que el ex seremi Carlos Contreras considerara a la Fundación Democracia Viva para el programa de asentamientos precarios pese a su inexperiencia en el tema, instruyera a esa fundación sobre el modo de postular y la invitara a participar en la adjudicación de los convenios y, a su vez, que Daniel Andrade aceptara la invitación y postulara a los convenios”.
Sin embargo, para la defensa, no existe ningún antecedente real ni efectivo que pruebe de modo alguno estas imputaciones.
“Las supuestas pruebas que ha aportado la Fiscalía y que sustentan el fallo de desafuero, son mensajes de whatsapp muy posteriores a la adjudicación de los convenios, y por actos realizados con posterioridad a este evento, lo que da cuenta de la nula participación de la diputada Catalina Perez en la adjudicación de los convenios”, cuestionaron los abogados.
Sobre la apelación explicaron que “se sustenta en que, al acoger una solicitud de desafuero sin existir evidencias directas de la imputación, y desconectada de los hechos imputados, el análisis de la prueba que debe efectuar el Tribunal se vuelve completamente irracional. Además, el fallo se extiende a puntos no sometidos a su decisión, lo que impide el ejercicio del derecho de defensa en este procedimiento, y, que, en caso de aceptarse el razonamiento de la Corte en su fallo, ello traería como consecuencia la inutilidad de la institución del desafuero”.
“Confiamos en que los argumentos presentados permitan a la Corte Suprema ponderar adecuadamente la solicitud de apelación y con ello rechazar el desafuero”, finalizaron.
