La amplia experiencia en la institución es el denominador común entre los aspirantes inscritos en el concurso público de la Corte de Apelaciones de Antofagasta para el cargo de fiscal regional. Este sábado el pleno del tribunal de alzada conocerá los planes de trabajo de los seis abogados que pretenden dirigir el órgano persecutor desde octubre, cuando finalice el periodo de Alberto Ayala. La totalidad se ha desempeñado como fiscales e incluso están en el organismo persecutor desde que éste comenzó su funcionamiento, aunque ahora deberán enfrentar una criminalidad organizada que utiliza nuevos métodos para la comisión de delitos, casos que requieren amplias y complejas investigaciones, como las causas de corrupción, en un contexto de recurso humano limitado y exigido.
En un máximo de 15 minutos, los candaditos Nelson Díaz Cisternas, Bernardo Orellana Fernández, Cristián Aguilar Aranela, Ana María Escobar González, Juan Castro Bekios e Ivonne Alfarez Contreras deberán detallar a la Corte los planes que traen para el Ministerio Público hasta el 2031. Cada ministro votará por dos postulantes y quienes obtengan las tres primeras mayorías conformarán la terna que será resuelta por el fiscal nacional Ángel Valencia.
NELSON DÍAZ
Lleva 19 años en el Ministerio Público ocupando los cargos de abogado asistente, fiscal y desde el 2008 se desempeña como abogado asesor de la Fiscalía Regional de Antofagasta y en su propuesta establece que desarrollará cinco ejes estratégicos. Para una persecución penal eficaz y eficiente mejorará el trabajo contra las bandas criminales, delincuentes prolíficos y delitos de connotación pública gracias a la implementación de un sistema de información regional para contar con más horas hombre para perseguir a estas organizaciones.
En mejoramiento de la atención a víctimas y testigos apuntará a destinar cantidad, calidad y oportunidad de información a las víctimas, maximizar las atenciones de la Unidad de Víctima y Atención de Testigos y estudiar el fenómeno de la retractación para evitarlo y que no sea una causa de términos en las causas por VIF. Para el relacionamiento con el medio destinará mejores canales de comunicación con la comunidad, fomentará las relaciones con universidades, reinstalará las jornadas de Derecho Penal y Procesal además de organizar visitas y charlas a juntas de vecinos y establecimientos educacionales, junto con volver a aplicar el programa fiscalía puertas abiertas para visitas guiadas. En desarrollo de personas contempla la creación de un sistema de capacitación regional permanente para fiscales, abogados asistentes y funcionarios, además del mejoramiento de condiciones y clima laboral.
Sobre el sistema de información regional, éste contemplará uso de datos para construir y difundir información investigativa desde la Fiscalía Regional a las fiscalías locales y Sacfi (Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo) para análisis criminal. Con ello pretende pasar de ser un órgano reactivo a proactivo y preventivo, adelantándose a la comisión del delito. También potenciará el análisis criminal de Sacfi para implementarlo en la Fiscalía Local de Calama y Antofagasta para aumentar el número de imputados desconocidos a conocidos.
Díaz expone en su plan que durante los primeros cien días identificará los principales nudos jurídicos y administrativos para proceder a la automatización de proceso aptos para la incorporación de tecnología y así liberar tiempos de trabajo. En tres años habrá una etapa de desarrollo e implementación de los planes con evaluaciones y correcciones anuales, en especial de los que requieren desarrollo informático y en cinco años ocurrirá la consolidación de lo descrito.
ANA MARÍA ESCOBAR
En sus 22 años en el Ministerio Público en la ciudad, la abogada fue fiscal jefa de Antofagasta y ha llevado a juicio varias causas mediáticas. Su propuesta parte desde el cargo de fiscal regional, que para ella debe ser menos protocolar y más inserto en la operación. También tiene que asumir la coordinación de tareas con ambas policías y los servicios auxiliares en la persecución penal, estableciendo la forma de trabajo, de comunicación, de resolución de problemas y la revisión de procesos de trabajo antiguos que no obedecen a la celeridad actual.
En el ámbito interno apunta a que en los primeros 180 días de trabajo «limpiará y ordenará la casa», habrá una reingeniería de puestos y procesos de trabajo, estableciendo la política regional de persecución penal, reorganizando y reorientando la unidad de Análisis y Focos Investigativos, sección que supervisará de manera directa y permanente para cruzar información con las fiscalías locales, levantando necesidades y realidades del recurso humano a nivel regional, entre otras gestiones.
Escobar manifiesta que toda causa para judicializar, vía control de detención o vía solicitud de audiencia, deberá contener la declaración de la víctima presentada ante la fiscalía como diligencia básica. Pretende reforzar los tribunales de tratamiento de drogas para adultos y menores con la salvedad de delitos que involucren utilización de armas contra las personas y robos o receptación de vehículos.
