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Luego que se hicieran públicas las condiciones en las que funcionaba un tradicional local del centro de Antofagasta, la Gobernadora Provincial, Fabiola Rivero, presentó una denuncia por trata de personas con fines laborales en contra de iniciales Y.W encargado del restaurant Panda y todos los que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y encubridores, situación descubierta luego de una fiscalización rutinaria que realizaba la Dirección del Trabajo (DT).
Las víctimas, cuatro ciudadanos chinos y egresados de un centro educacional de gastronomía, fueron contactados por un compatriota quién les ofrece venir a Chile a trabajar por un sueldo mensual de mil dólares y el reembolso del pago de los pasajes, situación que no se ha cumplido de diciembre a la fecha.
Según el organismo fiscalizador, al comenzar la fiscalización hubo reticencia por parte del administrador en prestar colaboración con la inspección, al insistir pudieron encontrar a trabajadores escondidos en una bodega.
Fue así como se sumaron la Gobernación de Antofagasta, PDI y Seremi de Salud, constatando que vivían en el segundo piso del local en pésimas condiciones de higiene y seguridad.
La Gobernadora Provincial de Antofagasta, Fabiola Rivero, aseveró que “no existe duda de la comisión de delito de trata, estos jóvenes estaban trabajando por techo y comida en deplorables condiciones higiénicas y humanitarias. En definitiva la posición del Gobierno es iniciar todas las acciones legales que correspondan para perseguir las responsabilidad de todas las personas que estén involucradas en este delito”.
Respecto a la situación luego de la fiscalización, Rivero destacó que “realizamos todo lo que corresponde al protocolo de atención de víctimas, le ofrecimos un hogar de acogida el que no aceptaron. Nuestra prioridad como Gobierno son las víctimas, ya que esto ya es materia de la investigación. Estamos gestionando una intervención sicosocial, porque lo que no queremos es que manden a estas personas a otra ciudad, ya que ahí lo invisibilizamos”.
La Gobernadora, añadió que la PDI sigue realizando diligencias y recabando más antecedentes “Mañana vamos a interponer una querella, ya que tenemos sospechas fundadas que hay más personas involucradas”.
Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Pablo Rojas, sostuvo que durante el proceso de fiscalización de la Dirección del Trabajo, “pudimos constar la presencia de 11 trabajadores. Los principales incumplimientos dicen relación con la vulnerabilidad en materia de higiene y seguridad, no existían condiciones algunas de protección para los trabajadores”.
Agregó que se verificó in situ que habían trabajadores laborando con calzado no adecuado, “presenciamos a un trabajador con quemadura en la parte inferior de una de sus piernas, también se constató que están expuestos a la vigilancia permanente de cámara de seguridad en los puestos de trabajo, lo cual es una vulneración grave a los derechos laborales, por lo cual se iniciarán acciones judiciales por parte de la Dirección del Trabajo”.
En tanto, el director regional del Trabajo, Rubén Gajardo, explicó que se han cursado cerca de 10 multas y que el local se mantiene suspendido y con prohibición de funcionamiento.
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