Por 60 días el Juzgado de Garantía de Antofagasta amplió el plazo de cierre de investigación por los convenios -que suman $426 millones- entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva, arista que dio origen al denominado Caso Convenios.
El caso, que destapó este medio, mantiene al exseremi Carlos Contreras en prisión preventiva (por la arista TomArte) y al representante legal de la fundación, Daniel Andrade, con arresto domiciliario. Esto mientras ambos son investigados por tres delitos de fraude al fisco.
Ahora bien, de acuerdo a La Tercera, la ampliación del plazo fue solicitada por el Ministerio Público, que argumentó que aún existen diligencias pendientes como la recopilación de testigos que aún no han declarado, tramitación solicitada a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, informes periciales de contabilidad y el análisis de la evidencia incautada durante el curso de la investigación.
Por todo esto, el tribunal de alzada antofagastino acogió la solicitud del ente persecutor a fin de que se lleven adelante dichas diligencias.
