La delegada presidencial regional, Karen Behrens (PS), explicó que la repartición que dirige tramitó la solicitud de desalojo presentada por Bienes Nacionales sobre ocupaciones de terrenos ilegales en el extremo sur de Antofagasta y dictó el documento que dispone la restitución del predio. Se trata de un paño ubicado frente al camping municipal que a fines del 2021 fue cercado con material sólido en el que particulares iniciaron la construcción de viviendas. Una de ellas pertenece a una integrante de la directiva del Partido Socialista, misma tienda en la que milita Behrens. Sin embargo, la delegada declaró que cumple una labor objetiva, aplicando la normativa a todos y todas por igual, sin arbitrariedades y que “nadie puede pretender obtener derechos sociales a través de infracciones a la ley”.
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Las tomas de terreno son un tema sensible en la ciudad que las distintas administraciones del Estado han intentado controlar en una región donde más de la mitad del terreno pertenece al fisco. Por eso es compleja la situación de los desalojos en Antofagasta, porque muchas de las ocupaciones ilegales son producto de la necesidad de conseguir un espacio para vivir, pero al mismo tiempo, ocurren situaciones de tomas destinadas al uso comercial y una segunda vivienda.
Respecto de esta toma VIP en el sector del Huáscar Behrens precisó que la militante socialista intentó impugnar legalmente las resoluciones: «(ella) presentó un recurso de reposición y jerárquico en subsidio a fin de que se revoque la resolución de marras, el cual se encuentra resuelto por esta Delegación (rechazado) y se elevaron los antecedentes a la Subsecretaría de Interior, a fin de que se pronuncie”.
- ¿En qué estado se encuentra la solicitud de desalojo emanada desde BBNN para las toma de terrenos ubicados en el sector del Huáscar?
La solicitud en consulta se encuentra totalmente tramitada por parte de esta Delegación Presidencial. En efecto, debido a dicha solicitud que consta en el ORD. SE02 Nº 3368/2022 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, esta Delegación Presidencial en uso de las atribuciones dictó la Resolución Exenta N° 660, de 13 de julio de 2022, que dispone la restitución del predio requerido por Bienes Nacionales. Ahora bien, la Sra. Santander y otros, en su legítimo derecho de impugnar las resoluciones que emanan de la administración, presentó un recurso de reposición y jerárquico en subsidio a fin de que se revoque la resolución de marras, el cual se encuentra resuelto por esta Delegación (rechazado Res EX 743, de 11.08.2022) y se elevaron los antecedentes a la Subsecretaría de Interior, a fin de que se pronuncie sobre el recurso jerárquico.
- ¿Se desalojará a quienes ahí se tomaron terrenos e incluso construyeron inmuebles?
Claro que sí. Sin perjuicio de ello, es del caso aclarar que no se trata de que se desaloje solo a los que ahí se “tomaron” terrenos de propiedad fiscal y construyeron inmuebles. En efecto, el acto del “desalojo” (restitución de inmueble) es un procedimiento de ordinaria ocurrencia en esta Delegación y parte de las labores de dicha naturaleza que se desarrollan día a día por la unidad de Gestión Territorial.
- ¿En qué plazos se desalojará?
Eso depende de factores ajenos a la voluntad de esta Delegación. En efecto, actualmente existe –como se dijo- un recurso administrativo pendiente de resolución –recurso jerárquico- que debe ser resuelto por la autoridad llamada y facultada a ello. Luego, la ley estable un plazo de 30 días hábiles administrativos para ello, pero tal como lo ha señalado la jurisprudencia administrativa, los plazos que posee la administración para el cumplimiento de sus labores, no son fatales, por lo que su inobservancia no afecta la validez de las actuaciones realizadas en forma extemporánea.
- ¿Qué le parece que una de las personas que está en ese terreno tomado sea dirigenta del PS?
Desde la DPR cumplimos un rol y una labor objetiva apegada a la ley aplicando la normativa a todos y todas por igual, lo que significa ejercer nuestras facultades sin prejuicios y sin arbitrariedades. Por otra parte, nadie puede pretender obtener derechos sociales a través de infracciones a la ley.
- ¿Cómo afecta a la fe pública esta situación?
Nadie puede arrogarse privilegios, por eso el Gobierno actuará con mucha rigurosidad en esta y todas las materias que nos competen. Desde el punto de vista de esta Delegada, al contrario de lo planteado, creo que esta situación no daña la fe pública –relacionada al actuar de la administración-.
En efecto, como se dijo, esta administración dio una clara señal de dar un cumplimiento irrestricto a la ley y en ese orden, la secretaría de Bienes Nacionales fiscalizó y requirió el desalojo administrativo, procediendo esta Delegación a dictar la resolución pertinente y ejecutar lo solicitado, requiriendo la restitución del inmueble. En esta lógica, además, siendo presentado un recurso administrativo para revocar la resolución que ordena la restitución, el mismo fue rechazado por esta autoridad, ya que, el quid de la controversia planteado por la recurrente fue desestimado en base a antecedentes objetivos y formales con que se cuentan.
Como se observa, creo que la fe pública no se ve dañada y, en definitiva, su aserto creo va más dirigido a la confianza en las instituciones públicas y como resuelven los antecedentes sometidos a su conocimiento cuando interviene alguna persona que se ha desempeñado en un puesto político partidista o forma parte de algún partido político. En este sentido, creo que el actuar reprochado afecta directamente la credibilidad de esa persona.
- ¿Qué señal le daría a la comunidad que ve en esta toma a privilegiados que construyen una segunda vivienda por sobre sectores más vulnerables que buscan un techo donde vivir?
Que seguiremos actuando con total apego a la ley, tenemos una sola posición en esta materia, quiero ser enfática: La ley es la misma para todos y todas. Y el procedimiento será el mismo que hemos aplicado desde que asumió el nuevo gobierno. Si hay que desalojar, se desaloja.
Cuando las y los habitantes de nuestra región se dan cuenta de la proliferación de segundas viviendas en el borde costero, y apenas éstas se comienzan a edificar en terrenos fiscales en forma ilegal se nos informa a nosotros por Bienes Nacionales. La solicitud de desalojos la vamos a responder de la misma manera aplicando la ley a todos y todas por igual. Ciertamente esto marca un precedente, porque se enmarca en un plan de desalojos que debe ser acatado por cualquier persona que pretenda pasar por sobre la ley.