Potenciará la calidad de los procedimientos por flagrancia, uniendo el equipo de turno con el de flagrancia y litigación. Dictará una prohibición de rebaja de pena en los casos donde se utilizó armas contra las personas y propone que la persecución penal ante los tribunales orales se llevará a cabo solo por fiscales titulares. En homicidios capacitarán constantemente a los fiscales para su investigación, respecto de nuevas tecnologías y modalidades de comisión. También potenciará las investigaciones de tenencia de armas de fuego y establecerá criterios para mejorar la protección de víctimas y testigos, partiendo por cumplir derechos básicos como ser escuchados e informados, sumando la obligación de ser oportunos por parte de la Fiscalía en contactarlos para tomar su declaración y escuchar su necesidad de protección.
En la situación de una causa en la que víctima y testigo deban comparecer a juicio, dice que el acompañamiento debe quedar a cargo exclusivo de la Unidad de Víctimas y Testigos de manera que el plazo que media entre la fijación del juicio y su realización se ocupe en dar solución a cualquier problema que presenten los usuarios.
BERNARDO ORELLANA
Acumula 19 años en el Ministerio Público, en zonas como Antofagasta y el Biobío, con pasos por Tocopilla y Concepción. Entre todo los aspectos que plantea, apunta a incorporar criterios objetivos de priorización de casos, delitos de corrupción, crimen organizado asociado a droga, homicidios, armas y trata de personas y VIF.
Presenta la creación de una Unidad de Alta Complejidad que tenga preferencia en casos de corrupción, homicidios y explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. También coincide en una revisión y potenciar el trabajo del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos en materia de crimen organizado y robos. En el mismo sentido indica el fortalecimiento de los equipos de las fiscalías locales en delitos de homicidio, robos y delitos sexuales, junto con promover instancias de trabajo colaborativo para avanzar en un modelo de identificación de extranjeros indocumentados.
Orellana sostiene que es necesaria una coordinación y capacitación con las policías sobre el manual de primeras diligencias de la fiscalía en materia de robos; actualizar la coordinación con organismos públicos y privados para verificar el adecuado funcionamiento y acceso expedito de las policías a las grabaciones de cámaras de vigilancia existentes y un modelo de trabajo para flagrancia y primeras diligencias. También señala que las tareas deben ser apoyadas por software de inteligencia artificial.
Entre sus objetivos determina el fortalecimiento de la adherencia al proceso penal por parte de víctimas y testigos gracias procesos que aseguren la oportuna atención; incluye un ítem de seguridad para los fiscales; reforzar el ámbito comunicacional y desarrollo organizacional con un plan estratégico de difusión en medios y acercamiento a la ciudadanía, añadiendo la reintegración de las jornadas de Derecho Penal y Procesal.
CRISTIAN AGUILAR
El actual fiscal jefe de Antofagasta y anterior fiscal regional está en el Ministerio Público desde el inicio de la reforma en la región y con su propuesta priorizará la investigación y persecución de los delitos de homicidio, femicidio, violación, abuso sexual, corrupción de menores, robo con intimidación y violencia, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego, corrupción, crimen organizado y receptación de vehículo motorizado.
La creación de una Fiscalía de Alta Complejidad también está en su hoja de ruta para que se concentre en pesquisar los casos de corrupción y otros que puedan catalogarse como complejos con base en parámetros objetivos definidos. En su plan habrá una obligación de los fiscales de atender a todas las víctimas que soliciten atención por sistema y retomará anualmente la jornada de Derecho Penal y Procesal con la Universidad Católica del Norte y el Colegio de Abogados de Antofagasta que estuvo por ocho años consecutivos cuando Aguilar ejerció como regional. Lo mismo desea con el programa fiscalía en tu barrio y las reuniones con juntas de vecinos y otras agrupaciones que permitan el acercamiento con la comunidad.
Aguilar continuará con la tramitación del proyecto para construir las nuevas dependencias de la Fiscalía Regional de Antofagasta; adoptará medidas para mejorar las condiciones de trabajo de fiscales y funcionarios, estableciendo metas a la dirección ejecutiva regional, la jefatura de recursos humanos, fiscales jefes y los administradores de fiscalías locales. Contempla un plan de capacitación para los fiscales que deben reubicarse en otras especialidades, en paralelo a la que reciban formalmente por parte de la Academia de la Fiscalía. En los casos que se requiera dispondrá de clínicas regionales para persecutores y abogados asistentes con ocasión de cada modificación legal que impacte en sus funciones y talleres cada vez que se dicten instrucciones generales desde la Fiscalía Nacional.
En Sacfi fijará un número mínimo de focos anualmente, lo que permitirá investigar y perseguir penalmente delitos priorizados, especialmente de tráfico de drogas, robo de vehículos, porte ilegal de arma de fuego, robos con violencia o intimidación. Asimismo, realizará un estudio de cargas de trabajo en las fiscalías locales para equilibrarlas de la manera más adecuada, una acción tanto para fiscales como para funcionarios. Fijará como meta de gestión un porcentaje de términos jurídicos respecto del total de relaciones por casos ingresados que supere el 50%, lo que supone una disminución de la decisión de archivo provisional inferior al 45%.
JUAN CASTRO BEKIOS
Con casi 20 años en el Ministerio Público, el fiscal cuenta con experiencia en homicidios en la Región Metropolitana y Antofagasta, zona donde actualmente es el jefe de Sacfi, la unidad que pesquisa los focos investigativos. Propone investigaciones por mercados criminales creando equipos especializados en su análisis, compuestos por fiscales, abogados y analistas, para mejorar la eficiencia y efectividad.
Otro aspecto importante que precisa es el contacto con las víctimas y testigos, para lo cual estima optimizar la accesibilidad y comunicación para que interactúen directamente con distintos profesionales según sus necesidades inmediatas y de largo plazo. También quiere disminuir la cifra de no denuncia en delitos graves a través de un mecanismo confidencial y accesible para informar los relacionados con la criminalidad organizada, asegurando privacidad y seguridad sin importar nacionalidad o estatus migratorio.
Sobre Sacfi, buscará fortalecer la unidad en delitos vinculados al crimen organizado y ampliar su cobertura a otros relacionados, además de crear una Unidad de Alta Complejidad con fiscales, abogados y analistas temporales de otras fiscalías, fomentando el uso de herramientas avanzadas de análisis de datos, estadísticas y algoritmos de inteligencia artificial. En cuanto a los tribunales de tratamiento de drogas quiere una intervención temprana en factores de riesgo a través de programas de prevención que aborden la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades, exclusión social y el acceso a las drogas.
Propone una vinculación con el ámbito académico gracias a la colaboración mediante modelos de trabajo que incluyan prácticas, tesis, memorias, simposios y seminarios con instituciones relacionadas al sistema penal. En recurso humano señala la asignación equitativa de responsabilidades laborales, seguridad de fiscales y funcionarios, elaborando un análisis detallado de las cargas de trabajo para mejorar la gestión, ponderando la cantidad y complejidad de las investigaciones. Y al mismo precisa que continuarán los avances en la construcción de las nuevas instalaciones de la Fiscalía de Antofagasta e implementará un grupo de primera respuesta de homicidios en la región, con profesionales especializados en análisis e investigación de homicidios relacionados con el crimen organizado.
IVONNE ALFAREZ
Se desempeñó durante seis años como fiscal en la Regional Metropolitana Oriente, donde también fue abogada asesora y en Antofagasta asumió la jefatura de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, para luego pasar a la dirección ejecutiva regional del Ministerio Público. Como ejes centrales de sus objetivos pone a las víctimas, las primeras diligencias, la investigación del crimen organizado y la preocupación por los fiscales y funcionarios.
Pretende ampliar el contacto con las víctimas, quienes valoran aquello como señal de un buen servicio y para ello la fiscalía adoptará un rol activo en las primeras horas de recibida una denuncia, como ocurre en los casos de violencia intrafamiliar y ampliará el protocolo de contacto y análisis de intimidación a todas las víctimas de delitos violentos y ejecutará medidas de protección necesarias para dar una señal de que se trata de una preocupación institucional.
En primeras diligencias sostiene que el primer contacto entre la policía y la fiscalía es esencial para un final exitoso, para lo cual, es necesario pasar de un fiscal de turno de teléfono a un equipo dedicado a brindar las instrucciones que la policía requiere para que los procedimientos se completen. Su planteamiento es crear una unidad dedicada a esta tarea, algo similar a lo que ya posee la Región Metropolitana, lo que pueden alcanzar con la digitalización y facilidad de comunicación que dejó la pandemia.
Para la investigación del crimen organizado es donde observa el cambio es más profundo, estimando modificar la forma en la que se aborda la investigación como fenómeno, porque hasta ahora, dice, la mirada está puesta en el tráfico ilícito de estupefacientes y la vinculación de esta modalidad también llega al homicidio, robo de vehículos, receptación, lesiones, extorsión y el lavado de activos. El cambio que sugiere es instalar una mirada multidisciplinaria, con uso intensivo de tecnología aplicada a las distintas fuentes de información, con trabajo en equipo y con el establecimiento de redes tanto en el interior de la institución como con quienes trabajan, una situación que asegura, ya dio buenos resultados en otras regiones del norte.
Alfarez destaca que nada de lo que se propone puede alcanzarse sin el apoyo de fiscales y funcionarios, quienes deben ser una prioridad porque ellos prestan el servicio que finalmente llega a los usuarios. Por eso, el fortalecimiento de las competencias profesionales del equipo debe ser constante para concretar el desarrollo profesional y hacer frente a la actualización que requiere una planta en renovación continua. En ese sentido, buscará que los diferentes líderes de la región practiquen una escucha activa a las necesidades de fiscales y funcionarios, estén alertas al clima laboral y ejerzan su liderazgo de forma coherente con los objetivos institucionales y el debido cuidado hacia quienes conforman el Ministerio Público.
